Varios sindicatos denuncian el "futuro desesperado" de los funcionarios docentes en Cataluña
«La situación de muchos funcionarios castellano parlantes que ejercen la docencia en Cataluña empieza a ser desesperada y aún podría ser peor de no haber empezado a organizarnos para la defensa de nuestros derechos ciudadanos», manifestaron, en una conferencia de Prensa, representantes de ASPE, sindicato integrado en la Federación de Sindicatos del Profesorado Estatal de EGB (FESPE), de FETE-UGT y del Colectivo de Funcionarios de la Enseñanza, de Barcelona, entidad de carácter también sindical, recientemente legalizada.
Los representantes de estos sindicatos se entrevistaron, el pasado miércoles, con los ministros Martín Villa y Martín Retortillo, titulares de los departamentos de Administración Territorial y de la Función Pública, a quienes entregaron un informe en el que se recogen documentos expresivos de la situación que denuncian.En esta «documentación de urgencia», tal y como titulan el informe presentado a los dos ministros, del que han facilitado una copia a los medios informativos, se incluyen diversos oficios e impresos emanados de la Generalidad o de la propia Delegación Provincial del Ministerio de Educación, escritos, invariablemente y de forma exclusiva, en catalán y que, curiosamente, en algunos casos no llevan membrete ni sello oficial alguno.
Entre estos oficios figura el impreso que tuvieron que suscribir al comienzo del presente curso los profesores interinos y contratados, por el que se comprometían a inscribirse en los cursos de reciclaje de Lengua y Didáctica de la Lengua y Cultura Catalanas que se imparten en los institutos de Ciencias de la Educación de las universidades de Barcelona. En virtud de dicho contrato, los profesores quedaron obligados a renunciar a cualquier derecho que pudiera pertenecerles y a manifestar su conformidad con la no renovación del mismo en el caso de que, en septiembre del presente año, no hayan obtenido calificación positiva en dichos cursos y, en consecuencia, el diploma de «maestro de Catalán».
Dado el alto porcentaje de castellano parlantes existente entre el colectivo de profesores contratados, en opinión de los portavoces sindicales «es previsible el elevado número de trabajadores de la enseñanza que se van a encontrar en situación de paro a partir del próximo septiembre, como consecuencia de una normativa claramente discriminatoria respecto de los interinos y contratados que ejercen en el resto del Estado.
Exportación de parados
De hecho, según aseguran los representantes sindicales, ya en este curso se han producido bastantes casos de profesores que, habiendo trabajado como contratados durante varios años, se han visto postergados por otros recién titulados, que accedían por primera vez a la docencia, en virtud de la aplicación de un baremo que otorga la máxima puntuación a quienes residen en Cataluña y dominan el catalán. «Por esta vía», añaden, «es evidente que Cataluña va a resolver en muy poco tiempo el problema del paro de sus graduados, mediante la exportación de parados al resto de las regiones españolas».Pero los sindicatos señalan que el problema no se reduce al caso de los profesores interinos y contratados, sino que afecta gravemente también al futuro de los propios funcionarios docentes del Estado, pues hay datos en la más reciente legislación de la Generalidad y del propio Gobierno del Estado, como es el caso de las últimas órdenes ministeriales de ambos Gobiernos reguladoras del concurso de traslados que, en su opinión, «lesionan gravemente los derechos de aquéllos».
Se refieren, concretamente, a la orden ministerial del pasado 15 de diciembre (BOE del 19 del mismo mes), cuyo artículo tercero establece que los profesores procedentes de otras provincias que concursen a plazas de preescolar y primera etapa de EGB habrán de poseer títulos concretos exigidos por la Generalidad o, en su defecto, comprometerse a obtener la capacitación para la enseñanza del catalán.
Otro motivo de inquietud es el contenido de una orden de 10 de septiembre del pasado año dictada por la Generalidad que, en la práctica, se reserva el derecho a imponer «permutas temporales» del profesorado «para poder atender la enseñanza de la lengua y cultura catalanas» en determinadas escuelas. Ello significaría la puesta en funcionamiento de un sistema de comisiones de servicios muy especial, en virtud del cual los profesores estarían expuestos a ser desplazados de su destino sin tener en cuenta su voluntad, en contra de la tradición de la Administración civil española, que ha consagrado el principio de que las comisiones de servicios se conceden a petición de los interesados o se proponen por la Administración a determinados funcionarios cuyos servicios en un destino concreto se consideran imprescindibles.
Tensión en las escuelas
Los portavoces de las tres organizaciones sindicales citadas presentan, por otra parte, un negro panorama de escuelas en las que cada día es más patente la «tensión entre catalanes y no catalanes», que afecta a profesores y alumnos y en las que ya empiezan a proliferar los consabidos «que se vayan» o «castellanos, fuera».Piensan que «este clima se propicia desde declaraciones poco afortunadas de algunas autoridades educativas de la Generalidad, entre las que incluyen a la propia directora general de Enseñanza Primaria, Sara Blasi, las cuales parecen entender que la política de catalanización está radicalmente reñida con el bilingüismo. «Lógicamente, las declaraciones "tranquilizadoras de las más altas autoridades del Gobierno catalán, que se recogen de cuando en cuando en los medios informativos, no contribuyen en modo alguno a disipar la inquietud de los funcionarios ».
Todo ello explicaría las largas colas que se han visto en los últimos días ante las ventanillas de las delegaciones provinciales de Educación, que inducen a pensar que ha comenzado una verdadera desbandada de funcionarios dispuestos a cambiar la intranquilidad de su futuro en Cataluña por toda la suerte de incomodidades que conlleva el traslado.
«Somos conscientes», concluyen los representantes sindicales, «del riesgo que corremos al hacer estas declaraciones, puesto que la respuesta más inmediata va a ser tildarnos de anticatalanistas y hasta de fascistas, improperios que ya hemos escuchado más de una vez a lo largo de los últimos meses ».
Aseguran que tales acusaciones representarían una dolorosa injusticia, pues son muchos los funcionarios no catalanes que hicieron suyas las reivindicaciones a favor de la cultura y la lengua catalanas durante el franquismo.
Más moderados en su análisis de la situación, los portavoces de UGT ponen especial énfasis en las implicaciones laborales y sociales que están en juego en estos momentos, que afectan en mayor medida a los funcionarios tradicionalmente más débiles, que son, precisamente, los profesores.
