Industria reestructurará la siderurgia integral por decreto

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En medios bancarios se ha dejado filtrar una cierta reticencia por parte de la banca ante el planteamiento en conjunto de reestructuración presentado por el Ministerio de Industria. Esta reticencia tendría su centro de atención en la cuestión laboral, circunstancia esta que quedaría demostrada por el reconocimiento público de la Administración de las dificultades que plantea la negociación con los sindicatos para que éstos acepten el recorte de plantillas y la moderación salarial planteada por Industria.

Este habría sido el detonante que ha impulsado a la Administración a conminar a los sindicatos -de hecho es a ellos a quienes va dirigida de manera directa la amenaza- para que acepten mediante la negociación los planteamientos del Ministerio o, en caso contrario, les vendría impuesto por decreto.

Al parecer, la banca, una vez convencida de la viabilidad técnica del plan de reestructuración planteado por el Ministerio de Industria, habría supeditado su aportación -integrada, de una parte, por la amortización en condiciones favorables de la deuda contraída por Altos Hornos de Vizcaya, y de otra, por la aportación de nuevos créditos hasta un total de 28.000 millones de pesetas para dotar de tesorería a esta empresa- a la previa aceptación por parte de los trabajadores del recorte de los gastos de personal.

Para la reducción de los costes de personal, una de las medidas contenidas en el plan de reestructuración, comporta la supresión de 5.800 puestos de trabajo.

El reparto del excedente laboral que registra el sector entre las tres empresas que Integran el mismo (Ensidesa, Altos Hornos de Vizcaya y Altos Hornos del Mediterráneo) parece por fin acordado con las centrales, sobre la base de un principio de acuerdo que establece, en primera instancia, el siguiente reparto: Ensidesa, 3.600 puestos de trabajo; Altos Hornos de Vizcaya, 1.500, y Altos Hornos del Mediterráneo, 700.

Conjuntamente con estas reducciones de plantillas, el plan prevé reconversiones de puestos de trabajo y movilidad de trabajadores, de acuerdo con un programa que para los tres años que durará la reestructuración, hasta 1983, será negociado empresa por empresa, una vez que la reestructuración sea oficial.

Las adecuaciones de las plantillas se harán en base a jubilaciones anticipadas, a las que podrán acogerse todos los trabajadores que cumplan un mínimo de sesenta años en 1981. Estas jubilaciones se ofrecerán por una sola vez y se efectuarán de forma escalonada a lo largo del año. Habrá también bajas voluntarias o vegetativas y bajas por incapacidad laboral.

Los salarios, caballo de batalla

En la actualidad, los salarios parecen constituir el caballo de batalla de la negociación. La moderación que impone el plan de reestructuración ha sido fuertemente contestada por los sindicatos, especialmente por el carácter de testigo que para la negociación colectiva tiene el sector, dada su crítica situación.

En este sentido, la negociación de la revisión salarial dentro del acuerdo-marco suscrito entre la CEOE y UGT parece tener una directa influencia en la posición de los sindicatos en la discusión del tema siderúrgico.

La oferta de la Administración en materia salarial sitúa el crecimiento de los sueldos, a lo largo de los tres años que comprende el período de reestructuración, en torno al 14% de incremento. En la actualidad se debate el porcentaje que correspondería a cada uno de los tres años, y es en este punto donde han surgido las mayores divergencias entre las partes en negociación.

El planteamiento de la Administración, pues, es conseguir antes de que se salde la negociación del acuerdo-marco la aceptación por los sindicatos de su oferta, con el fin de no influir en la banda salarial que para el sector privado se establezca finalmente.

Competitividad real

La pretensión de Industria, pues, es fijar por decreto el marco de reestructuración y las condiciones mínimas relativas a plantillas y producción que deben cumplir las empresas para acogerse a las aportaciones económicas que contempla el plan.

Estas inversiones, consideradas como básicas para conseguir a finales de 1985, una vez culminada la reindustrialización del sector, una competitividad real de la siderurgia integral española tanto en calidad como en costes, oscilarán en torno a los 130.000 millones de pesetas constantes de 1980.

Esta reindustrialización, en la que se incluye el destino final del tren de bandas en caliente que hoy se disputan Sagunto y Avilés -si es que, por último, la Administración se decide a dotar a la siderurgia española de esta pieza clave para completar el cielo productivo de una planta siderúrgica integral-, será estudiada en su día por un consulting que contará con la asesoría de un comité compuesto por técnicos de las empresas y de las centrales sindicales.