La CEOE propone incrementos salariales comprendidos entre el 8% y el 12% para 1981
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ofrece para este año incrementos salariales comprendidos entre el 8% y el 12%, según manifestaron ayer sus representantes a los de la Unión General de Trabajadores, con quienes discuten desde hace días la revisión del Acuerdo Marco Interconfederal (AMI).
Ante la sustancial diferencia existente entre las propuestas de ambas organizaciones (UGT solicita una banda salarial del 13% al 16%), la reunión quedó aplazada a las dos de la tarde de ayer hasta mañana, a las cuatro de la tarde. Este distanciamiento de posturas dificulta enormemente ahora la negociación, aunque hasta el momento no parece amenazar ruptura.La postura de la gran patronal ante estas negociaciones para la revisión del AMI fue explicada ayer tarde por los miembros de la comisión negociadora, a quienes presidía el secretario general de la CEOE, José María Cuevas.
El responsable de relaciones sociolaborales de la CEOE, Arturo Gil, dijo que la oferta patronal de esa banda situada entre el 8% y el 12% está calculada en los índices de inflación previstos por el Gobierno para 1981 (13,5%), a los que se acercan mucho los facilitados por la OCDE para España. A esa previsión se le descuenta la incidencia del componente energético (en torno al 1,5%-1,6%) y otros impuestos indirectos que modifican el IPC (estimados en un 0,4%-0,5%), y todo ello da una cifra final del 11,5%.
Ante estas previsiones, la CEOE ha elaborado una banda a la baja, por considerar que la experiencia del año pasado demuestra es suficientemente representativa; según datos facilitados por los técnicos patronales, en ese período el crecimiento real de salarios fue del 15,54%, es decir, un punto por encima del promedio establecido (14,5%), y están convencidos de que este año sucederá algo similar.
Fueron demandados los convocantes al acto sobre qué pasaría si las previsiones de inflación realizadas por el Gobierno resultaran inferiores a la variación real del IPC. Arturo Gil aseguró que los trabajadores corrían muy poco riesgo en ese sentido, puesto que cualquier error de cálculo quedaría subsanado mediante una cláusula de salvaguardia que garantice una revisión semestral automática de salarios, como se hizo para este año, y que están dispuestos a suscribir esa cláusula.
Y justificaron igualmente su propuesta en que este año la patronal deberá asumir la reducción de cien horas en la jornada anual de trabajo -pactado en el AMI- y que supone otros 2,6 puntos de cara a la negociación colectiva de este año.
Categórico rechazo de UGT
Al término de a sesión matinal, la reacción de los representantes de UGT no se hizo esperar. Manuel Chaves aseguró que con esta propuesta la CEOE está defendiendo la política económica del Gobierno, incluso por debajo de sus previsiones. Recordó en este sentido que el porcentaje de aumento para los funcionarios es del 12,5%, según establece la ley de Presupuestos Generales del Estado. Según Manuel Chaves, en el mejor de los casos, los trabajadores del sector privado disfrutarán de un aumento inferior, lo que supone un claro agravio comparativo «si se tiene en cuenta», dijo, «que éstos gozan de retribuciones medias superiores y que sus puestos de trabajo son estables».
Otro miembro de la ejecutiva de la central, José María Zufiaur, aseguró que la desindiciación del IPC supone que los trabajadores pagarán dos veces los costes de la energía: como consumidores y como trabajadores. Igualmente, argumentó que si el año pasado reducir la inflación en 0,5 puntos supuso un coste de 300.000 puestos de trabajo, son imprevisibles las consecuencias de una caída de tres o cuatro puntos como pretende la CEOE. «No nos podemos permitir que otros 500.000 trabajadores se integren este año en el desempleo», dijo Zufiaur.
Arturo Gil, por su parte, explicó que no se debe entender tal agravio comparativo con los funcionarios, puesto que éstos llevan sufriendo desde hace tres años una limitación de salarios que recorta su capacidad adquisitiva y que -en su opinión- el Gobierno ha hecho muy bien en no recortarles más ese incremento.
En opinión del secretario de la CEOE, José María Cuevas, la negociación se ha complicado por la estrategia de la UGT de mezclarlo todo y como consecuencia de la lucha por los espacios sindicales.
«UGT», dijo, «quiere negociar más cosas además del tema salarial, y aunque la CEOE está abierta a cuantos aspectos se consideren de interés, como jubilaciones, horas extras o productividad, éstas deben ser objeto de negociación complementaria o paralela, pero nunca deben interferir en los aspectos salariales, que son los que establece el AMI».
En relación al segundo aspecto, dijo que la CEOE apuesta por un determinado modelo sindical (que ahora está triunfando si se tienen en cuenta los resultados electorales conocidos hasta ahora), pero que no va a intervenir en esa lucha de los sindicatos por llenar un determinado espacio. Preguntado sobre si USO negociará o no la revisión del AMI, Cuevas dijo que la CEOE tendrá que llegar primero a un principio de acuerdo con la UGT, que fue la central que negoció el AMI el año pasado; posteriormente, habrá que ofrecérselo a la USO, que se adhirió a él. «Puesto que la USO y la UGT ocupan iguales aspectos sindicales, sería lógico», dijo, «que fueran ellos los que se pusieran de acuerdo. Pero como no es así, la obligación patronal es contactar con todas las fuerzas sindicales que lo suscribieron y no descalificar a ninguna».
Los representantes de la CEOE no quisieron definirse sobre qué pasaría si los trabajadores acudieran a la conflictividad laboral como fórmula de presión en las negociaciones. Tan sólo comentaron que esa conflictividad dejaría sin sentido el contenido mismo del AMI y que entonces tendría poco sentido revisarlo.
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