Numerosos detenidos renuncian a la asistencia de abogado

El ministro del Interior, Juan José Rosón, y el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Pedrol, se entrevistaron ayer para examinar los problemas de la asistencia letrada al detenido. Durante la conversación se abordó el número alarmante de renuncias a la asistencia que se viene produciendo últimamente en ciertas comisarías y las posibles soluciones para que este derecho reconocido por la Constitución adquiera efectiva vigencia.Al analizar la interpretación del concepto de «asistencia al detenido» se puso de relieve, según informaron las agencias, la discrepancia existente entre la abogacía y la policía sobre el hecho de que mientras la Constitución habla de «asistencia al detenido», la ley del Enjuiciamiento Criminal contempla la «asistencia al interrogatorio». En este sentido existe una petición del Consejo General del Poder Judicial para que se aclare o modifique el texto de esta ley y se redacte de forma acorde con la Constitución.

Entre los acuerdos a que llegaron Rosón y Pedrol está institucionalizar una reunión mensual entre el decano del Colegio de Abogados y el jefe superior de Policía para seguir el curso de aplicación e interpretación de las reglas legales de asistencia al detenido.

Pedrol dijo que el ministro del Interior manifestó su propósito de obtener un correcto y flexible funcionamiento de la asistencia letrada a los detenidos, en acatamiento de la Constitución.

Según las estadísticas realizadas por la Comisión de Asistencia Letrada al Detenido, que preside Gregorio Peces-Barba, quien no pudo asistir a la reunión de ayer por encontrarse enfermo, durante 1980 fueron asistidos por el turno de oficio 5.977 detenidos en la provincia de Madrid, 1.375 designaron directamente a su abogado y 5.704 detenidos renunciaron a su derecho, pese a que el servicio de asistencia es gratuito.

Sin servicio en Guadalajara

En Guadalajara, según informa nuestro, corresponsal Juan M. Fuentes, el problema de la asistencia al detenido tiene un cariz particular, ya que, por razones estrictamente económicas, los abogados de la provincia no prestan dicho servicio desde el pasado día 1 de enero.El acuerdo en este sentido fue adoptado por una junta general del Colegio de Abogados del pasado mes de noviembre y se basa en que el Estado no paga las guardias, sino únicamente las asistencias efectivamente realizadas.

Según ha declarado el presidente del Colegio de Abogados, Luis Rodrigo, «si el Estado quiere mantener esta asistencia como un derecho ciudadano, ha de pagarla. La situación en nuestra provincia es muy diferente a la de Madrid o Barcelona, donde cada día se producen una o varias asistencias, y esto les compensa. Aquí lo más frecuente es estar todo el día pendiente para nada».