Un sector de las Brigadas Rojas, partidario de liberar a D'Urso

Toda Italia aguarda la decisión del comité de presos de Trani, después del inesperado «veredicto» pronunciado ayer tarde por sus camaradas terroristas de la cárcel de Palmi, en Calabria, en favor de la liberación del magistrado Giovanni d'Urso, secuestrado el pasado 12 de diciembre por las Brigadas Rojas.

En su último comunicado, el número ocho, las BR habían «condenado a muerte» al magistrado y precisaban que la decisión sobre la ejecución o suspensión de la sentencia quedaba en manos de los comités de presos de las prisiones de Trani y Palmi.Ayer, un abogado del movimiento izquierdista Socorro Rojo reveló, después de entrevistarse en la supercárcel de Palmi con el líder histórico de las Brigadas Rojas Renato Curcio, que los brigadistas detenidos en dicho establecimiento se habían pronunciado por unanimidad en favor de la liberación de Durso. Según el abogado, esta decisión está consignada en un documento de dos páginas entregado por Curcio al juez de Reggio Calabria, Giacomo Fotti, que les visitó para negociar las condiciones de las BR. Para el vespertino romano Paese Sera, el juez Fotti ha actuado como enviado del Gobierno.

El documento de los terroristas afirma que «la condena a muerte de D'Urso es justa, pero la fuerza del movimiento revolucionario nos permite ser magnánimos. Ya que D'Urso se ha arrepentido y ha colaborado, el comité de presos de Palmi ha decidido unánimemente su liberación».

En la cárcel de Trani tres diputados radicales se han entrevistado con una delegación de los brigadistas, en cuyas manos está ahora la suerte del juez D'Urso. Rumores sobre su inminente puesta en libertad circularon anoche en Roma tras conocerse la decisión de una parte de los terroristas de las Brigadas Rojas encarcelados.

Con anterioridad, los 140 reclusos de las dos cárceles de máxima seguridad de Trani y Palmi, únicos autorizados por los brigadistas para suspender la ejecución del magistrado, habían declarado ayer a un representante del Ministerio de la Justicia que «la no supresión por el Gobierno del régimen diferenciado en las prisiones (entre comunes y terroristas) equivaldría a hacer efectiva la condena del rehén».

El nerviosismo de la policía quedó puesto de manifiesto por la muerte por bala de una joven, Laura Rendina, de veintiocho años, que no se paró en un control de carretera de los carabinieri.

El comandante en jefe del arma de carabinieri de Italia, general Cappuzzo, advirtió al primer ministro, Arnaldo Forlani, que la represión policial no basta para eliminar el terrorismo, y que también los políticos deben movilizarse.