Ampliación de capital de 100 millones de pesetas en Astilleros de Huelva

En el transcurso de una junta general extraordinaria celebrada por los accionistas de Astilleros de Huelva se ha adoptado el acuerdo de ampliar el capital social de esta empresa en cien millones de pesetas.Ante tal acontecimiento puede decirse que el presente año se ha iniciado con signos esperanzadores cara a la resolución de la grave crisis económica planteada en esta importante empresa onubense, que presentó suspensión de pagos en abril del pasado año y que, tras serle aprobado un expediente de regulación de plantilla por la Delegación de Trabajo, despidió temporalmente a más de cuatrocientos trabajadores a finales de 1980.

Otro de los factores que van a incidir en la superación de la crisis está centrado en la resolución de Ensidesa de suministrar a Astilleros en próximas fechas un total de 4.000 toneladas de acero, imprescindible para hacer frente a la cartera de pedidos en la factoría, evaluada en 7.000 millones de pesetas.

La situación más conflictiva radica en que la totalidad de los trabajadores despedidos no van a ser readmitidos por la empresa antes de la fecha límite del 15 de enero próximo, tal como se acordó en un pacto establecido entre el Ministerio de Trabajo, dirección de Astilleros y representantes de los trabajadores.

El director de Astilleros de Huelva, Rafael Gómez Naranjo, ha informado a EL PAÍS que la reincorporación de parte de la plantilla despedida se efectuará pasada la primera quincena del presente mes, y de forma gradual. En tal sentido, la empresa va a presentar una propuesta ante la Dele gación Provincial de Trabajo para que 125 trabajadores, de los cuatrocientos despedidos, realicen un curso de perfeccionamiento y readaptación, al objeto de que su reincorporación a la empresa se lleve a efecto dentro de cuatro o cinco meses.

En el pasado mes de noviembre, el Ministerio de Trabajo otorgó ya un préstamo de trescientos millones de pesetas a Astilleros de Huelva para salvar el delicado momento económico por el que atravesaba la empresa, que da empleo a unos ochocientos trabajadores.

Tal ayuda económica fue conce dida entonces en base al criterio del citado departamento de que era posible la viabilidad de la factoría el mantenimiento de los puestos de trabajo y por cuanto se había firmado un pacto social entre empresa y trabajadores, con vigencia de dos años, tendente a evitar situaciones de conflictividad y paralización de la actividad laboral.