Transparencia para el sistema financiero

LA LIBERALIZACIÓN del sistema financiero siempre ha sido mirada con bastante recelo, no sólo por parte de la Administración, sino por un sector nada desdeñable del empresariado español. Ahora, cuando se anuncia una reforma inmediata, un portavoz de la propia CEOE advierte a la Administración sobre los peligros que se avecinan. Según la CEOE, la liberalización de los intereses pasivos, es decir, los pagados a los depositantes, y de los activos, es decir, el interés de los préstamos bancarios, corre el riesgo de traducirse inexorablemente en un encarecimiento del precio del dinero para las empresas. De este modo, la liberalización sería un nuevo obstáculo a la reactivación económica y recaería sobre ella la corresponsabilidad de agravar el problema del paro.Sin embargo, en la actual situación la reserva de coeficientes de inversión obligatoria en favor de determinados sectores y empresas, así como el déficit del sector público destinado en buena medida al apoyo, de otras empresas y sectores, encarece el dinero también, y de manera notable, aunque sólo para los que quedan fuera del círculo de tiza de los intereses subvencionados. En definitiva, el temor a la liberalización del sistema financiero por parte de un sector empresarial es un mecanismo de defensa de determinados territorios acotados que no quieren correr el riesgo de enfrentarse abiertamenta a una competencia leal: una competencia con intereses iguales para las empresas grandes, medianas y pequeñas, intereses iguales para todos los sectores y desaparición de las discriminaciones.

Las autoridades monetarias parecen dispuestas a acabar con la práctica hasta ahora existente de fijar para los tipos activos cargados por la banca a su clientela de un tope de interés máximo, que, por otro lado, resultaba profundamerte modificado por las comisiones bancarias, cuya cuantía y modalidad eran completamente libres. El nuevo dispositivo parece que será inverso: intereses libres y comisiones reguladas. De este modo, la transparencia mejorará, y mientras los bancos anuncien sus tipos de interés, como es práctica corriente en el capitalismo occidental, los prestatarios conocerán de antemano el precio exacto del dinero tomado a crédito. Naturalmente, en estas épocas de altos tipos, los intereses publicados es posible que resulten algo escandalosos, pero el único escándalo será hacer público un precio que hoy es semioculto por el juego de las comisiones. Incluso con precios conocidos, algunos bancos podrán mejorar su dinamismo y su agresividad. En definitiva, el coste de intermediación bancaria es tan elevado en España que, quizá, la sola publicidad pueda suscitar una mayor competencia y alguna moderación en las propias entidades de crédito.

El otro lado de la móneda corresponde a los tipos pasivos pagados a los depositantes. Los representantes de la banca privada han mostrado aquí sus reticencias. Todavía existe un número muy importante de cuentas corrientes y libretas de ahorro que perciben un interés casi nulo, a pesar de que la inflación de hoy ha quitado justificación a estas prácticas bancarias. Los bancos privados condicionan la liberalización de los tipos pasivos a una serie de requisitos. En primer lugar, se urge a la Administración a que ponga orden en su propia casa y reduzca las emisiones de deuda pública con que financia sus déficit crecientes. Esta es una buena razón que posiblemente muy poca gente pone en duda. Los bancos privados también exigen que las emisiones de deuda se emitan a un plazo más largo y que sus condiciones sean las mismas que las de la deuda privada. Aquí las cosas ya no están tan claras. Otra condición apunta a mejorar los intereses sobre las colocaciones de dinero obligatorias que impone el cumplimiento de los coeficientes de inversión. Esta medida mejoraría la rentabilidad de la banca por este lado y permitiría aplicar unos tipos menos altos en los préstamos libres. En cualquier caso, las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco de España parecen dispuestas a llegar al compromiso de liberalizar los tipos para plazos superiores a seis meses e importes mayores de una determinada cantidad (se habla de un millón de pesetas). Así habrá una serie de cuentacorrentistas beneficiados por la liberalización. Pero una vez más se tropieza con un sí muy condicionado. Se liberaliza y al mismo tiempo se sigue ordenando y regulando el mercado. La liberalización del sistema puede y dará, sin duda, lugar a la aparición de un mercado fluido y sensible para los capitales a corto y a largo plazo. La transferibilidad y la transparencia serán facilitadas al máximo, de manera que los ahorros con diferentes grados de liquidez puedan adaptarse a las demandas de fondos para inversiones con diferentes vencimientos. Al mismo tiempo se trata de eliminar los privilegios de subvenciones concedidas de forma indiscriminada a través del tipo de interés del dinero. Las subvenciones, como en el reciente acuerdo de financiación de viviendas, deben concederse abiertamente, con conocimiento de todos los ciudadanos y con la aprobación de su importe por el Parlamento. El sistema financiero debe ser un mercado abierto en el que se remunere el ahorro y se facilite el crédito sin discriminaciones y en condiciones de la mayor libertad posible de competencia.