Cabildos canarios reclaman la transferencia de arbitrios a la Junta

La no aprobación en el Consejo de Ministros del pasado día 30 de diciembre de un decreto para la transferencia a la Junta de Canarias del órgano recaudador de la hacienda canaria, ha provocado en los cabildos insulares de las cinco islas periféricas del archipiélago un hondo malestar, que se ha plasmado en una actitud de clara protesta frente al Gobierno.

Los cinco presidentes de los cabildos de las islas de La Palma, La Gomera, Hierro, Fuerteventura y Lanzarote se han unido, al tener noticia de que dicho decreto no había sido aprobado por el Consejo de Ministros, para enviar al ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, un telegrama, en el que manifiestan que se encuentran «altamente sorprendidos y defraudados», al no cumplirse un compromiso formal del citado ministro, expresado a través de un telegrama el pasado día 20 de diciembre, a los titulares de estos cabildos, que califican lo ocurrido de «un inconsciente y doloroso engaño para nuestras justas peticiones de supervivencia».En la reunión de mañana, los cinco cabildos periféricos podrían, según se ha señalado a la Prensa, proponer a los senadores que representan a las citadas islas su abandono de la Cámara Alta, al mismo tiempo que sería adoptada una actitud similar en relación con la Junta de Canarias. Precisamente, este órgano preautonómico había aprobado, en julio pasado, la solicitud elevada al ministro de Hacienda, en el sentido de que sea decretada la transferencia al mismo de la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares (JIAI).

El interés de esta medida para las islas periféricas reside, según ha señalado a EL PAÍS el consejero de Economía y Hacienda, Luis Hernández, en que ello supondría la creación de un fondo de solidaridad regional, consistente en el 5 % de la totalidad de los impuestos insulares recaudados. Dicho fondo implicaría el reparto, durante este año, de alrededor de seiscientos millones de pesetas entre aquellas islas, para corregir sus déficit de equipamiento.

El acuerdo adoptado entonces por la Junta de Canarias se había visto retrasado por los tropiezos originados desde los cabildos de las dos islas mayores, Tenerife y Gran Canaria, que consideraban que la puesta en marcha del citado fondo afectaba a sus propios recursos de financiación. Ambos cabildos son los principales destinatarios de los impuestos recaudados.