Fuerzas especiales sofocan el motín de la cárcel italiana de Trani

La irrupción conjunta de las fuerzas especiales de la policía y los carabineros puso fin, a las 18.30 horas de ayer, el motín iniciado el domingo en la cárcel de máxima seguridad de Trani, en la región italiana de Puglia, por setenta presos terroristas que se habían hecho con dieciocho rehenes.

El balance de la operación ordenada directamente por el ministro de Justicia, fue de veintiún heridos, la mayoría de ellos guardianes de la prisión. En el preciso instante en que dos helicópteros de las fuerzas especiales aterrizaban en las terrazas de la cárcel, un nuevo comunicado de las Brigadas Rojas amenazaba con represalias -concretamente, contra el magistrado que mantienen secuestrado desde hace dieciocho días- en caso de que el Estado interviniera contra los amotinados de Trani.El motín comenzó cuando cuarenta de los setenta detenidos aprovecharon la hora del recreo para hacer estallar una bomba camuflada en una pequeña cafetera.

Entre los detenidos de la sección especial de Trani figuran el famoso intelectual marxista Toni Negri, acusado de ser el ideólogo de las Brigadas Rojas, y con él otros intelectuales también acusados de subversión contra el Estado, como Ferrari Bravo y Giuliana Nari. Pero tanto el ministro de Defensa, Lagorio, como los dos diputados (un socialista y un socialdemócrata) que se entrevistaron con los amotinados afirmaron que Negri no había sido el cabecilla de la rebelión.

La delegación parlamentaria dialogó con los terroristas Piccioni y Seghetti, quienes les hicieron entrega de dos comunicados. En uno de ellos se afirmaba que tenían en sus manos diecinueve rehenes: «dieciocho dentro y uno fuera», refiriéndose al magistrado Giovanni D'Urso, secuestrado por las Brigadas Rojas hace dieciocho días. En el segundo pedían, como condición para liberar a los dieciocho guardias, que se revocara el decreto por el que se crearon las cárceles especiales para los acusados de violencia terrorista y que se aboliera la ley que permite actualmente la «detención preventiva».

Pero minutos después de entregar este comunicado, las fuerzas del orden entraron por sorpresa en el recinto carcelario por orden del ministro de Justicia, el democristiano Sarti. Fue una operación que duró un par de horas. Policía y carabineros aterrizaron con dos helicópteros AB 205 y AB 206 en las terrazas de la cárcel, lanzaron una bomba para derrumbar las puertas de hierro que daban acceso a la sección de la prisión, donde estaban encerrados los setenta detenidos con los diecinueve rehenes. Pocos minutos después se oyeron otras siete explosiones y golpes de metralleta, mientras empezaban a llegar a la puerta de la cárcel numerosas ambulancias de los hospitales limítrofes. Las noticias oficiales que llegaban a través de las agencias hablaban sólo de cinco policías heridos en la operación, pero más tarde los médicos certificaron que habían recibido veintiún heridos en estado de conmoción, la mayor parte policías y carabineros.

Un Gobierno, acorralado

Lo cierto es que el Gabinete se encontró ayer entre la espada y la pared. Acababa de conceder el cierre de la cárcel de Asinara, lo que había creado tensiones incluso dentro de los partidos que componen el Gobierno y la neta oposición de los comunistas y de la extrema derecha, que le acusaba demostrarse débil ante el chantaje de las Brigadas Rojas, con la excusa de salvar la vida del magistrado secuestrado. No podía, por tanto, perder tiempo ante el importante motín de la cárcel de Trani, ya que daba armas a la oposición, partidaria de que las Brigadas Rojas «no se contentarían con el cierre de la cárcel de Asinara». Precisamente, mientras seguía en pie la rebelión de Trani, desde Niza (Francia) había llegado la noticia de que el presidente de la República, Sandro Pertini, no había sido favorable a la decisión de cerrar Asinara, creando nuevas tensiones y polémicas entre las fuerzas políticas.Lo ocurrido en Trani, si por una parte puede ser considerado como una victoria del Gobierno, que ha demostrado mano dura en el momento mismo en que había permitido el cierre de la otra cárcel especial de Asinara, está llamado a levantar una nueva polvareda política. En realidad, el Gobierno sigue dividido entre quienes, como los republicanos y parte de los socialdemócratas y de los democristianos, no quieren ningún tipo de diálogo con las Brigadas Rojas y quienes como los socialistas, desean que se haga todo lo posible para salvar la vida del magistrado secuestrado.

Las Brigadas Rojas, en su quinto comunicado, hecho público el do mingo, habían adjuntado una carta autógrafa del magistrado Giovanni D'Urso, en la que afirmaba, que su vida dependía del cierre inmediato y definitivo de la cárcel de Asinara, y daba a entender que, según el espíritu de la reforma penitenciaria de 1975, se podría con ceder a los acusados de terrorismo el mantener conferencias de Prensa con los periodistas dentro de la cárcel y emitir algunos comunicados públicos.