El Gobierno de Euskadi quiere situar el conflicto en vía sindical
El Gobierno vasco no aceptará la propuesta de la asamblea de trabajadores de Olarra, SA, de actuar como mediador para posibilitar una negociación entre la empresa y una comisión mixta centrales sindicales-comité de empresa, según indicó ayer el consejero de Trabajo, Mario Fernández. La negativa de éste, argumentada en base a la necesidad de «reconducir el conflicto a la vía sindical» previamente a cualquier posible mediación, suscitó la protesta de la asamblea de trabajadores, reunida nuevamente ayer, que considera que el Gobierno vasco trata simplemente de «escurrir el bulto», alineándose de hecho con «la postura del empresario Luis Olarra, quien se ha opuesto negociar con el comité de empresa».En su respuesta, Mario Fernández advierte que la propuesta de mediación sólo será tenida en cuenta si es solicitada «por las centrales mayoritarias». A su vez, estas últimas vienen defendiendo desde hace tiempo la necesidad de desbloquear el tema en base a una negociación en la que los intereses de los trabajadores estarían representados por CC OO, UGT y ELA-STV, con exclusión del comité de empresa, dado que, en su opinión, el conflicto «ha desbordado el marco estrictamente interno para convertirse en un problema que afecta a toda la clase obrera vizcaína».
Por otra parte, quedaron vistas para sentencia -tras los juicios celebrados eljueves en Magistratura- las demandas por despido improcedente presentadas por 31 trabajadores despedidos hace dos meses a raíz de la ocupación de las oficinas centrales de la empresa, con retención de los empleados. Los abogados de los trabajadores negaron que existiera coacción en la ocupación y trataron de explicar ésta en el marco de una situación preexistente caracterizada, en su opinión, por el incumplimiento de la dirección en los pactos previos, como el de la formación de una comisión mixta de seguimiento de la suspensión de pagos y la convocatoria de una comisión paritaria para casos de conflictos internos. Los abogados de la empresa rehusaron entrar en discusión sobre tales antecedentes y limitaron su intervención a los hechos del día 15, calificando de coactiva y amenazadora la actitud de los ocupantes.
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