El Gobierno retrasa el Estatuto de la Empresa Pública

La Comisión de Industria y Energía rechazó ayer una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Comunista en la que se instaba al Gobierno a remitir a las Cortes el proyecto de ley de estatuto de la empresa pública.Defendió la proposición la diputada comunista Montserrat i Solé, quien sugirió que el partido en el Gobierno nutre a las empresas públicas de los cargos más importantes y, por esa razón, no desea ninguna fiscalización. En este punto recordó que el propio Gobierno, desde la firma de los pactos de la Moncloa, incumple sistemáticamente su palabra de remitir a las Cortes un proyecto de ley de estatuto de la empresa pública.

El diputado centrista Martín Oviedo argumentó contra la proposición no de ley que se presentaba que no era un texto articulado, sino un auténtico lamento.

Ramón Tamames, en el posterior turno de contestación, recreó la idea de que «el Gobierno renuncia a la iniciativa legislativa, es decir, desgobierna». Después de hacer hincapié en que no hay ningún tipo de control sobre las empresas públicas ni los dos holdings, anunció que su grupo parlamentario, el Comunista, presentará después de las vacaciones legislativas de enero -si antes no lo hizo el propio Gobierno- un texto articulado a un proyecto de estatuto de la empresa pública. El diputado comunista insinuó a continuación que entonces argüirá el Gobierno que es a sí mismo a quien corresponde la iniciativa legislativa.

En la misma sesión la Comisión de Industria y Energía rechazó una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialistas de Cataluña para que se establezca un plan integral de reconversión de las industrias textiles por medio de una comisión paritaria formada por las centrales sindicales, las organizaciones patronales y la propia Administración.

Esta proposición se desestimó con los votos en contra de UCD, cuyo portavoz, Martín Oviedo, argumentó que están en marcha los mecanismos que se piden para proceder a la reestructuración del sector.

La Comisión rechazó asimismo una moción presentada por Manuel Fraga para que la Administración garantice a las empresas siderúrgicas con las que firmó el acta de concierto el suministro de materia prima a los precios de mercado internacionalmente vigentes.