Respuesta sindical a la crisis

El final del año, que siempre constituye un excelente momento para la reflexión, presenta en este mes de diciembre de 1980 una serie de factores que le diferencian de otras ocasiones similares, cuando todas las organizaciones, entre ellas los sindicatos, planifican su actuación para el año siguiente.Yo situaría para UGT el comienzo de este año no en el habitual 1 de enero, sino en aquel 19 de noviembre de 1979, cuando en Madrid se celebra el XII congreso de la CIOSL y se introducía al país, junto a todo Occidente, en una década en la que habría que buscar un nuevo orden económico y social. Y la referencia no es gratuita. Desde ese momento, el contraste entre lo que serían las aspiraciones de los trabajadores y sindicalistas libres de este país y la propia realidad que nos ha tocado vivir, ha sido cada día más dura, más evidente. Porque siendo precisamente las organizaciones sindicales las que más han perdido en el recorrido de este ya extrañamente largo proceso de transición, sólo al final de 1980 hemos conseguido alcanzar un cierto protagonismo, a través de las elecciones sindicales, y es sólo ahora cuando se empieza a conocer nuestra aportación al proceso normalizador iniciado aquel 1977.

Una de esas aportaciones, seguida a través de los comicios sindicales que ahora finalizan oficialmente, ha sido la clarificación del espectro sindical español como punto de partida para el fortalecimiento del poder de los trabajadores. Clarificación cuya característica más destacada, a mi entender, es una evidente bipolarización entre UGT y CC OO. Este hecho, a su vez, representa un importante ascenso de UGT y una muestra palpable de que la política de responsabilidad desarrollada por nuestra central durante el año que finaliza, pese a todas las críticas en su contra sobre una supuesta «moderación», ha encontrado el eco esperado entre la clase trabajadora.

Más aún, hay que ser optimista entre los resultados de estas elecciones, por lo que representan de afianzamiento de las centrales de clase, frente a las descaradas manipulaciones de unos -Gobierno- y otros -empresarios- por alzar hasta el 10% exigido a una ficticia tercera fuerza sindical, amalgama de siglas, intereses y obediencias.

Es evidente que el principal aval de este apoyo, el apartado por el Gobierno de UCD ha fracasado. Sería no obstante una anécdota más en la historia del movimiento obrero español si este fracaso no fuese acompañado de otros en terrenos mucho más dolorosos para los trabajadores, como son el económico y el propiamente político.

Amenazas del Gobierno sobre topes salariales

Que el final de estas elecciones coincida con el conocimiento, a través de los últimos datos hechos públicos por el Gobierno, de que 1980 puede acabar con una tasa de desempleo oficial del 12%, aboca a los sindicatos a esa doble responsabilidad que será encontrar alternativas a la crisis económica que motiva ese paro, y, a la vez, soportar las más graves secuelas del mismo en nosotros mismos, los trabajadores. Máxime cuando lo cierto es que ese 12% ya es alcanzado en cifras reales -en las que se incluiría a los trabajadores comprendidos entre los catorce y los dieciséis años- y los vaticinios del Ministerio de Economía señalan un nuevo incremento, menor que el registrado en el tercer trimestre de 1980, pero continuo.

Esta misma cifra, como índice de la gravedad de la actual crisis, ha corrido y corre paralelamente a una caída en la inversión, cuyos orígenes cabría buscar, es cierto, en otra crisis de ámbito internacional -cuya gravedad y persistencia no se puede negar-, pero también en la propia ineficacia del Gobierno y la desconfianza empresarial, no tanto ya en las perspectivas democráticas del país como en las de obtener un beneficio cuando menos similar en años anteriores.

Todas esas circunstancias -paro, falta de inversión, resultado electoral- habrá de influir inevitablemente en la próxima negociación colectiva para 1981. Será ese el momento de que cada sindicato ponga a prueba la fiabilidad de su alternativa electoral; la ocasión de enfrentarse con una negociación colectiva en la que van a entrar en juego no únicamente aspectos salañales, sino, también y sobre todo, la defensa de los puestos de trabajo, el mantenimiento del poder adquisitivo, las propias condiciones de trabajo y su incidencia en la productividad, el enfoque adecuado a las necesarias reestructuraciones sectoriales y un quinto elemento, como será el de avanzar en el reforzamiento del poder sindical de los trabajadores, a través de su presencia en las instituciones del Estado y en la empresa.

De otra parte, es muy probable que en ese mismo camino de la negociación surja un nuevo obstáculo, ya apuntado durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado. Las amenazas del Gobierno, veladas o no, sobre topes salariales como los del ex vicepresidente Abril Martorell, intentan situarse sobre los propios sindicatos en un afán de contener las aspiraciones reivindicativas de éstos. Este reto, por tanto, no será suficientemente condenado si, paralelamente, las centrales sindicales no presentan alternativas viables y responsables.

Racionalización de la negociación colectiva

Aun así, incluso para UGT, que ha potenciado un elemento de negociación útil como el AMIC, cuya validez ha quedado suficientemente demostrada durante 1980, el proceso de negociación colectiva próximo provoca incertidumbres por ese mismo intento de ingerencia gubernamental y por la duda de que el esfuerzo desarrollado por UGT -esfuerzo, no se olvide, absolutamente respaldado ya en las elecciones sindicales- encuentre su correspondencia en una actitud similar de la Administración y los empresarios. Esa misma incertidumbre es la que hace pensar incluso en un 1981 conflictivo en tanto al objetivo de dicha negociación no podría ser exclusivamente salarial, sino que abarcaría aspectos como una política de desempleo gubernamental con intención de ser puesta en práctica, lucha contra la inflación de forma que no vuelva a recaer sobre los trabajadores de forma esencial y desaparición de prácticas antisindicales en las empresas, alcanzándose de una vez esa relación laboral que todos deseamos y algunos empresarios se obstinan en dificultar.

Son estas dudas las que, de materializarse, impedirían la renegociación del acuerdo-marco interconfederal.

Quedaría un elemento más en este panorama sindical que, a grandes rasgos, he tratado de aventurar para 1981. La aprobación del Estatuto de los Trabajadores en el comienzo de la primavera de este año suponía el primer paso en el desarrollo de una faceta legislativa tan importante como es la referida a las relaciones laborales, que hasta ese momento había permanecido estancada, por no decir que era inexistente. Ya quedó claro entonces que este no es nuestro estatuto y que en aquel momento y ahora condenamos el título I. Pero no se puede ignorar que el estatuto, junto al acuerdo-marco, han sido los únicos elementos racionalizadores de la negociación colectiva en particular y de las relaciones laborales en general. El próximo año habrá que presenciar un desarrollo mucho más amplio de esa legislación laboral mínima y otros proyectos como el de huelga y ley orgánica de libertades sindicales, sin las que no cabe hablar de Estado democrático.

La relación de esperanzas, dificultades, objetivos y obligaciones para las centrales sindicales de clase es, como se ve, amplia. Pero será hora, dejando un margen de confianza a la voluntad de todos, de que se inicie el verdadero proceso democrático en lo laboral. Porque corremos el riesgo de que la «década de los ochenta», en todo lo que supone de convocatoria para iniciar una nueva etapa en España, no comience nunca.