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Editorial:

Una ciudad envenenada

Los MADRILEÑOS se despertaron el viernes, por primera vez, con la constatación oficial de algo que sabían positivamente, pero que no podían demostrar: que están siendo envenenados todos los días un poco. Las cifras que ha hecho públicas por primera vez un organismo oficial, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, sobre las condiciones higiénicas y sanitarias de los 12.000 establecimientos hosteleros con que cuenta la capital de España (véase EL PAIS de ayer) parecen más un cuento kafkiano que una realidad sufrida a diario por más de cuatro millones de habitantes: el 41 % de los aperitivos, el 35% de los vinos, el 75% de las leches, el 37% de los cafés, el 20% de las mermeladas, el 75% de las muestras de hielo y, en general, zumos, aceites y botillería no son aptos para el consumo y representan un claro peligro para la salud pública. Al Ayuntamiento de Madrid hay que reconocerle la gallardía de hacer público el resultado del estudio realizado en base a inspecciones en 3.453 locales, porque realmente son resultados tan terroríficos que a más de uno le hubieran entrado tentaciones de encerrarlo con llave en un cajón para los restos. Pero a ese mismo Ayuntamiento, como responsable de los controles sanitarios en edificios públicos, bien es cierto que a medias con el Ministerio de Sanidad, hay que achacarle una cierta negligencia al no aplicar las leyes ordinarias en temas que pueden poner en peligro la salud pública. Y no hay constancia en los archivos de que se hayan impuesto en los últimos años más que un puñado de multas, y la mayoría de ellas por abusos en el peso de los alimentos, y no por circunstancias relativas a la calidad de los productos.

Aquí estuvieron contaminadas las aguas para consumo durante varios días, y nadie advirtió del peligro que corría la población; aquí se estuvo adulterando la carne y no se tomaron posiciones oficiales claras; aquí los índices de contaminación han sido en las últimas semanas lo suficientemente altos como para que en países europeos sin legislaciones de medio ambiente tan permisivas como la nuestra se hubieran tomado medidas restrictivas; aquí se está permitiendo (porque no hay Policía Municipal suficiente para controlar la nueva ordenanza de venta ambu lante, o por lo que sea) que la venta callejera invada vías y plazas con productos perecederos de más que dudosas garantías higiénicas y sanitarias; aquí se permite que los 7.000 retretes públicos estén en unas condiciones tales que parece milagroso no contraer a diario enfermedades contagiosas.

Aquí, en fin, se produce la inconsecuencia de que el Ayuntamiento que ha investigado y anunciado la situación de los bares, cafeterías y establecimientos hosteleros en general, conceda un plazo de seis a siete meses para que los comerciantes se pongan al día con la sanidad y la higiene necesarias, como si en este tiempo no corriera peligro la salud de los usuarios.

La sanidad vale poco, por lo visto. El Ministerio del ramo tampoco ha anunciado ningún tipo de medidas como responsable superior. Triste es señalar, aunque cierto, que las organizaciones de consumidores tampoco las exigen con la fuerza que les concede la Constitución, y gastan sus mejores municiones en disparar contra el paso-doble de la Telefónica o la subida de los carburantes, como si les doliese más el bolsillo que las enfermedades que se pueden contraer a diario al tomar un aperitivo o comprar un kilo de carne.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 13 de diciembre de 1980