Crisis abierta en el seno del Gobierno de Cataluña tras el consenso de Pujol con los socialistas
Tras la aprobación, por consenso entre socialistas y Pujol, de la ley autonómica que transfiere las Diputaciones catalanas a la Generalidad, a partir del mes de septiembre, la coalición que sostiene al Gobierno autonómico entró en una crisis abierta, pero no declarada oficialmente. Por su parte, fuentes oficiales manifestaron ayer a este diario que resultaba «evidente» que el Gobierno central remitiría la ley, autonómica que suprime las diputaciones al Tribunal Constitucional. En cambio, el partido de Pujol no parece dispuesto a retirar su apoyo parlamentario a Adolfo Suárez.
Finalmente, la semana próxima -y en contra de la voluntad del partido de Pujol y de los centristas, ayer de acuerdo- tendrá efecto un pleno del Parlamento catalán para debatir la política de traspasos, lo cual se saldará inevitablemente con un nuevo enfrentamiento entre el legislativo catalán y el Gobierno central, así como el consiguiente incremento de la debilidad de la ambigua y vacilante política de alianzas del presidente Pujol.La situación creada es tan grave y contradictoria que tanto Pujol como los centristas parecían ayer alarmados de las irreparables consecuencias de los actuales modos de obrar, en los que la continuidad del apoyo parlamentario de la Minoría Catalana al Gobierno de Adolfo Suárez aparece como un elemento irracional, discorde con los derroteros actuales de la política catalana. Esta última se caracteriza por constantes amenazas de UCD de recurrir al Tribunal Constitucional, en contra de actos de gobierno -el decreto de la Generalidad sobre las cajas de ahorro- o legislativos -la oposición del Parlamento catalán a la figura del «gobernador general» y la supresión por aquél de las diputaciones- propiciados o asumidos por la Generalidad.
Ayer, en la reunión de la junta de portavoces del Parlamento catalán los comunistas del PSUC, apoyados por los socialistas y Esquerra, impusieron que la próxima semana tenga efecto un nuevo debate parlamentario sobre el tema de los traspasos. Tanto el partido de Pujol como la UCD se opusieron a ello. Sin duda estas dos últimas opciones políticas partían del muy justificado temor de que un nuevo debate general, sobre tema tan básico y capaz de generar todo tipo de condenas de la política del Gobierno central, servirá para distanciar aún más a la UCD y a Jordi Pujol, o si se prefiere, al Gobierno central y la Generalidad.
Debate patético
En efecto, salvo maniobras de una gran trascendencia, dicho debate puede resultar patético. Podría servir para acreditar que, simplemente, Pujol no ha obtenido ninguna contrapartida importante para Cataluña, pese a su sistemático apoyo a Suárez en el Parlamento estatal. Ello aún potenciará más el rumor absolutamente generalizado acerca del papel que puede jugar la situación del grupo bancario del que Pujol es principal accionista y que legalmente está sometido al arbitrio del Banco de España, es decir, del Gobierno.Lo único evidente es que ninguna fuente del partido de Pujol puede aportar ninguna información seria y racional que justifique el apoyo de la Minoría Catalana al Gobierno, en un momento en que, según manifestación pública del portavoz de dicha Minoría, existe una «involución» en la política autonómica del Gobierno central. La continua alusión al Tribunal Constitucional considerado en Cataluña, en general, como restrictivo respecto a las autonomía sabundaría en este sentido.
Los socialistas, nuevos aliados parlamentarios de Pujol, reafirmaron ayer su voluntad de buscar puntos de coincidencia con Pujol a la hora de elaborar las leyes básicas de desarrollo autonómico -las equivalentes a las orgánicas a nivel español-, pero en cambio afirmaron que discreparán duramente en las leyes que los socialistas denominan «sectoriales», es decir, en las leyes con las que la Generalidad intentará llevar a cabo su gestión cotidiana.
Curiosamente, en la perspectiva del polémico segundo congreso de los socialistas catalanes -celebrado el pasado julio-, era el sector procedente de la autodisuelta Federación Socialista Catalana del PSOE el que propugnaba un acuerdo con Pujol. Fueron las bases del ex PSC las que impusieron entonces una resolución frentepopulista en materia de política de alianzas, en la que se rechazaba explícitamente todo acuerdo con Pujol. Ahora las tornas han cambiado, y son los ex PSOE quienes se oponen al pacto consumado anteayer.
Como telón de fondo de toda la crisis aparece la imposibilidad de que la crisis catalana -concretada en el distanciamiento de Pujol de UCD y Esquerra, y su acercamiento a los socialistas- termine en un proceso de cambio de Gobierno catalán. Resulta, en efecto, que Pujol ha tenido muy poco interés en que el Parlamento elaborase lo que en 1933 fue designado como «Estatuto interior de Cataluña». Se trataba entonces y debería tratarse ahora, de una ley fundamental que desarrollase los preceptos estatutarios en su vertiente constitucional interna de Cataluña, tales como las crisis de Gobierno, las mociones de censura, las sustituciones de consejeros y otras cuestiones imprescindibles. Pujol no ha mostrado el más mínimo interés en impulsar la regulación de estos temas, lo que le permite una gran capacidad de maniobra, pero que también crea un peligroso vacío.
