La Generalidad absorbe a las cuatro diputaciones catalanas por decisión del Parlamento autónomo

El pleno del Parlamento catalán acordó ayer transferir a la Generalidad todas las competencias de las cuatro diputaciones catalanas, con lo cual estas instituciones desaparecen del esquema administrativo catalán. Ello constituye el principal punto de una ley autonómica cuyo proceso de aprobación generó ayer un constante consenso entre el partido de Pujol y los socialistas catalanes. Los centristas reaccionaron airadamente y aludieron a su posible inconstitucionalidad. Esquerra también mantuvo su propia postura, con lo que entró en vías de descomposición, de forma pública, el acuerdo parlamentario tácito sobre el que hasta ahora se ha apoyado Jordi Pujol.

La existencia de la división territorial provincial es, para los partidos catalanes, uno de los peores agravios de los que es víctima Cataluña, desde el lejano 1833. Esta división es considerada como un elemento centralizador impuesto, en contra de la división en comarcas (de base agrícola y popular plenamente asumida) y en «vegueries» (de origen político-administrativo catalán).De ahí parte el rechazo a toda institución de base provincial, cuya quintaesencia son las diputaciones. Sólo gracias al constante deseo de Tarradellas de complacer al Gobierno de Madrid estos organismos provinciales subsistieron, en unos momentos en que la presión ciudadana se inclinaba de forma constante en favor de su supresión. Su inclusión en la Constitución crea ahora un problema legal delicado, por cuanto que, por lo menos sobre el papel, las diputaciones continuarán existiendo en tanto que entidades estatales, pero sin reconocimiento por parte de la Generalidad, circunstancia esta a la que hay que añadir que el Parlamento catalán es competente en materia de administración local.

Tanto fuentes socialistas como de la Generalidad, consideraban anoche posible una remisión del tema, por parte del Gobierno central, al Tribunal Constitucional. En este sentido, destacaron las airadas reacciones de los centristas catalanes, expresadas en una conferencia de Prensa en la que apuntaron la posibilidad de la mencionada acción legal.

Consejos territoriales

El texto de ley aprobado ayer establece que, una vez desaparecidas las diputaciones, se crearán unos «consejos territoriales» Compuestos por los actuales diputados provinciales. Sus funciones serán meramente residuales y rnarginales, ya que las competencias de las diputaciones pasarán totalmente a la Generalidad. Posteriormente, según determine la futura ley autonómica de ordenación territorial, la gestión de algunas de las funciones pasará a ser competencia de consejos comarcales o supracomarcales («vegueries») que, sin duda alguna, establecerá aquella ley.

La única oposición sistemática aparecida ayer en el Parlamento autonómico fue la de los centristas. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) defendió infructuosamente numerosas enmiendas. Su principal intención era obtener para, dichos consejos territoriales una composición que no fuese la de las actuales diputaciones -surgidas de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979, en las que este partido salió malparado-, sino que respondieran a los resultados de las elecciones autonómicas del 20 de marzo de este año, en que Esquerra incrementó notablemente sus votos.

Los comunistas defendieron algunas enmiendas tendentes a impulsar desde ahora mismo un proceso de comarcalización administrativa. En muchas otras ocasiones se sumaron a la auténtica nueva mayoría -nueva de ayer mismo- que formaban Pujol y los socialistas, ante la cual todo entorpecimiento resultaba inoperante (Pujol cuenta con 43 diputados y los socialistas con 33, sobre un total de 135 escaños).

Los interrogantes que deja abiertos la ley -cuyos últimos artículos continuaban discutiéndose a últimas horas de anoche- son muchos y delicados. Van desde el reconocimiento constitucional con que cuentan las diputaciones a la existencia de infinidad de convenios entre éstas y el Estado, que éste podría reconsiderar.

Otro orden importante es de ámbito general español. Consiste en el ejemplo que la novedad pueda representar en cuanto a remodelación del indefinido Estado de las autonomías. Queda, por ejemplo, muy claro que la proporcionalidad de la elección de los entes autonómicos es muy superior a la propia de las diputaciones, con el consiguiente beneficio que la menor proporcionalidad reporta a las opciones situadas más a la derecha.

Dentro del partido de Pujol existía anoche la convicción de que el equilibrio parlamentario sobre el que hasta ahora se ha mantenido la Generalidad puede haber llegado a su fin, con todas las graves consecuencias que ello implica a nivel parlamentario español, donde la Minoría Catalana ha sido y es el más firme aliado de Adolfo Suárez. Midiendo sus palabras, un alto dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) manifestó anoche a este diario: «Desde el punto de vista catalanista, no tenemos más remedio que cambiar de estrategia, si no queremos perder credibilidad nacionalista. Este cambio sólo puede ser en dirección a los socialistas, por cuanto que los centristas aparecen como incapaces de todo cambio de postura en su política de intento de involución del proceso autonómico catalán».

Con su actitud de ayer, los socialistas mejoraron, sin duda, su imagen pública en Cataluña, sujeta a una constante deteriorización en los últimos meses. Anoche, dirigentes de este partido reafirmaron su voluntad de seguir por este camino, marginando lo que en el pasado fueron actitudes irracionales o infantiles, como la que les llevó en el pasado mes de abril a rechazar la presidencia del Parlamento catalán, que les era ofrecida por todas las opciones políticas parlamentarias.