Los sectores de UCD que no discuten a Suárez perfilan su estrategia de cara al congreso de enero

Ninguno de los temas políticos de la máxima actualidad durante la semana anterior dentro de Unión de Centro Democrático (UCD) -sobre todo los debates de las leyes de autonomía universitaria (LAU) y de divorcio- fueron abordados en profundidad por el Comité Ejecutivo de UCD en la reunión celebrada el domingo pasado en la Moncloa. Sobre la LAU se constituyó una comision para unificar criterios, a la que fuentes socialdemócratas centristas no atribuyen ninguna capacidad de decisión. Los acuerdos adoptados sobre el congreso de UCD previsto para enero tampoco parecen determinantes, a la espera de que se produzca un alineamiento de fuerzas -incluido el sector Martín Villa- que asegure el triunfo de Adolfo Suárez.

El pacto que comienza a perfilarse, al margen de las reuniones del comité ejecutivo, cuenta como presupuesto básico con la continuidad del actual presidente del Gobierno al frente del partido y del Ejecutivo. Sobre el carácter incondicional de este punto de partida, los sectores que vienen apoyando últimamente a Suárez en su propósito de no ceder terreno político por su lado izquierdo, podrían llegar a algún tipo de acuerdo con quienes preconizan -apoyados en esto, desde fuera, por los socialistas- un corrimiento de UCD hacia la derecha que ortodoxamente le corresponde.En el pacto citado, los socialdemócratas y algunos liberales progresistas pueden recibir el apoyo decisivo del sector independiente, vinculado al ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, con las máximas afinidades biográficas con Suárez y con un control importante sobre el aparato del partido en las provincias y, en consecuencia, sobre el congreso de UCD. Los sectores democristianos y conservadores, en general, terminarán aceptando la no discusión de Suárez al frente de UCD a cambio de una mayor presencia en el partido, pensando fundamentalmente en las próximas ediciones del congreso.

En la reunión del domingo -celebrada en un ambiente de giran aburrimiento y con más animación en los pasillos de la Moncloa que en las discusiones oficiales, según asistentes de distintos sectores- se abrió paso una reforma de los estatutos del partido más aceptable para las diferentes tendencias, fundamentada en la moderación del sistema mayoritario de elección. Gran parte de la reunión se dedicó, por lo demás, al análisis de las ponencias enviadas por los militantes centristas, que corrió a cargo de los responsables sectoriales de cada tema.

El Comité Ejecutivo de UCD decidió la constitución de una comisión para unificar los distintos criterios en torno a la LAU. Integran la citada comisión, que hoy iniciará sus reuniones, los ministros de Universidades e Investigación, Luis González Seara; de Educación, Juan Antonio Ortega, y los diputados Oscar Alzaga, Luis Gámir, José, Luis Mellán y José María Martín Oviedo.

La importancia de esta comisión es escasa, según fuentes centristas próximas a la posición mantenida por González Seara y reflejada en el informe de la ponencia que estudió el proyecto de ley. El hecho de haber sido negociada «coma a coma» -según la citada fuente- con la izquierda parlamentaria, evita tener que consensuarla dentro de UCD. «Con UCD o sin UCD, esa ley saldrá», afirmó.

El comité ejecutivo no trató en absoluto sobre la ley de divorcio, que sí requiere el consenso dentro de UCD, dado que la izquierda apoya una ley más radical y Coalición Democrática no apoyará los puntos esenciales del proyecto de ley gubernamental, que proceden en su mayor parte -como destacan los socialistas y los centristas democristianos- del inicial texto presentado por Iñigo Cavero y del subsiguiente pacto con la izquierda.

El polémico Estatuto de Libertades Públicas

Una de las cuestiones no discutida en la reunión oficial, pero si en los pasillos de la Moncloa, fue la presentación por el grupo de UCD del Senado de una proposición de ley sobre el Estatuto de Libertades Públicas, no asumida por el ministro de Justicia, en su parte sustantiva (véase EL PAIS de 6-12-1980). Algunos miembros de la ejecutiva centristas recordaron que Adolfo Suárez, en su discurso ante el Congreso para pedir la confianza de la Cámara, manifestó que los derechos fundamentales y libertades públicas que la Constitución consagra «necesita un desarrollo adecuado» y que, aunque podría optarse por regularlos en leyes orgánicas singulares, resulta «más adecuado reconducir a un Estatuto de Libertades Públicas y de amparo judicial el tratamiento de esta materia».