El Estatuto de las Libertades

LA DECISION del Grupo Parlamentario Centrista del Senado de utilizar el derecho de esta Cámara a la iniciativa legislativa, que los artículos 87 y 89 de la Constitución le reconocen, para presentar una proposición de ley tan importante como el Estatuto de las Libertades Públicas es una sorpresa más que nos depara ese baúl de intrigas y maniobras en que UCD parece haberse convertido en este accidentado otoño. Aunque nada haya de formalmente irregular en la propuesta senatorial, revisten aspectos específicamente políticos que requieren un intento de análisis. Las relaciones del Gobierno con su partido, las evidentes tensiones en el seno de UCD, la sensación de postergación de la Cámara alta respecto al Congreso y la contradicción de que un texto constitucional elaborado por consenso sea desarrollado mediante mayorías aritméticas son algunas de las piezas de este rompecabezas.La pertinencia del Estatuto de las Libertades Públicas, anunciado por el presidente del Gobierno en el Pleno de la cuestión de confianza, había sido puesta en duda en su momento por la oposición parlamentaria. El capítulo II del título 1 de la Constitución, que se ocupa de los derechos y libertades, no remite globalmente a ninguna ley orgánica para su desarrollo, instrumentación normativa que, en cambio, se halla prevista por muchos artículos del texto legal, incluidos algunos de ese mismo capítulo. De otra parte, el artículo 53 de la Constitución es suficientemente taxativo al establecer que «los derechos y libertades» reconocidos en el capítulo II del título 1 «vinculan a todos los poderes públicos» y al señalar que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de esas libertades y derechos ante los tribunales ordinarios, «por un procedimiento basado en los principios de preferencia y su mariedad». Si bien la ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, de 26 de diciembre de 1978, no es propiamente un desarrollo del artículo 53 de la Constitución, forzoso es señalar que, aunque sea en paralelo, ha contribuido notablemente a las garantías procesales de esas libertades.

No se termina, así pués, de ver claramente la conveniencia y la utilidad del Estatuto de las Libertades en sus aspectos sustantivos ni su vigencia en cuestiones de procedimiento. Si el Estatuto se limita a parafrasear los artículos de la Constitución, será una pura redundancia y una manifestación más de la glotonería legislativa y la graforrea normativa que suele caracterizar a los abogados y funcionarios metidos a políticos. Si su propósito es -como teme o denuncia la oposición- el recorte de esos derechos y libertades, estaríamos ante un nuevo intento de socavar mediante vías inconstitucionales nuestra norma fundamental. El presidente Suárez, al referirse, en el Pleno de septiembre, al incoado Estatuto, le asignó la función de «despejar legalmente las incertidumbres y contradicciones que suscitan en la práctica» algunos aspectos del ejercicio de las libertades. La circunstancia de que en la proposición de ley del Senado ocupen una considerable parte los aspectos sustantivos de las libertades justifica los recelos y los temores de que, efectivamente, el gato pueda sustituir a la liebre en la empanada legislativa que el Grupo Centrista de le Cámara alta ha cocinado. Pues el amparo judicial, al que también se refirió en su día el presidente del Gobierno, no hubiera necesitado más que la regulación procesal de su protección por los tribunales.

El complejo de inferioridad del Senado respecto al Congreso se alimenta de razones tan sólidas como su papel subordinado en el proceso legislativo, las atribuciones exclusivas del Congreso para designar y destituir al presidente del Gobierno y la concentración en la Cámara baja de las grandes estrellas y pesos pesados de la política y de los partidos. Pero la revancha del Senado al asumir la iniciativa legislativa en una cuestión tan importante como el Estatuto de las Libertades no va más allá de una inocente picardía, ya que, según establece el artículo 89 de la Constitución, las proposiciones de ley de la Cámara alta deben ser remitidas para su trámite al Congreso, que recupera así su prelación nada más iniciado el proceso legislativo.

Pero si los celos o piques entre el Senado y el Congreso no revisten mayor importancia, el hecho de que el Grupo Centrista de la Cámara alta haya arrebatado al Gobierno y al ministro de Justicia y de Desarrollo Constitucional la iniciativa legislativa del Estatuto de las Libertades es un asunto grave. Porque el abstracto enfrentamiento entre el Gobierno y el Senado adquiere su verdadero significado cuando se recuerda que es Francisco Fernández Ordóñez quien recibe la bofetada y cuando se asocia esta fronda de miembros de UCD con escaños en el Senado a la ofensiva desencadenada en el Grupo Parlamentario Centrista contra la ley de Autonomía Universitaria y la ley de Divorcio, dos proyectos propiciados por el sector que encabeza el actual ministro de Justicia y combatidos por los sectores neoconfesionales y conservadores del centrismo.

El PSOE, que ya criticó en el Pleno de septiembre la idea misma del Estatuto de las Libertades, ha recibido de uñas el anuncio de la proposición de ley del Grupo Centrista del Senado. No les falta razón a los socialistas al señalar que un capítulo tan básico de la Constitución como el referente a las libertades, para cuya eventual revisión se establece un procedimiento restrictivo idéntico al ideado para la Corona, no debe ser desarrollado por la iniciativa exclusiva de UCD. En cambio, no resulta tan clara la estrategia socialista y su política de alianzas, tanto respecto a este tema como a otras cuestiones.

Hace pocos días, un diputado del PSOE atacó virulentamente a Francisco Fernández Ordóñez en la Comisión de Justicia, acusándole de querer protagonizar la ley de Divorcio y poniéndole en el mismo plano y la misma altura que los centristas que quieren cercenar el texto de ese proyecto. Sin embargo, los hechos, que son bastante tercos, aducen con esta emboscada senatorial del Estatuto de las Libertades una nueva prueba de que no todos los gatos son albos en UCD. La impresión de que el avance sobre el poder de la infantería democristiana, con un nutrido estado mayor semioculto en las colinas, está siendo facilitado por el pesado fuego artillero que las baterías del PSOE descargan sobre el presidente del Gobierno y el sector laico y progresista de su Gabinete se hace cada vez más verosímil. En ese graneado tiro al blanco para abrasar a Adolfo Suárez y a los llamados socialdemócratas habíamos visto ya utilizar como proyectil el alzamiento sobre el pavés de Manuel Fraga como líder natural de una mayoría, también natural, de la derecha, en una curiosa extrapolación de la zoología a la política, y como único diestro en condiciones de alternar en la plaza con Felipe González. Ahora le corresponde el turno, al parecer, a Fernández Ordóñez, tanto o más culpable que sus adversarios, según esta deformada óptica de que la ley de Divorcio y la ley de Autonomía Universitaria que quiere aprobar sean mutiladas y de que el Estatuto de las Libertades que no desea tramitar sea presentado a las Cortes.