Posible fraude de 2.500 millones de pesetas en la Junta de Arbitrios de Canarias

José Carlos Mauricio, consejero del Partido Comunista de Canarias-PCE en la Junta de Canarias, solicitó, en una asamblea de funcionarios de la Junta Interprovincial de Arbitrios Insulares (JIAI), celebrada ayer en el salón de sesiones del Cabildo Insular de Tenerife, la creación de una comisión de encuesta para investigar un posible fraude de alrededor de 2.500 millones de pesetas en el órgano recaudador de los impuestos insulares.

Mauricio fue invitado a intervenir, sin la presencia de periodistas, en una asamblea convocada por la comisión de representantes de trabajadores de la JIAI, a fin de que expusiera las razones en que se basa para hablar de tal corrupción. El consejero del órgano preautonómico afirmó en dicha reunión que los responsables del supuesto fraude, muy concretos altos funcionarios, poseen, en determinados casos, vinculación política con el partido gubernamental en las islas. Las anomalías administrativas que denuncia el político de la Junta se refieren fundamentalmente al falseamiento de cierta documentación utilizada por el empresariado indio para las importaciones de sus productos electrónicos que venden en el archipiélago. Citó Mauricio el caso de una empresa de este ramo en la isla de Gran Canaria, a la que se le abrió expediente, más tarde congelado por causas desconocidas.

El presidente de la JIAI, José Miguel Galván, podría haber emitido un decreto interno, según Mauricio, en el que solicita la intervención del servicio de inspección de dicho órgano fiscal insular en relación con la supuesta corrupción mencionada.

Plan de Urgencia

La dotación para la puesta en marcha del Plan de Urgencia de Canarias ascenderá a 45.681 millones de pesetas durante 1981, según ha podido saber Efe en fuentes del Ministerio de Economía. En la reunión de anteayer entre el ministro de Economía, Juan Antonio García Díez, y diversos miembros de la Junta de Canarias se llegó al acuerdo de destinara la financiación del PUCA 35.681 millones de pesetas, como inversiones del Estado, más 10.000 millones más de crédito oficial.