Las discrepancias internas de UCD cristalizaron el debaten de los primeros artículos de la LAU

Las discrepancias de fondo que existen en el seno del Grupo Parlamentario Centrista en torno al proyecto de ley de autonomía universitaria (LAU) quedaron patentes ayer en el debate de la Comisión de Universidades e Investigación del Congreso, que dictaminó los cinco primeros artículos sin modificar esencialmente el texto del informe de la ponencia. No prosperó la enmienda del diputado centrista José Luis Meilán al tercero de dichos artículos, que define a la universidad como «servicio público», para la que contó con el apoyo de seis votos de su grupo y uno de Coalición Democrática, representada por Manuel Fraga.

El debate giró mucho más alrededor de la evidente confrontación interna del Grupo Parlamentario Centrista que del propio contenido de los artículos y de las enmiendas. Un debate verdaderamente agrio, tanto al principio como al final de la sesión, que quedó aplazada hasta la próxima semana, ante las protestas de los representantes de la oposición, que acusaron al Grupo Parlamentario Centrista de «estar contribuyendo a la paralización de la universidad española», en palabras del diputado socialista Alfonso Lazo, o de «atentar gravísimamente no ya contra la seriedad de esta Cámara, sino contra la propia institución universitaria», en opinión de Eulalia Vintró, portavoz del Grupo Parlamentario Comunista.La diputada comunista afirmó también que el partido del Gobierno estaba posponiendo la tramitación de esta ley por peleas internas, «cuando lo único que debería preocuparnos es la universidad, que quizá ya no exista cuando lleguemos con la ley».

Por su parte, Juan María Bandrés, deI Grupo Mixto, dijo que la propuesta de aplazar la sesión no era insólita, puesto que estaba prevista por todos y que se felicitaba par el hecho de que «a partir de hoy, UCD ha dejado de ser un partido estalinista», en evidente referencia a la cristalización de las divergencias centristas. Concluyó señalando que «es necesario que se sepa quién obstruye una ley tan necesaria».

Los representantes de CD y de las minorías Catalana y Vasca, acordes con los grupos de la oposición respecto de la inconveniencia de dilatar indefinidamente el trámite de la ley, se mostraron conciliadores en cuanto a la oportunidad de un aplazamiento momentáneo, que, en su opinión podría contribuir a reducir tensiones.

Gabriel Urralburu, representante de Socialistas de Euskadi, interpretó que las dilaciones de UCD no son sino el reflejo de una lucha interna del partido», para ganar posiciones ante acontecimientos ajenos al Parlamento», y resumió su posición diciendo que «no estamos en el debate del congreso de UCD».

Retraso de dos horas

Tan polémico epílogo, zanjado con la decisión, potestativa de la mesa, de aplazar la sesión sin concretar cuándo podría reanudarse ni explicar las razones de UCD para este aplazamiento, tuvo su prólogo al iniciarse la sesión, con un retraso de dos horas, tampoco convenientemente aclarado por los portavoces del Grupo Centrista.

Gregorio Peces-Barba había pedido que constase en acta la protesta del Grupo Socialista por el retraso y por el cambio de hora en la convocatoria de la comisión que el diputado centrista, José Ramón Pin realizó en los paneles de avisos del Congreso. Su solicitud de que se acelerase la tramitación del proyecto de ley contó con la aquiescencia expresa del portavoz centrista, Luis Berenguer, quien convino con el diputado socialista en la urgente necesidad de la ley de Autonomía Universitaria. Consecuentemente, cuando Luis Berenguer propuso posteriormente el aplazamiento, Peces-Barba reprochó a los parlamentarios centristas su «incoherencia», y precisó que, por cortesía parlamentaria, su grupo habría aceptado un aplazamiento si UCD lo hubiera pedido expresamente como consecuencia de sus dificultades internas.

Contra la definición de la universidad como servicio público, contenida en el artículo tercero, intervino Manuel Fraga, que defendió una enmienda presentada por su compañero de grupo, Juan Luis de la Vallina. Dijo el diputado de CD que tal definición representa un grave atentado contra el principio constitucional que reconoce la libertad de creación de centros.

También defendió una enmienda con parecidos argumentos, derrotada como quedó dicho al principio, el diputado centrista Meilán Gil, quien empezó por decir que intervenía más de cara a la Prensa que pala la propia comisión. Calificó el concepto de «servicio público» como un precepto socialfranquista que hasta podría entonarse con los sones de Montañas nevadas, que él jamás había cantado, y aludió tácitamente a quienes dentro de su grupo parlamentario no podrían decir lo mismo.

Enfatizó que tanto su intervención ante la comisión, como la que había tenido el día anterior en la reunión de su grupo parlamentario, respondía a una postura personal, obligada por su condición de profesor universitario, pero que él no había encabezado ningún a polémica en dicha reunión. Se refirió con extrema dureza al tratamiento dado por la Prensa de la mañana a la reunión de su partido y, posteriormente, ya fuera del recinto de la comisión, manifestó que cada día le entristecía más la «manipulación de que sois objeto los periodistas». Aludió concretamente a la información de Diario 16 y al titular de primera plana de EL PAIS, y dijo que, «evidentemente, yo no soy accionista de Diario 16».