Silencio sobre las elecciones sindicales
EL PASADO 30 de noviembre debería haber concluido en teoría el período electoral sindical, que adoptó con efectos retroactivos como fecha de comienzo el pasado 15 de marzo, momento en el que entró en vigor el Estatuto de los Trabajadores, y que fue acelerado y generalizado a partir del 15 de octubre. Aunque las propias centrales sindicales mayoritarias fijaron, de acuerdo con la Administración y con la CEOE, ese marco temporal, hay suficientes indicios para suponer que el plazo va a ser ampliado con propósitos nada claros.La normativa electoral dictada por el Ministerio de Trabajo el pasado verano que dejó insatisfechas a todas las centrales, estableció la fecha de 31 de diciembre como tope máximo para la recepción por el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (IMAC) -organismo autónomo del Ministerio de Trabajo- de las actas con los resultados finales, a fin de calcular la representatividad exigida a cada central para participar en organismos institucionales. Sin embargo, esa disposición nada decía de la fecha tope para homologar los resultados electorales a efectos de determinar la representatividad sindical en las negociaciones colectivas, finalidad que constituye el objetivo fundamental de los comicios.
Hasta el momento han sido elegidos sólo unos 90.000 delegados de los 175.000 que previsiblemente tendrían que salir de las urnas. Los comicios sindicales amenazan con prolongarse hasta bien entrado 1981. La central sindical hasta ahora mayoritaria, Comisiones Obreras, no parece demasiado preocupada por esta inusual prórroga ni tener excesiva prisa en que los resultados electorales al 30 de noviembre, que casi con toda seguridad la proclamarán ganadora, sean oficialmente contabilizados por el IMAC para determinar la representatividad en la negociación colectiva. La razón es que Comisiones Obreras, marginada en los convenios colectivos de duración bianual, que fueron suscritos entre la CEOE y UGT al amparo del acuerdo-marco, y que no vencerán hasta mediados o finales de 1981, no tiene ninguna prisa en una homologación de la representatividad, de la que no podrá hacer uso práctico hasta la nueva discusión de los convenios. De esta forma, la posibilidad de alargar los flecos de las elecciones sindicales incluso hasta el verano de 1981 está claramente sobre el tapete.
El Gobierno, por su parte, está apostando de forma cada, vez más resuelta e irreversible por la consolidación de la Unión Sindical Obrera (USO). El proyecto de que USO mantenga con UCD relaciones semejantes a las que vinculan a CC OO con el PCE y a UGT con el PSOE ha sido largamente acariciado desde hace tiempo por medios oficiales, pero sólo ahora el tacto de codos comienza a ser sustituido por una formulación clara de esos nexos. La circunstancia de que el electorado del centro es en ciertamedida también interclasista y la creciente importancia del sector terciario en la estructura social española confieren a esa tentativa ciertos visos de posibilidad. Se puede atacar o defender esa opción, bautizarla de amarilla o reivindicar el derecho de libre sindicación bajo el amparo centrista. Pero lo que no resulta admisible es que el Gobierno utilice el aparato estatal y el dinero de los contribuyentes para propiciar, con grave deterioro para los intereses colectivos, ese lanzamiento de USO.
La prolongación de hecho del proceso electoral y el silencio sobre la homologación oficial de los resultados ya obtenidos coinciden con el dato de que, hasta el presente, USO no parece capaz de alcanzar ese 10% mínimo que da derecho a figurar como interlocutor en la negociación colectiva. La tradicional inoperancia de anteriores ministros de Trabajo queda ennoblecida cuando se compara su gestión con la de Félix Pérez Miyares, y tal vez se deba esto a las muchas preocupaciones y disgustos que le dan sus responsabilidades como presidente de la UCD de Andalucía. Sin embargo, el absentismo del ministro de Trabajo y la incompetencia del IMAC no pueden explicar, por sí solos, el incumplimiento de los plazos electorales. La tierra prometida del 10% de representatividad para uso y la imposibilidad de alcanzarla con los datos del 30 de noviembre son un factor presumiblemente más poderoso para explicar ese indefinido arrastramiento de los comicios.
UGT es una de las partes perjudicadas por la inconclusa campaña. Aunque los datos más fiables la sitúan aún tres puntos detrás de CC OO, ha visto incrementada su representatividad en un 10%, lo que constituye una victoria tras los considerables riesgos que la central socialista asumió al votar afirmativamente el Estatuto de los Trabajadores y suscribir el acuerdo-marco. La prolongación de la campaña electoral perjudica a la central socialista, que encuentra la gran parte de sus votos entre los trabajadores no afiliados, cantera precisamente que USO trata ahora de explotar. En resumen: el marco entero de las relaciones laborales, tan necesitado de claridad y consolidación y tan necesario para afrontar la crisis económica, queda gravemente dañado por esa política gubernamental de imprecisiones, indefiniciones y silencios. La apuesta de UCD por una tercera vía sindical a la que pueda controlar o mediatizar no puede tener como precio una política obstruccionista que impida, entre otras cosas, que sigamos sin conocer con exactitud el respaldo con el que cuentan las centrales sindicales.
