El Congreso concluyó el largo debate sobre los Presupuestos del Estado para 1981

A las 3.15 de ayer, con 262 diputados en el hemiciclo y después de casi setenta horas de debates -de las que correspondieron más de catorce a la última jornada-, el Pleno del Congreso terminó el estudio de los Presupuestos Generales del Estado para 1981. La semana próxima los discutirá el Senado y probablemente serán definitivamente aprobados por la Cámara baja -si la alta introduce alguna modificación- el 29 de diciembre, según anunció el presidente, Landelino Lavilla. La tensión acumulada durante las largas sesiones estalló al final en una intervención triunfalista de Miguel Herrero, a quien Alfonso Guerra calificó de demagogo.

El portavoz centrista, utilizando un turno de réplica a la última enmienda defendida, agradeció a toda la Cámara «la aprobación en tiempo de unos Presupuestos acordes con la política del Gobierno que mi grupo respalda». Eran las 3.13 de la madrugada y los diputados comenzaban ya a marcharse. El portavoz socialista, Alfonso Guerra, tuvo todavía reflejos para protestar al presidente de la Cámara por el uso incorrecto del turno utilizado."¿Nuclear? No, gracias"

En línea con el eslogan popular contrario a la energía nuclear -«¿Nuclear? No, gracias», como rezan muchas pegatinas-, la izquierda insistió con energía durante las últimas horas del debate presupuestario en su oposición a la consolidación de la energía nuclear en nuestro país, al menos sin las debidas garantías. Durante el estudio de la sección correspondiente al Ministerio de Industria y Energía, socialistas y comunistas impugnaron diversas partidas, entre ellas los 380 millones de pesetas destinados al centro nuclear de investigación de Soria. «El Gobierno no se atreve a explicarnos para qué sirve ese centro», dijo el socialista Manuel Núñez Encabo. El centrista Francisco Gari aseguró que el centro de Soria prevé reactores rápidos a largo plazo. Criticó a la izquierda por su intento de recortar todo lo posible la ejecución de decisiones va adoptadas Y aprobadas en el Plan Energético Nacional.

En relación con esta misma sección, el socialista Pedro Silva impugnó la totalidad del presupuesto al Instituto Nacional de Industria, por entender que este organismo autónomo necesita cambiar su régimen jurídico, su estructura financiera, el comportamiento complementario de sus empresas públicas -cuyo crecimiento es insatisfactorio-, así como afrontar su cambio de imagen.

Ninguna de estas enmiendas prosperó, como tampoco el intento socialista, que defendió Ciriaco de Vicente, en el debate sobre la sección del Ministerio de Comercio y Turismo, de aumentar en doscientos millones de pesetas la dotación para el Instituto Nacional del Consumo, deduciéndolas de la subvención a la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT). Tampoco prosperó la petición, por el comunista Marcelino Camacho, de 1.200 millones de pesetas para subvencionar las organizaciones sindicales, en función de los votos obtenidos.

Entre el patetismo y el machismo

El cierto aire patético con que el líder de CC OO defendió esta enmienda -acentuado por su ronquera y por tratarse de su última intervención parlamentaria-, contrastó con el aire más sencillo con que la socialista catalana Ana Balletbó defendió la dedicación de veinticuatro millones de pesetas para la creación de centros de orientación familiar, detrayéndolos de las campañas para «sensibilización sobre la condición femenina». Pidió acabar con estas campañas y con la hipocresía machista en el lenguaje, como la de hablar de «profilácticos derivados del caucho, en lugar de hablar de preservativos, como hacen en casa». Sus argumentos debieron enternecer a la centrista Carmela García Moreno, que anunció la concesión de seis millones de pesetas para centros de orientación familiar.

En esta línea argumental tuvo menos suerte el socialista Miguel Angel Martínez, quien había criticado la escasa dotación -54 millones de pesetas- para el Instituto Hispano-Árabe de Cultura, apelando incluso a la colaboración que «yo practico en mi propia casa, donde he hecho dos niños a mi mujer, que es árabe». El ministro de Asuntos, Exteriores, José Pedro Pérez Llorca, dio por buena toda clase de colaboración intemacional, pero no aceptó aumentar la asignación al Instituto.

El socialista José Bono -quien arrancó el aplauso más intenso de la madrugada- defendió varias enmiendas encaminadas a pasar a las diputaciones provinciales los millones destinados a acción comunitaria y que vienen distribuyendo los gobiernos civiles. Negó que estos últimos utilicen criterios objetivos. Denunció que la mayor parte de la asignación para planes provinciales en 1979, destinado a catástrofes, fue repartido antes de las elecciones generales y municipales con intención partidista, «a no ser que se consideren las elecciones como una catástrofe». Las enmiendas fueron rechazadas.