Los consejos de Prensa no son compatibles con una legislación sobre la libertad de expresión

El secretario de la Asociación de Editores Españoles, Pedro Crespo de Lara, propuso al final del seminario sobre Los consejos de Prensa en Europa, celebrado ayer y anteayer en Madrid, la constitución, previa reflexión y debate, de un consejo de Prensa para España, a pesar de que no existen en estos momentos las condiciones de libertad de expresión y entendimiento profesional suficientes como para hacer de este, organismo un instrumento válido de autocontrol, de servicio al lector y de independencia frente a los poderes públicos.

La última sesión de este seminario, organizado por el Club Internacional de Prensa y por la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann, se transformó de una propuesta inicial de creación de un consejo de Prensa en un debate en profundidad sobre la situación de la Prensa en España, en el que participaron como ponentes los directores de EL PAIS, Juan Luis Cebrián; de Abc, Guillermo Luca de Tena, y de La Vanguardia, Horacio Sáenz Guerrero, y el secretario de la AEDE, Pedro Crespo de Lara.La posibilidad de creación en España de un consejo de Prensa se había perfilado tras las exposiciones sobre la historia, organización, financiación, tareas y repercusiones en el periodismo de estos organismos en Suecia, República Federal de Alemania e Inglaterra, países modélicos que gozan de una de las más altas cotas de libertad de expresión de los sistemas occidentales. Seis miembros de estos consejos y expertos en información se encargaron de explicar hasta qué punto los consejos de Prensa en sus países funcionan como órganos eficaces para mantener una Prensa libre de las presiones de los poderes públicos.

El interés que reviste para España la experiencia europea de los consejo de Prensa como órganos de autocontrol fue compartido en la presentación del seminario, tanto por el presidente del Consejo de Administración de EL PAIS, José Ortega, como por el presidente del Instituto Internacional de Prensa, Peter Galliner. Este último, citando a Antonio Fontán, presidente del comité español del IPI, dijo que una ley de Prensa tiene difícil cabida en el espíritu de la Constitución española y que antes que exista un control gubernamental es preciso que se autocontrole el propio sector de la Prensa.

Los directores de EL PAIS y La Vanguardia, aunque partidarios de la creación de un consejo de Prensa para España, se sintieron, no obstante, radicalmente pesimistas. Para Juan Luis Cebrián no existen en estos momentos condiciones objetivas para la creación de este consejo, debido fundamentalmente a la falta de clarificación legal de la ley de Prensa (que para unos es anticonstitucional, para otros está abolida y para otros está vigente) y también a la falta de clarificación de la profesión, dividida en estos momentos por las tendencias corporativistas de las asociaciones o por las tendencias sindicales.

Falta de solidaridad

Para Juan Luis Cebrián, un consejo de Prensa en España es impensable también por la falta de solidaridad empresarial, profesional y social ante los ataques a la libertad de expresión, que han arreciado desde diversos sectores en los últimos años y que hacen que, en estos momentos, la libertad de expresión se encuentre con más de cien informadores sometidos a procesos, con un líder de la oposición que pide que se cierren tres periódicos, con presiones directas del Gobierno para que no se publiquen determinadas informaciones y con luchas y ataques internos entre los propios agentes sociales de, la información, en una situación mucho más lamentable que la existente hace tres años.Horacio Sáenz Guerrero, que comparte este diagnóstico, lo explicó como signo de una crisis que no sólo afecta al sector de Prensa, sino a todas las fases de la construcción de la democracia, «una democracia que no es sólo una forma de elección por mayoría, sino que es esencialmente un código moral de comportamiento y de entender las cosas. «En España sería difícil», según el director de La Vanguardia, «llegar a un acuerdo sobre el consejo de Prensa porque no hay posibilidad en estos momentos de ejercer en Prensa una autoridad de carácter moral, ajena a los poderes públicos, con poder efectivo».

Guillermo Luca de Tena y Pedro Crespo de Lara defendieron la viabilidad y necesidad del consejo de Prensa en España, porque la Prensa debe vigilarse a sí misma para que no la vigile el Gobierno, porque las condiciones de rapidez del periodismo exigen un autocontrol, porque acechan los peligros del fanatismo y la intransigencia o el de las presiones económicas y porque la Prensa se convertiría, con el consejo, en un «perro vigilante con dos cabezas, una que ladraría hacia el exterior (los poderes públicos) y otra que ladraría hacia dentro (autocontrol)».

No a la ley de Información

La propuesta de un consejo de Prensa para España se sitúa dentro del entendimiento de la práctica informativa en un terreno distinto al propugnado hasta ahora, tanto por las Federaciones de Asociaciones de la Prensa, que han presentado al Gobierno un borrador de ley de información de corte gremialista y corporativista, como por la Unión de Periodistas y sindicatos, UGT y CCOO, que han promovido, por su parte, otra ley de información muy distinta a la anterior y acorde con sus respectivas formas de entender la información. La existencia de un consejo de Prensa supone de entrada la no existencia de cualquier ley de información, postura que defiende desde siempre el Instituto Internacional de Prensa y la Asociación de Editores Españoles.El consejo de Prensa sería la primera forma de defensa de la información concebida en su totalidad, es decir, los que la promueven, o empresarios, y los que la realizan, o periodistas, frente a los intentos de control por parte de los poderes públicos, bien directamente o bien a través de determinadas leyes. En este aspecto, este organismo sería compatible con la existencia de otros organismos de autocontrol y defensa que englobaran a los profesionales de la información, tales como las asociaciones, las sociedades de redactores o los comités de redacción contemplados en los estatutos de redacción, y en el orden laboral, los sindicatos de Prensa. El consejo de Prensa, al ser un organismo supraasociativo, no impide la existencia de esas otras asociaciones de profesionales que nacen ya no sólo para defender la información del control de los poderes públicos y otros grupos de presión, sino también para defender esta información del control negativo de la propia empresa; todo ello, en beneficio de los lectores.

Los consejos de Prensa han surgido normalmente en los países con un sistema social calificado como de «democracia liberal», que propugna una Prensa independiente de los poderes públicos, para que de esta forma pueda criticar y controlar a estos poderes. Es precisamente en estos países donde la Prensa, por estas razones, ha recibido el calificativo de «cuarto poder», junto con los otros tres (ejecutivo, legislativo y judicial).

Tercera vía

Entre la censura o la intervención estatal y el más puro y absoluto «dejar hacer» se ha abierto una tercera vía a través de los consejos de Prensa, que se han constituido desde hace algunos años en este tipo de países al margen de la intervención directa de los poderes públicos. Estos consejos se justifican por la idea de que el público tiene el derecho a estar correctamente informado. Los defensores de la existencia de estos consejos creen que con ellos es más fácil asegurar la eficacia de esta responsabilidad de informar bien al lector que si se cuenta con la tutela administrativa o gubernamental para el mismo cometido.Aunque los consejos de Prensa están compuestos normalmente por comisiones proporcionales, según los casos, de los protagonistas de la actividad informativa, periodistas y propietarios de las empresas, también incluyen en su organización a personas ajenas a la profesión, como son políticos, magistrados o comisiones de lectores. Ello justifica en parte que los consejos no deben, estar al servicio exclusivo de empresarios y periodistas, sino que deben defender la libertad de Prensa en general y mantener ciertas reglas de deontología.