Amnesty y España

HOY SE ha hecho oficialmente público el informe de Amnistía Internacional que recoge las investigaciones y conclusiones de una misión enviada por esa organización a nuestro país en octubre de 1979. El informe médico de los presuntos malos tratos y torturas a catorce detenidos es un inventario desolador de abusos cometidos al amparo de la llamada ley Antiterrorista, de 4 de diciembre de 1978, cuyo texto, ligeramente modificado, ha sido recogido por la llamada ley de Suspensión de Derechos Fundamentales, aprobada por el Congreso con el voto de centristas, socialistas y comunistas.El informe incluye, además un examen de la normativa vigente, especialmente la que recorta los derechos y libertades reconocidos en el título I de la Constitución, y unas conclusiones y recomendaciones cuyo propósito y sentido último es llamar la atención acerca de las implicaciones prácticas en contra de la garantía de los derechos humanos que llevan aparejadas las leyes excepcionales y la falta de control por el poder judicial y el ministerio fiscal en su aplicación.

Amnistía Internacional señala que la prolongación hasta diez días del período de detención gubernativa, la negación del derecho del detenido a contar con la asistencia de un abogado y a recibir visitas de sus familiares, la falta de una supervisión efectiva por parte de jueces, fiscales y personal médico y el anonimato de los agentes encargados del interrogatorio pueden facilitar de hecho los malos tratos y las torturas. La sugerencia de que la jurisdicción en favor de la Audiencia Nacional no debería impedir que la primera decisión fuera adoptada por el juez más próximo al lugar de la detención va acompañada de la observación de que esa jurisdicción especializada debería contar, en cualquier caso, con el número de jueces instructores suficientes para ejercitar la supervisión efectiva de las diligencias policiales. Igualmente razonable es la recomendación de que el fiscal general diera instrucciones a los fiscales bajo su jurisdicción en todo el país para que, por un lado, no descuidaran su deber de proteger los derechos de los detenidos en las comisarías

En un comentario publicado hace algunas semanas (véase EL PAIS de 16-IX-1980) expusimos nuestro temor a que el anunciado informe de Amnistía Internacional diera lugar a una energuménica reacción de rechazo, semejante a la campaña instrumentada en la primavera de 1962 -como el pasado sábado tuvieron ocasión de recordar los espectadores de televisión- a propósito del llamado contubernio de Munich. La posibilidad de repudiar ese documento por su origen es, sin embargo, muy débil, por no decir inexistente. Las malas noticias no se suprimen cortando la cabeza de quien las comunica. Amnistía Internacional, premio Nobel de la Paz en 1977, ha realizado informes todavía más acusadores para el orgullo nacional y más dolorosos para la sensibilidad ciudadana, sobre violaciones de los derechos humanos, en muchos otros países, y nunca ha sesgado sus investigaciones en función del sistema de propiedad, del régimen político o del nivel de desarrollo de las colectividades afectadas.

Por lo demás, la breve introducción al informe abunda en matizaciones y precisiones que disipan cualquier malentendido acerca de la posición de Amnistía Internacional sobre la transición española a la democracia. Así, el documento señala que «las reformas de carácter constitucional y legal recientemente introducidas» en el ordenamiento jurídico español. «han resultado, sin duda, en mejoras de importancia», afirmaciones de las que sería «incorrecto» inferir, sin embargo, que «la situación actual de los detenidos en España se halle libre de deficiencias graves».

Si sería insensato atribuir a malquerencia u hostilidad contra España o contra la Monarquía parlamentaria ese documento, todavía más peregrino resultaría considerarlo como una toma de posición en favor de la violencia de las bandas armadas. El informe de Amnistía Internacional repite, una vez más, que «condena el empleo del asesinato político por parte de grupos armados», lo que no obsta para que también condene los malos tratos y las torturas a los detenidos por instancias gubernamentales.

Los derechos humanos constituyen un todo indivisible y un principio que se debe defender y garantizar por encima de cualquier consideración coyuntural o pragmática. Y no cabe condenar las violaciones de los derechos humanos que llevan a cabo las bandas terroristas con sus asesinatos y secuestros mientras aparta la vista, se interpone un velo de cinismo o de razón de Estado o se hace casuismo cuando los titulares del monopolio legal de la violencia lo convierten en ilegítimo al atentar contra derechos que la moral humana consagra y que el título I de nuestra Constitución reconoce. Amnistía Internacional se lamenta en el informe de que el Gobierno español, que tiene en su poder el documento desde el pasado mes de septiembre, no le haya hecho llegar ningún comentario u observación al respecto. Como apuntamos en nuestro comentario editorial antes citado, organizaciones como Amnistía Internacional tienen derecho a que su voz sea escuchada con atención y Gobiernos democráticos como el español tienen el deber de no despacharla como un ruido molesto. La mejor manera de ayudar a la consolidación del régimen de libertades en nuestro país es señalar públicamente los casos concretos en que éstas son pisoteadas y criticar los marcos institucionales y legales que hacen posible esos atropellos. Las denuncias de Amnistía merecen una reflexión y los españoles necesitamos una explicación de las autoridades.