Durísimos informes a la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina y Chile

Argentina y Chile amenazan con abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), que celebra en Washington su décima asamblea anual, si esta organización vota un proyecto de resolución en el que se consideren país por país los casos de violación de los derechos y las libertades fundamentales del hombre.

La comisión de asuntos políticos y jurídicos de la OEA trabaja en un borrador que tiene como datos fundamentales los durísimos informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación argentina y chilena, además de otras dictaduras militares latinoamericanas.Los Gobiernos de Buenos Aires y Santiago presionan para que la asamblea, con el visto bueno de Washington, adopte recomendaciones generales en lugar de detenerse a analizar la represión de forma individual.

El informe sobre Argentina fue presentado el domingo a la OEA por el presidente de la CIDH, el jurista norteamericano Tom Farer, y su conclusión principal es que el Gobierno militar argentino no ha dado una sola explicación sobre los alrededor de 5.000 desaparecidos estimados por la comisión.

En el documento se señala que la Junta Militar es «responsable de graves violaciones de los derechos humanos, cuya consecuencia más seria es la desaparición de alrededor de 5.000 personas». El informe presentado por Farer ante la comisión jurídico-política de la asamblea se basa en las conclusiones de una investigación realizada por la CIDH en Argentina, entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo informe se considera «muy duro» en medios argentinos de la capital norteamericana, ha llegado a la conclusión de que la mayoría de los desaparecidos están muertos y han sido enterrados clandestinamente con la ayuda de las Fuerzas Armadas. Las desapariciones, según la CIDH, fueron obra de «grupos civiles fuertemente armados, que operaban a la luz del día y se movían en automóviles sin placas de matrícula».

El informe del jurista Farer establece que los así detenidos eran trasladados a prisiones clandestinas y torturados. «Ninguna de estas acciones», en opinión de Tom Farer, «podía ser ignorada por las autoridades». La CIDH considera que todavía hoy la situación de los presos políticos en Argentina es sólo ligeramente menos dura «que la de los asesinos y criminales convictos».

El caso chileno

El representante de Chile en la OEA calificó el domingo de «poco objetivo e injusto en su fondo y forma» el capítulo dedicado por la CIDH al país andino. El embajador Mario Calderón refutó que la «práctica de la tortura continúa en Chile», tal y como se afirma por la Comisión de Derechos Humanos.El embajador chileno ha afirmado que pedirá a su Gobierno que retire la cooperación que ha venido prestando a la CIDH, y ha acusado a ésta de falta de objetividad: «Su informe está avalado por pocos ejemplos y no refleja casos que están siendo investigados por los tribunales chilenos».

La CIDH califica también de «manifiestamente irregular» el reciente plebiscito chileno. Para Calderón «una afirmación tan grave, que pone en tela de juicio algo tan serio como la Constitución de un país no puede hacerse de forma tan prejuiciada».

El informe sobre Chile presentado ante la Organización de Estados Americanos pide al Gobierno de Santiago que esclarezca la situación de los desaparecidos posibilite el regreso de los exiliados, modifique la legislación sobre el pueblo indígena mapuche y de los pasos necesarios para el restablecimiento de un régimen democrático. Según la CIDH, en Chile han aumentado en 1980 las detenciones políticas, al menos tres personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y la tortura se ha recrudecido a lo largo del año en curso.

Paraguay, por su parte, ha refutado también las acusaciones contra la dictadura del general Stroessner, por violaciones de los derechos humanos. El informe sobre Paraguay, presentado ante la asamblea anual de la OEA, es, sin embargo, mucho más benigno que el de los otros países del Cono Sur, y en él se pide al Gobierno de Asunción que dé los pasos necesarios para mejorar la situación.

En la sesión del domingo, cuatro países centroamericanos se opusieron a que la OEA tratase sobre el informe realizado por la CIDH a propósito de la situación de los presos políticos en Cuba. La razón aducida por Panamá, Trinidad, Granada y Nicaragua es que Cuba fue expulsada en 1962 del organismo latinoamericano, y que, por tanto, la CIDH no tiene jurisdicción para elaborar informes sobre este país.