Llegaron los mineros

LA MARCHA hacia Madrid de los mineros de Cerezo de Riotirón ha evocado las imágenes románticas y épicas del Novecento, de Bertolucci, y nos ha retrotraído inconscientemente a la época en que las huelgas por reivindicaciones salariales o por solidaridad con los despedidos estaban inexplicablemente unidas al rechazo del régimen franquista y a la lucha por las instituciones democráticas y las libertades. Entre los miles de ciudadanos que recibieron en las puertas de la capital a los trabajadores de Crimidesa no faltarían gentes que asociaran esa calurosa acogida con las grandes huelgas asturianas que sacudieron a la España predemocrática a comienzos de la década de los sesenta, ni tampoco quienes dieran rienda suelta a sentimientos y emociones amortiguados por el consenso y la desaparición de la calle como escenario de actitudes políticas. Pero esa sensibilidad retro de la movilización madrileña adquiere una pátina melancólica cuando son dos tenientes de alcalde del municipio madrileño los que actúan de anfitriones de los mineros burgaleses y las Fuerzas de Orden-Público protegen a la comitiva. La recepción dada por el Ayuntamiento de Madrid a los mineros de Crimidesa no entra en el ámbito de actuaciones que normalmente quepa esperar de la Administración local. En el futuro algún grupo de eventuales huelguistas de los servicios municipalizados madrileños puede verse tentado de devolver la pelota a sus empleadores organizando alguna marcha desde Madrid hacia algún Ayuntamiento controlado por UCD que se preste a recibirles corno huéspedes. Pero la presencia de elevados mandatarios del municipio de la capital, que representaban, en un sentido lato, a la Administración pública, privó de cualquier connotación ilegal a una manifestación intuitivamente asociada con otras del pasado. Algo semejante cabe decir de la comparecencia de líderes de CC OO y UGT en el comité de recepción y de la participación de los afiliados a estas centrales en el servicio de ,orden de la manifestación. El gracioso paralelismo establecido por Marcelino Camacho entre los mineros de Cerezo de Riotirón y los habitantes de Fuenteovejuna y los actores de la serie televisiva Los Cameron quedó contrapesada por la oferta del dirigente comunista de entrevistarse con el vicepresidente Calvo Sotelo de llegar Incluso al Rey para pedir justicia.

Se puede valorar a gusto de cada cual esa convergencia de espacios diferentes -institucionales y sociales- y de tiempos históricos distintos en la bienvenida a los mineros burgaleses. Y el hecho de que no se haya cerrado todavía el período de comicios sindicales alimenta la sospecha de que CC OO y UGT hayan podido utilizar esta ocasión para hacer campaña electoral. Pero, con independencia de conseguir otra observación, los mineros de Cerezo de Riotirón y sus anfitriones madrileños no hicieron anteayer más que ejercer el derecho de reunión que el artículo 21 de la Constitución reconoce a todos los españoles, siempre que tales manifestaciones se realicen sin armas, tengan carácter pacífico y no alteren el orden público con peligro para personas y bienes. En ninguna parte del texto constitucional está escrito que la participación ciudadana en la vida pública deba limitarse al cumplimiento de los deberes electorales.

De otra parte, la irrupción en la bienvenida a los mineros de militantes de organizaciones extra parlamentarias, aparte de introducir elementos de violencia verbal (como los gritos de apoyo a ETA y las injurias a la policía) e incluso física en la manifestación, asoció la huelga de Crimidesa con el conflicto de la fábrica de Luis Olarra, candidato de Coalición Democrática por Vizcaya en las últimas elecciones legislativas. Si cabe apreciar un cierto tono retro en las circunstancias que rodearon la llegada de los huelguistas de Cerezo de Riotirón a Madrid, es la evidente falta de modernidad en el planteamiento y desarrollo de las relaciones laborales tanto en el conflicto de Crimidesa como en el contencioso de Olarra. Ello parece deberse no sólo a la falta de madurez de las organizaciones sindicales (o a su manipulación, en el caso de la industria vizcaína), sino también a la obstinada resistencia empresarial para dar una salida negociada, en términos razonables, a los litigios. Las escenas de los secuestros temporales de directivos por los trabajadores en huelga son una atroz y condenable estampa que nos retrotrae a situaciones laborales presindicales, y cuya popularización haría lisa y llanamente imposible la creación de un sistema de relaciones industriales adecuado a una sociedad compleja y avanzada como la nuestra. Pero es preciso averiguar también hasta qué punto este peligroso retroceso en el túnel del tiempo es consecuencia en algunos de la excesiva rigidez o de la inexperiencia de empresarios acostumbrados al viejo verticalismo o incapaces de sintonizar con los nuevos tiempos. Sea como sea, la meditación final es que una huelga menor -por más que dure ya tanto tiempo- ha logrado acapararla atención de la opinión pública y que las razones de la empresa, cuyos dirigentes han sido objeto incluso de violencia y coacción física, y la de los obreros, sobre los que no es preciso indicar que nadie hace una huelga por gusto, se desvanecen ahora en la creación de un contencioso político plagado de simbolismo. Y sólo política puede ser, por eso, la solución.