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GALICIA

Funcionario de Trabajo, presunto autor de una estafa a 250 personas

Unas 250 personas de diversos núcleos del Municipio lucense de Villalba se han visto implicadas directamente en la presunta estafa de veintiocho millones de pesetas cometida por el ordenanza de la delegación del Ministerio de Trabajo Enrique Francisco Romero, quien solicitó este préstamo al Fondo Nacional del Trabajo para la constitución de una cooperativa industrial y de comercialización de ganado de cerda en la parroquia de Oleiros sin que, por el momento, se conozca en qué empleó tal cantidad, aunque se cree que la práctica totalidad pudo ser destinada a la construcción de una discoteca de la que es copropietario.El asunto salió a la luz pública al reclamar el Fondo Nacional del Trabajo el reintegro del préstamo por no haber sido destinado a la finalidad para el que se había solicitado. Más de 56 vecinos de Oleiros se han querellado contra Francisco Romero, quien ingresó en prisión sin fianza, al verse responsables de la devolución de medio millón de pesetas cada uno.

Otras doscientas personas más se vieron también implicadas en el caso al serles prometidos puestos de trabajo en un matadero cárnico de cerda y vacuno que Romero había prometido construir en la parroquia villalbesa de Boizán y para el que había adquirido un terreno de más de 9.000 metros cuadrados en más de un millón de pesetas. Parece ser que algunos de los implicados entregaron como gratificación al presunto estafador cantidades próximas a las 300.000 pesetas por el puesto de trabajo ofrecido y se da el caso de que una persona, residente en El Ferrol, vendió su piso en esta ciudad, en donde se encontraba sin trabajo, para construir otro en Boizán ante la promesa de un puesto de trabajo. Algo similar le pasó a un emigrante en Alemania, quien tenía proyectado regresar este mismo mes.

Noticias sin confirmar aseguran que para la concesión de estos préstamos Enrique Romero podría contar con la colaboración de otro lucense, funcionario del Ministerio en Madrid, que actuaba como intermediario.

Aunque en fuentes oficiales se mantiene un silencio total sobre el caso, parece ser que representantes de la Administración investigan en la provincia de Lugo otras posibles estafas de este tipo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de noviembre de 1980