El sistema electoral y la composición del Parlamento, entre los temas conflictivos del Estatuto de Carmona

Andalucia podría quedar definida como nacionalidad en el artículo primero de su Estatuto de Autonomía, según se desprende de las declaraciones realizadas a EL PAÍS por dirigentes de los cuatro pártidos parlamentarios que habrán de elaborar en primera instancia el texto estatutario. Sin embargo, esta ha pasado a ser una cuestión secundaria. El sistema electoral, Ceuta y Melilla y la composición del Parlamento son las, por el contrario, cuestiones más conflictivas. De las declaraciones de los partidos se puede deducir que no sólo el Partido Socialista de Andalucía (PSA) -que siempre ha sido rotundo en este tema-, sino tarribién el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión de Centro Democrático (UCD) están dispuestos a reconocer el carácter de nacionalidad a Andalucía, revisando profundamente su posición tradicional al respecto.

Miguel Angel Pino, secretario de relaciones políticas del PSOE andaluz, confesí de modo personal a este periódico que «después, del 28 de febrero, el pueblo andaluz no admite, diferencias con vascos y catalanes ni en contenido ni en los aspectos formales». Tras matizar su creencia de que el definir a Andalucía como nacionalidad no aporta nada al Estatuto, el líder socialista preciso que esta nueva postura no entra en contradicción con las resoluciones políticas del segundo congreso del PSOE de Andalucía, una de las cuales subrayaba la existencia de datos que apuntan el surgimiento de una nacionalidad andaluza.También a título personal, Carlos M. Rosado, secretario general de UCD en Andalucía, declaró que el tema no tiene ya ninguna trascendencia jurídica ni política y que ha perdido todo carácter virulento. Agrego que los centristas podrían aceptar la inclusión del término nacionalidad en el Estatuto, siempre que fuese el producto de una riegociación global en la que todos los partidos habrían de ceder». «Lo que sí puedo decir es que este problema de la nacionalidad no va a ser ningún escollo para llegar a un acuerdo en el Estatuto», dijo.

Por su parte, Amparo Rubiales, miembro del comité central del PCA-PCE, señaló que no rnerecia la pena enredarme en una polémica por una cuestión que, hoy por hoy, tras la historia autonómica andaluza, es puramente nominalista. «El problema real no es llamarnos o no nacionalidad, sino el contenido real del Estatuto Y los recursos de que vamos a disponer. ¿De qué le ha servido a Galicia el llarnarse nacionalidad?».

Curiosamente, mientras en este tema de tipo ideológico las posturas han terminado casi por coincidir, se mantienen divergencias importantes en un aspecto mucho más pragmático del borrador del Estatuto de Carmona: el sistema electoral. En él se juegan no cuestiones de Estado, sino la representación y el protagonismo de cada partido, y las respectivas posiciones se establecen más en función del carácter mayoritario o minoritario de cada organización que de su ideología de derecha o de izquierda.

Así, mientras que PCA y PSA son partidarios de una asamblea con un elevado número de diputados y la máxima proporcionalidad en el sistema electoral, los inayoritarios socialistas y centristas reducen la cantidad de parlainentarios andaluces y pretenden imponer el método D'Hont en cuanto a la proporcionalidad (artículo 28 del borrador del Estatuto de Autonomía), Parece aceptado, en cambio, que la circunscripción electoral sea la proviricia, aunque en este punto UCD quería primar a las provincias menos pobladas, al revés que la izquierda, y, en ambos casos, por motivos electorales evidentes.

Ceuta y Melilla

Otro aspecto conflictivo del borrador de Carmona se refiere a la situación legal de Ceuta y Melilla.La disposición adicional cuarta, que se limita a señalar que si ambas ciudades se constituyen en comunidades autórionlas podrán establecer relaciones de especial colaboración con Anda lucía, fue cuestionada en su nio mento por UCD, que propugnó entonces la aceptación de un me canismo que hiciese posible la incorporación de Ceuta y Melilla a la comunidad andaluza. Un alto dirigente de UCD comentaba a EL PAÍS hace varios días que «en este tema nosotros estamos muy condicionados por la política internacional de España, inde pendientemente de lo que opinemos cada cual sobre el futuro de Ceuta y Melilla. Si ceutíes y melillenses quieren incorporarse, tendremos que buscarles un hueco ».

PSOE y PCA son irreductibles en su negativa a aceptar esta incorporación («sería una nueva declaración de guerra de UCD al pueblo andaluz», declaró Miguel Angel del Pino), mientras Emilio Lechuea (PSA) se mostraba mucho más ambiguo; según él, los nacionalistas no tienen una definición clara sobre el particular.

Finalmente, subsisten divergencias entre los partidos acerca de la organización territorial (decidir las funciones de la comarca y, el papel de las diputaciones), la reforma agraria y el momento de celebración de las elecciones al Parlamento andaluz. Por el contrario. hay un acuerdo completo en lo que respecta a las competencias a ejercer por el poder andaluz, clarificadas definitivamente tras el triunfo definitivo de la vía del artículo 151.

Rehacer el entendimiento

El ambiente en los cuatro partidos parlamentarios es de moderado optimismo sobre la posibilidad de llegar a un estatuto consensuado. Aunque el borrador de Carmona habrá que analizarlo a la luz de las experiencias vascas y catalana y de leyes, como la de financiación de las comunidades autónomas -punto de vista apuntado a EL PAÍS por Manuel Clavero- existe el convencimiento de que cada partido deberá de ceder, en aras a un acuerdo unitario cuya base será, precisamente, el texto aprobado en Carmona (Sevilla) en agosto de 1979. «Es absurdo adoptar posturas maximalistas», confesaba un dirigente del PSA.Se parte, desde luego, de un consenso inicial: hay que hacer un estatuto con el que puedan gobernar todos, la izquierda y la derecha, los nacionalistas y los centralistas, lo que significa que no se debe amarrar el contenido del Estatuto en ninguna dirección coyunturalmente propicia. También hay acuerdo en no iniciar la negociación del Estatuto hasta después de las elecciones senatoriales de Sevilla y Almería.