Fernández Ordóñez: "La situación actual de la Administración de justicia en España es insostenible

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, presentó ayer en la comisión del Congreso, los puntos básicos de la actuación de su departamento para los próximos cinco años. El programa expuesto por el ministro contempla los temas clave de la reforma judicial española: ley orgánica del Poder Judicial, estatuto del ministerio fiscal, situación de las cárceles, protección de menores y desarrollo legislativo. Todo ello, elaborado a partir de la idea de que «la Administración de justicia en España es insostenible. Y digo insostenible porque no sé si habrá alguna palabra más dura que esa», según la pesimista calificación del propio ministro.

A lo largo de casi cuatro horas y, contra pronóstico, sólo una vez se pronunció la palabra divorcio: «La ley de Divorcio le va a servir al señor ministro», dijo el socialista Virgilio Zapatero, «para pasar a la historia o para quemarse en el infierno». Por lo demás, Francisco Fernández Ordóñez planteó la necesidad de acelerar la reforma legislativa orgánica (es decir, la del Poder Judicial y la del ministerio fiscal), adaptar a la realidad actual las leyes procesales y abordar cuanto antes el estudio de los medios económicos necesarios.Habló muy poco Fernández Ordóñez de la introducción de los jurados en España, tema que había despertado bastante expectación. Sin embargo, se limitó a decir que había que tratarlo «con mucha cautela», «porque las experiencias que se realizaron en nuestro país hace un siglo no dieron resultados muy positivos, por lo que, más que crear una ley específica de jurados, lo que habrá que hacer», dijo, «será introducirlos en otras leyes y para delitos muy determinados».

Sobre la situación de las cárceles, explicó que en los dos últimos años la población reclusa ha pasado de 9.000 a 18.000 presos, «con tendencia a aumentar», que están viviendo en «prisiones inseguras, insuficientes y poco adecuadas». (Actualmente hay un funcionario para cien presos). Como intento de paliar esta situación, el ministro propuso la creación de 3.000 nuevos puestos de funcionar¡os, construir o adecuar veintiocho prisiones, de ellas cuatro de especial seguridad, del tipo de Herrera de la Mancha, «pero más humanas, con un reglamento que contemple más la dignidad del preso», matizó Fernández Ordóñez.

Niños difíciles

Respecto al encarcelamiento de menores, el ministro fue tajante: «Si un niño de catorce años es un delincuente, la culpa no es suya, sino de la sociedad, y si enviáramos a uno de estos niños a la cárcel sería un crimen».Actualmente hay en España 21.000 menores atendidos: 18.000 en colegios de la Obra de Protección y 3.000 en reformatorios. Sin embargo, sólo hay capacidad para atender cincuenta plazas de los llamados niños difíciles (líderes de bandas, muchachos homicidas o toxicómanos graves), por lo que los restantes (alrededor de 350 en el presente año) «no hay más remedio que mandarles a la calle, porque no tenemos donde meterlos», señaló.

Entre los numerosos proyectos legislativos que el Ministerio de Justicia piensa tener elaborados antes de 1985 destacan los referentes a la familia (divorcio y filiación), a la nacionalidad (se suprimirá la prevalencia del padre sobre la madre), vivienda, enjuiciamiento criminal y civil, y las leyes reguladoras de la cláusula de conciencia y el secreto profesional.

En cuanto el ministro hubo terminado su exposición, los portavoces de los distintos grupos parlamentarios no escatimaron los elogios: desde el centrista Moscoso, que manifestó su «profunda satisfacción», hasta el comunista Solé Barberá, que llegó a expresar su deseo de regalar a Francisco Fernández Ordóñez un ramo de rosas rojas, al tiempo que decía: «Una reforma que tenga que llevar un ministro como este a mí me deja completamente tranquilo». También Bandrés, rizando el rizo, intentó justificar sus alabanzas en base a «un refrán que hay en mi país, y que dice: "A un hombre que fuma puro no se le debe molestar" », y como Fernández Ordóñez estaba saboreando un habano, «pues no incordiaré al ministro».

Una parte importante de la intervención del diputado de Euskadiki Ezkerra Juan María Bandrés estuvo centrada en la cárcel de Herrera de la Mancha: «El ministro de Justicia ha heredado un Ministerio muy reaccionario. A algunos funcionarios habría que someterles a una reinserción democrática, especialmente en esa cárcel, que es una experiencia piloto francamente mala». El titular de Justicia le respondió que se estaba acelerando al máximo el juicio que pesa sobre Herrera sobre posibles malos tratos, «y después del juicio oral, actuaremos en consecuencia».

Especialmente importante fue la intervención del peneuvista Marcos Vizcaya, al exponer «la inhibición del poder judicial y del ministerio fiscal en Euskadi, que provoca la desmoralización de la población en su lucha contra el terrorismo, con el consiguiente desprestigio para la democracia». Y añadió «Si se le pide a los ciudadanos y a los partidos que asuman su cuota de riesgo en la lucha contra el terrorismo, ¿cómo no va a esperarse eso mismo de jueces y fiscales?». Este espinoso tema fue contestado por el ministro reconociendo que «algo de verdad hay en lo que su señoría dice», y remitiéndole a la carta enviada por el fiscal general del Reino a los fiscales de toda España, pidíendo una mayor severidad en su actuación respecto a los terroristas. (Más información sobre este tema en la página 19).

Finalmente, a propuesta de Marcos Vizcaya, el ministro se pronunció sobre el traslado de los presos vascos a Euskadi: «Yo soy partidario», dijo, «de que los presos estén en cárceles próximas a su lugar de nacimiento o residerícia, y, en este sentido, muy pronto se inaugurará la prisión de Nanelares de Oca, en Vitoria». Ningún diputado, ni siquiera los representantes del PNV o Euskadiko Ezkerra, pidieron más información al respecto, y ello se debe a que parece que el traslado de los presos vascos a Euskadi (actualmente en Soria y Herrera de la Mancha) contaría con la oposición del titular del Interior, Juan José Rosón.

El tema de la droga fue igualmente abordado en la sesión de ayer. Francisco Fernández Ordóñez, respondiendo al representante de Socialistas de Cataluña, Guerra Fontana, quien dijo que España es el país donde hay más tolerancia en el consumo del alcohol en los menores, dijo quepronto se crearían cuatro centros para toxicómanos y que la droga no exigía «medidas represivas, sino preventivas». Guerra Fontana no quedó satisfecho sin embargo, y pidió la creación de una comisión «de lucha contra la droga y contra el delito», y «aunque la frase me haya quedado como en las películas», dijo que la consideraba necesaria, porque «en una población como Sabadell, de 300.000 habitantes, 20.000 son toxicómanos, y, desde luego, no es un caso aislado».