Los socialistas reclaman para la Generalidad el control sobre las cajas de ahorro catalanas

La reivindicación por los socialistas catalanes de la competencia exclusiva de la Generalidad sobre las cajas de ahorro, así como un duro ataque al intento de estas instituciones de extender su ámbito de actuación a zonas superiores al de las regiones o nacionalidades en las que se produce el ahorro y su voluntad de asumir funciones hasta ahora propias de bancos, fueron los puntos de mayor interés del debate económico celebrado ayer en el Parlamento catalán, que en conjunto constituyó una crítica al programa económico expuesto el miércoles por Jordi Pujol.

El socialista Lluis Armet recordó la competencia exclusiva de la Generalidad respecto a las cajas de ahorro, según el artículo 12 del Estatuto de Autonomía. En su defensa de esta cuestión, Armet superó ampliamente los criterios de la actual Generalidad, pese a que los de ésta -más moderados- ya han entrado en conflicto con el Gobierno central.Armet aludió directamente al hecho que una caja esencialmente catalana -la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares- haya tomado participaciones en dos bancos catalanes: la Banca Catalana y la Banca Mas Sardá. Ello representa un punto particularmente delicado, debido a que el presidente de la Generalidad es el principal accionista de Banca Catalana.

El dirigente socialista atacó los intentos de las cajas de evadirse -ampliando su marco de actuación territorial- de los posibles controles por parte de las comunidades autónomas. Indicó que el control de las cajas de ahorros debía constituir "la pieza central de la política autonómica en materia económica". Matizó que dicho control no significaría un excesivo intervencimismo -ya que se permitiría el libre juego del mercado- ni tanpoco su ausencia del gran mercado obligacionista estatal (telefónicas e INI).

Armet criticó la política de regateo puntual de la actual Generalidad en sus relaciones con el Gobierno central. Solicitó una mayor clarificación y transparencia en los planteamientos económicos, en especial respecto a las inversiones públicas. Evitó pronunciarse sobre el denominado plan Rigol (llamado así en base al apellido del consejero de Trabajo), que establece la creación de un Fondo de Ocupación de Cataluña. Reclamó la transferencia de los servicios del INEM como instrumento básico para canalizar la acción de la Generalidad ante el problema del paro.

En cambio, el comunista Antoni Luchetti hizo un gran hincapié en el plan Rigol, del que criticó muchos aspectos mientras salvaba otros. Incomprensiblemente, la intervención comunista marginó -como el día anterior había hecho Jordi Pujol- el tema de las cajas de ahorro, respecto al cual Luchetti se limitó a afirmar que sobre este particular su partido apoyaba la posición del Gobierno catalán en su enfrentamiento con el poder central. Luchetti solicitó una «presión unitaria para aumentar el techo estatutario».

Por parte de UCD se expuso una serie de críticas a la falta de rigor del programa económico y de los presupuestos presentados por la Generalidad. Indicó que los presupuestos eran un simple inventario de cifras. Criticó el concepto, muy poco científico, de «economía intersticial», usado por Pujol y su partido. Señaló que en economía estaba casi todo inventado. Exigió más racionalismo y menos sentimentalismo en los planteamientos económicos.

Por parte de Esquerra Republicana también hubo críticas jocosas al concepto de economía intersticial. Este partido, por boca del antiguo consejero de Agricultura de la Generalidad preautonómica, Josep Roig, tuvo una larga intervención sobre temas agrícolas. Defendió el cooperativismo, el papel del sector primario en la economía catalana, sus grandes problemas, la repercusión de la entrada en el Mercado Común y la necesidad de hallar soluciones inmediatas.