Por la planificación regional

El desenlace final del proceso autonómico andaluz es algo más que un cambio de agujas en la vía por la que el Gobierno quería conducir el desarrollo autonómico. El debate que ha latido detrás y que sigue y seguirá presente mucho tiempo es si España sigue siendo un Estado unitario, con las irremediables excepciones, o si se emprende con decisión la construcción de una España federal. En este contexto, la fecha del 28 de febrero marca un hito histórico, estallando el racionamiento en las manos de sus artífices.La recuperación o afirmación de personalidad colectiva como pueblo es un primer paso, pero no lo es todo. Es necesario para proceder a la creación o a la restauración de instituciones propias de pueblos cuya historia común ha sido la de crearlas, no respetarlas y derribarlas. Pero, paralelamente al trabajo de creación de un Estado autonómico, es preciso hacer un esfuerzo común, sistemático y eficaz de reducción de desigualdades territoriales generadas por el crecimiento de un capitalismo desequilibrador. Sin duda, uno de los más tristes legados que cabe adjudicar al hipercentralismo que hemos sufrido es el haber creado una España de comunidades llenas de agravios comparativos. En la misma, la imagen caricaturesca de la bota de Madrid ha podido hacer fortuna durante un cierto tiempo, ocultando la seriedad de los problemas y la persistencia de los factores que generan el desequilibrio.

En conjunto, España necesita tres grandes esfuerzos para poder superar el desafío histórico con el que se enfrenta. El problema es que son simultáneos. El primero es saber responder a la crisis sin caer en el fatalismo de explicar todo por el precio del petróleo; el segundo es construir el estado autonómico, como su expresión de una nueva solidaridad entre pueblos; y el tercero es la inserción de España en la nueva división internacional del trabajo, con una solución calculada en función del precio a pagar, de la integración en la Comunidad Económica Europea. Estas tres tensiones requieren planificar y concertar las fuerzas existentes en el terreno socioeconómico y político. Aunque de modo balbuciente y fragmentario, en el terreno de las relaciones industriales se ha dado un primer paso, y en el de las vías de desarrollo autonómico se están consolidando las bases. Pero hay un instrumento paralelo que es preciso emplear: la planificación regional.

Debatir y planificar

La necesidad de planificar, es decir, de plantear unos objetivos de Gobierno y debatirlos democráticamente, tratando de aprovechar al máximo los recursos disponibles y de reorientarles, es un elemento que se echa en falta cada vez más en la vida política española.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1981 es el ejemplo más gráfico de esta situación. Es precisa una labor de investigador para saber cómo concreta el Gobierno sus opciones, expresadas en términos de reducción del desempleo o de aumento de las inversiones públicas, con expresión concreta de cómo y cuáles van a ser y qué van a significar para los ciudadanos. Pero lo más significativo es la ausencia total de toda mención de regionalización de inversiones, en un momento en que se están formulando con justificación suficiente planes de urgencia como el de Andalucía, el de Extremadura o el de Canarias. ¿Cómo se piensa que se deben integrar estos planes en la política económica general? ¿Se ha previsto un engarce de los mismos c simplemente se toma nota de los proyectos, sin más? La cuestión es grave, puesto que se han suprimido hasta los mínimos escarceos que aparecían, por ejemplo, en el presupuesto pasado, y que condujeron a profundas divisiones en el seno mismo del partido del Gobierno cuando se trató el tema en el Congreso.

La situación es aún peor si se tiene en cuenta que se sigue esta táctica en un memento en que ha sido aprobada ya la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la cual prevé un Fondo de Compensación Interterritorial que supone un 30% de aumento de las inversiones públicas, a distribuir según criterios de igualación regional. Con ello podemos repetir la experiencia vivida con la reforma fiscal, iniciada en 1977, y que sólo ha sido percibida, con una aplicación muy deficiente, en la primavera de 1980, que es cuando se ha generalizado la declaración del impuesto sobre la renta. Este año, la oportuna, para el Gobierno, publicación de la LOFCA en el Boletín Oficial del Estado el primero de octubre ha evitado que se tuviera que incluir en el presupuesto. Pero es indudable que el año que viene se empezará a discutir el problema, sin contar con la información estadística suficiente y con el almacenamiento de proyectos acumulados necesarios para plantear un ambicioso programa de infraestructuras, de formación y de ayudas que lleve a la distribución territorial de la inversión a algo que se integre en la política general, superando la tradicional técnica de recibir los proyectos con una ritual demostración de interés cuando los conflictos están en su punto álgido, para relegarlos después al olvido.

El plantear la planificación regional supone claramente superar las concepciones del tipo de las de los polos de desarrollo o el asistencialismo vergonzante de posibles planes concretos de «ayuda». Supone plantear una política consciente que trate de incidir en el corazón de los mecanismos que generan el desequilibrio en un mercado que es único y con un capitalismo cuya lógica está articulada como un proceso. Ello exige pasar de las genéricas e ideológicas afirmaciones mantenidas por el Gobierno a la puesta a punto de un proceso que exige nuevas instituciones y la formulación de objetivos. Sus principales pasos son: la presentación de unos objetivos de política económica concebida en términos de prioridades económicas y sociales claras y comprensibles, que definan un programa de Gobierno del Estado; la puesta en marcha de una política de desarrollo regional (mercado de trabajo, infraestructura de transporte, educación, agricultura ... ) por parte de las comunidades autónomas y las preautonomías constituidas, para crear el almacenamiento de proyectos que parece no existir en un país con tantas necesidades, y, como primer paso, poner las bases informativas que permitan disponer de las estadísticas suficientes a nivel provincial y regional para poder hacer política sobre bases cuantificadas y precisas. Por último, la creación de plataformas que permitan a los actores económicos el debatir, confrontar posiciones y concertar el papel del Consejo Económico Social.

En el presente año, la opción del Gobierno ha sido ignorar el problema no sólo no teniendo en cuenta los planes de urgencia existentes, sino que además ha suprimido todo tipo de distribución territorial de los Fondos de Inversión. Pero lo peor es que, cuando más patentes son estas carencias, ,no se adopten las medidas necesarias para poner a punto la información estadística y los medios para articular regionalmente la planificación, y el próximo Presupuesto debe estar ya en fase de preparación. Para poder planear racionalmente este debate y el reparto de fondos, hay que arbitrar los medios en los Presupuestos actuales.

Es de esperar que el Gobierno, al advertir su fallo, no lo resuelva nombrando comisarios generales de Planificación Regional, porque ningún decreto o promesa podrá sustituir la formulación de una política que no se va a hacer ya decidiendo en una sola instancia.