La pesca española en aguas de la CEE puede reducirse un 25%

La Comunidad Económica Europea (CEE) quiere que los pesqueros españoles reduzcan el año próximo sus capturas de merluza en aguas de los nueve en como mínimo, un 25%. Las negociaciones hispano-comunitarias, que se abren el próximo día 11 de noviembre, en Bruselas, serán este año especialmente difíciles. La CEE no ha logrado aún ponerse de acuerdo sobre las cuotas de pesca que corresponderán el año próximo a los países miembros, pero, de acuerdo con las recomendaciones de los expertos y en virtud del principio de conservación de las especies, parece posible que las capturas de merluza queden reducidas de 40.000 a 30.000 toneladas, es decir, un 25% menos. En el mejor de los casos, éste sería el porcentaje de reducción que se exigiría también a España.

La situación podría complicarse aún más si en la próxima reunión del Consejo de Ministros comunitario, prevista para el día 17 de noviembre, Francia insiste en pedir que se aumente su propia cuota de merluza. Según fuentes francesas, París reclama porcentajes que supondrían hasta 24.000 toneladas en 1982, por lo que sólo quedarían aproximadamente 6.000 para España.La negociación con Madrid será dirigida este año por el danés Marcussen, ya que Raymond Simonet, el interlocutor habitual, sufrió recientemente una crisis cardiaca que le ha apartado de los dossiers difíciles. Las condiciones de la negociación son fijadas, sin embargo, por el propio Consejo de Ministros, precisamente cuando los nueve están inmersos en una «guerra» propia que enfrenta a Francia y Gran Bretaña, «propietaria» del 64% de los peces «comunitarios».

Fuentes oficiosas españolas, que reconocieron, por primera vez, que la negociación se presentaba este año «peor que nunca», se mostraron sorprendidas por la teoría que sostiene algún sector de los armadores españoles, según la cual hay que denunciar el acuerdo-marco suscrito en 1978, y en el que se admite el principio de «equilibrio» entre las capturas españolas en aguas comunitarias y las comunitarias en aguas españolas.

Dicho acuerdo-marco no ha sido aún ratificado por Irlanda porque la Administración española no ha cumplido su compromiso -secreto, en teoría- de enviar una carta renunciando a los acuerdos bilaterales y convenciones internacionales. La «falta de seriedad» de Madrid, afirman fuentes comunitarias, puede perjudicar aún más las ya difíciles negociaciones.

En la última reunión del Consejo de Ministros, Francia insistió en la necesidad de ratificar el acuerdo-marco antes de fin de año, pero Irlanda se mantuvo en su posición inicial: no hay carta, no hay ratificación. Para intentar mejorar la situación, el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa, viajará la próxima semana a Dublín y Londres. Está prevista también una corta visita a París, para intentar convencer a las autoridades francesas -preocupadas por la reacción de sus propios pescadores, que protagonizaron este verano una espectacular huelga- de la necesidad de respetar los intereses españoles en el mercado de la merluza.

La importancia del acuerdo-marco impuesto por la CEE quedó de manifiesto recientemente gracias a una sentencia de la corte europea de justicia. El tribunal de Luxemburgo declaró «compatibles» la legislación internacional -convención de Londres- y los reglamentos comunitarios que exigen a países terceros la obtención de licencias para pescar en aguas del Mercado Común.

Quiere decirse que los pescadores españoles no pueden acogerse sencillamente a la convención de Londres si la CEE exige la previa petición de licencias.

La disminución de las cuotas de pesca concedidas a España no constituye, por otra parte, una novedad en la política comunitaria. La CEE ha venido reduciendo nuestras capturas en los últimos años, de forma continua. El año pasado, por ejemplo, se concedieron sólo 168 licencias, contra las doscientas que se aprobaron en 1979, y el tonelaje total de merluza experimentó un descenso equivalente.