Los "impuestos revolucionarios"

LA CONDENA del secuestro del industrial José Garavilla, expresada por el Ayuntamiento y por los trabajadores de la fábrica de la que es director, fue respaldada ayer en Bermeo por una masiva manifestación popular. Pocas horas antes, ETA Militar se declaraba responsable de la fechoría, rebautizada como un «arresto» destinado a sancionar el impago del impuesto revolucionario por el conservero vizcaíno.Resulta imposible hacer una estimación, aunque sea aproximada, tanto de las personas extorsionadas en el País Vasco por las distintas ramas de ETA -milis, poli-milis y esos «comandos autónomos» que han vuelto a la actualidad criminal con los asesinatos de García-Cordero y Arrese- como del monto total recaudado por esta mafiosa actividad durante los últimos años. De entre quienes no han aceptado el chantaje sólo se conocen a ciencia cierta los nombres de los represaliados con la muerte y el secuestro, o de aquellos que, como Juan Alcorta, han declarado pública y valientemente su propósito de no ceder ante las amenazas. No son pocos los industriales, comerciantes y profesionales vascos que han puesto silenciosamente tierra por medio y han buscado lugares más tranquilos para continuar su actividad sin poner en riesgo su vida y sin tener que acceder ante el chantaje de los terroristas. Seguramente, en la crisis económica que sacude a Vizcaya y a Guipúzcoa no deja de jugar un importante papel este exilio forzoso. Es de temer, sin embargo, que muchos ciudadanos, imposibilitados de trasladar sus negocios o sus despachos fuera del País Vasco, hayan optado por seguir el camino más fácil, aunque más oneroso, de aceptar la extorsión.

Ni que decir tiene que, en estos casos, los afectados son los primeros interesados en ocultar un comportamiento que no habla demasiado en favor de su entereza y que traspasa las fronteras del Código Penal. Ahora bien, mientras el Estado no pueda proteger a los ciudadanos frente a las amenazas de los extorsionadores, bien sea mediante los cuerpos de seguridad estatales, bien sea con la ayuda de la policía de la comunidad autónoma, y mientras la marea de rechazo ético y político contra los chantajistas no alcance su pleamar, las censuras contra quienes ceden a las intimidaciones y las exhortaciones para que sigan el ejemplo de Juan Alcorta deben necesariamente incluir en su mensaje el lastre de lo ocurrido con José Garavilla y la reflexión de que no cabe exigir heroismo más que predicando con el ejemplo.

La resolución del Ayuntamiento de Bermeo, con la abstención de cinco concejales de Herri Batasuna y de un concejal de Euskadiko Ezkerra, significa un paso adelante en la progresiva clarificación y toma de conciencia del Partido Nacionalista Vasco, que controla ese municipio, acerca del carácter indivisible de las libertades y de la necesidad de condenar cualquier forma de violencia y cualquier conculcación de los derechos humanos. Al denunciar el secuestro de José Garavilla como un «grave atentado a los derechos humanos» y una cobarde forma de tortura, y al rechazar los atenta los a la libertad de los vascos por el «mesías de turno», los concejales de Bermeo hacen suyos, por lo demás, los argurnentos utilizados en el manifiesto unitario del pasado 27 de mayo de los intelectuales vascos, titulado En la hora de la verdad, contra «el mesianismo impuesto por salvadores profesionales» y contra esa combinación de « insensibilidad moral, perversión y necedad» que amenaza con convertir a algunos sectores del pueblo vasco «en verdugos desalmados, en cómplices cobardes o en encubridores serviles», y con sustituir el libre intercambio de opiniones por «la zafiedad de ciertas consignas macabras», la «insultante verborrea» y la «ola de insensateces» que se disfrazan burdamente de pensamiento.

Aquel importante texto -entre cuyos firmantes figuraban José Miguel Barandiarán, Koldo Michelena, Julio Caro Baroja y Eduardo Chillida- hacía también alusión al «vulgar anacronismo» que representa, entre otros aspectos del deterioro de la convivencia ciudadana en Euskadi, la aplicación de la ley del silencio frente a las exacciones y amenazas. Los llamados impuestos revolucionarios constituyen, en verdad, una simple variante de las prácticas mafiosas y de los procedimientos de la Cosa Nostra, a la vez que un intento de los terroristas de incorporar a su simulación política la recaudación tributaria, símbolo principal, junto al empleo de la fuerza, del poder estatal.

En torno a ese tráfico de exacciones ilegales se mueve, por lo demás, un turbio mundo de intereses, que van desde los gestores oficiosos para las rebajas en los pagos hasta los receptores y depositarios en Francia de ese dinero negro, pasando por los intermediarios encargados de blanquearlo mediante negocios legales. El impuesto revolucionario no se reduce sólo a alimentar financieramente a las diversas ramas de ETA, para la compra de armas y explosivos, el mantenimiento de los activistas y el sostenimiento de su infraestructura y redes de apoyo, sino que también busca la creación de un difuso clima de amedrentamiento que permita, entre otras cosas, neutralizar al sector social que acepta las extorsiones y desmoralizar a quienes son mudos testigos de esas forzadas complicidades. Por esa razón, sólo cuando un marco eficaz de seguridad ciudadana, de autoridad política y de consenso moral permita cegar esa fuente de ingresos para los terroristas, habrá desaparecido uno de los principales factores de corrupción moral y económica para el País Vasco.