Querella contra tres ex alcaldes de Badalona por malversación
El alcalde comunista de Badalona, Marius Díaz, en su condición de presidente del patronato de viviendas de renta limitada de la ciudad, presentó una querella criminal por presunta malversación de fondos públicos, estafa y apropiación indebida contra tres antiguos alcaldes franquistas -José Guillén Claprés, Isidro Caballería Pla y Alfonso Ramos Cruz- , tres arquilectos -Celestino Chinchilla Ballesta, Luis María Escola Gil y José Oliva Casas-, dos aparejadores -José Sanfeliú y José Espel Civit- y la empresa Constructora Asturiana, SA. La responsabilidad civil que indica el escrito de querella es de cien millones de pesetas.La acción judicial parte de tres auditorías, efectuada por orden del alcalde en el mencionado patronato. Los estudios consideraron sólo el caso del polígono El Maresme -512 viviendas-, uno de los siete de los que es titular el patronato. En los restantes polígonos -con un total de 3.000 viviendas- no han aparecido signos claros de irregularidades.
En el polígono El Maresme se apreciaron, según el alcalde de Badalona, «graves irregularidades que llevaron al expolio del patronato». La misma fuente afirmó que una obra inicialmente presupuestada en 148 millones y para ser realizada en año y medio, costó 470 y precisó cinco años de trabajos. También se refirió a unos presuntos trabajos de acondicionamiento de unos terrenos, por valor de quince millones de pesetas, cuando informes técnicos anteriores y posteriores afirman que eran necesarios.
Marius Díaz se refirió, asimismo, a una solicitud de indemnización, por un importe de cuarenta millones, solicitada en su día por una empresa constructora y acordada por el patronato, sin que conste la existencia de la lógica confrontación de criterios. La fuente se refirió a la adjudicación directa de obras por un alcalde franquista, al papel que pudo haber jugado el ex alcalde, ya fallecido, Felipe Antoja Vigo, y a los notables beneficios que pudo haber obtenido la empresa Constructora Asturiana, SA. Indicó que, en base a las actuales presunciones, las cantidades defraudadas podrían oscilar entre los cien y los doscientos millones de pesetas.
Por otro lado, la policía barcelonesa detuvo y puso a disposición judicial a tres personas acusadas de una presunta estafa de la que habría sido víctima el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Uno de los detenidos es un aparejador, funcionario del Instituto Nacional de la Vivienda, llamado Julio Iglesias. Los dos restantes son: Carlos Ferrer, titular de la empresa Llamco, SA, y Ramón Boves, consejero delegado de ésta.
