Petro hace un reajuste a los pagos a las EPS que el sector critica como insuficiente para subsanar la crisis de salud

En medio del cierre de este año, en el que el Gobierno da a conocer los principales indicadores económicos, faltaba un dato clave sobre la calidad de vida de los colombianos: la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Gobierno les gira a las empresas intermediarias que administran la salud, llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS), por cada ciudadano afiliado. El Ministerio de Salud ha anunciado este martes que dicho valor aumentará un 9,03% para el régimen contributivo —por el que paga la mayoría de trabajadores y empleadores— y un 16,49% para el régimen subsidiado —con el que están cobijadas las poblaciones más vulnerables—.

En total, el presupuesto pasará de 89,8 billones en 2025 a 101,3 billones en 2026, lo que representa un aumento de 11,6 billones de pesos. Se trata de una cifra considerable, pero para el gremio de la salud es un aumento insuficiente, sobre todo si se compara con el histórico incremento del salario mínimo del 23% que fue anunciado un día antes por el presidente Gustavo Petro. El argumento de fondo es que el sistema de salud se mueve en función del incremento de dicho salario básico. Juan Carlos Giraldo Valencia, médico y director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, expresó este martes su preocupación a través de un comunicado en video. Sostiene que este “desfase significativo” entre ambas variables “pone en riesgo la sostenibilidad del sector”.

De acuerdo con Giraldo, esta medida rompe el ya endeble equilibrio financiero, pues genera una diferencia entre los gastos obligatorios -por el pago a empleados, por ejemplo- y los ingresos que se reciben a través de la UPC. “Le pedimos al Gobierno nacional que reconsidere especialmente que la cifra en el régimen contributivo mantenga algún grado de equilibrio entre estas variables”, añadió. El gremio sanitario ha argumentado durante todo este Gobierno que si no se aumenta la cifra de UPC, el sistema de salud seguirá estancado en una crisis de la que será muy difícil que se recupere.

La misma Corte Constitucional había ordenado a inicios de este año que el Gobierno revisara el UPC que había dispuesto tanto para 2024 como para 2025, de un 5,3%, pues el tribunal consideraba que era insuficiente para que las EPS cubrieran todos sus costos; los rezagos, expuso, se podían detectar desde el 2021. Sin embargo, la Administración de Petro argumenta que se trata de una medida sustentada en un análisis técnico y en cumplimiento de una resolución de este año proferida por la misma Corte, que detectó que había diferencias injustificadas entre la financiación de ambos regímenes.

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, la agremiación de las EPS contributivas, dice que el incremento del Gobierno para el régimen subsidiado, de 16,5%, sí cumple “con la orden de la Corte Constitucional de igualar los régimenes y seguramente será un alivio para más de la mitad de la población en ese régimen”. Pero en el caso del régimen contributivo, el aumento de 9% “está muy lejos de lo que se esperaría”, especialmente cuando se pedía uno de 17%.

Vesga califica el anuncio como “preocupante”, teniendo en cuenta que en este segundo régimen está la mayor cantidad del gasto. “El Ministerio de Salud no reconoce que hay un rezago actuarial muy importante en el sistema, expresado en las enormes deudas que hay entre aseguradoras y prestadoras, y en toda la crisis que se ha presentado para los pacientes y para la atención en los últimos años”, afirma la directora del gremio.

Expertos del sector salud han cuestionado en varias ocasiones la postura de Petro. Para ellos, se trata de una estrategia del Gobierno para terminar de quebrar el actual sistema sanitario, que el presidente no pudo modificar a través de un proyecto de ley. La reforma a la salud que al inicio de su mandato se presentó como su propuesta estrella ha sido hundida en dos ocasiones por el Congreso, que durante todo este año ha dilatado una nueva discusión. Mientras tanto, el presidente mantiene su pelea con las EPS que siguen activas, a las que señala recurrentemente por presunta corrupción o por su ineficiencia en el manejo de los recursos públicos.

Ante los graves problemas financieros, a través de la Superintendencia de Salud la Administración de Petro controla actualmente ocho EPS con más de 23 millones de afiliados. La más grande es la Nueva EPS, que presta atención a 11 millones de personas y que fue intervenida por el Gobierno en 2024. Pero, según han denunciado sus pacientes, la participación estatal no ha ayudado a que mejore el servicio. En días recientes dicha EPS ha sido noticia porque la farmacia Droguerías Colsubsidio anunció que suspenderá a partir del 1 de enero la entrega de medicamentos a sus afiliados, una decisión que se preveía desde noviembre y que fue motivada por retrasos en los pagos por parte de la entidad.