El Ministerio de Defensa informa sobre pensiones a los republicanos

El general de división Martínez Vara del Rey, secretario general para asuntos de personal y acción social del Ministerio de Defensa, compareció ayer ante la Comisión de Presupuestos del Congreso y respondió a las denuncias planteadas por el diputado socialista catalán y ex comandante del Ejército, Julio Busquets, sobre recortes, trabas burocráticas y retrasos en la aplicación de la ley sobre pensiones a militares del Ejército republicano y a viudas de guerra. El general expuso su buena voluntad para solucionar todos los problemas y expresó su deseo de que dentro de medio año el propio Busquets le diga que «la cosa va mucho mejor».La comparecencia del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, prevista en el orden del día de la sesión, hubo de aplazarse hasta tanto este cargo, actualmente vacante, esté cubierto. Al margen del debate posterior sobre la totalidad de varios proyectos de ley, y subsiguiente designación de ponencias, la primera parte de la sesión consistió en un diálogo entre los socialistas -protagonizado sobre todo por Busquets- y el general Martínez Vara del Rey. Este último afirmó que en la estimación de la cifra de 7.030 millones de pesetas presupuestada para 1981, con destino a pensiones y retiros, se habían tenido más en cuenta los datos de Busquets que los de Salas Larrazábal, al analizar los diversos libros sobre la campaña 1936-1939.

Julio Busquets se quejó, en primer lugar, de la falta de aplicación de una ley aprobada hace medio año, y ante la respuesta de que faltan los datos necesarios, el ex comandante pidió que la administración militar dedique los medios necesarios -«bastaría un par de soldados aventajados», dijo- para obtenerlos.

Sobre el nivel de las pensiones, Busquets denunció que se incumplen sentencias del Tribunal Supremo en las que se establecen topes mínimos del 90% de los haberes correspondientes. Asimismo reveló que a los militares republicanos que huyeron después de la guerra, para evitar ser fusilados, la administración militar les pone dificultades para reconocerles el derecho a la pensión por estimar que se encontraban «en paradero desconocido».

El secretario general para asuntos de personal y acción social contestó que, en estos casos, la decisión final será que se les concederá la pensión, aunque existe desacuerdo por parte de la asesoría jurídica militar. La opinión de estos asesores «no es vinculante», dijo el general Martínez Vara del Rey.

Otro tema planteado por Busquets fue el de aquellos suboficiales republicanos cuando estalló la guerra civil, a quienes se les reconoce hoy menor graduación de la que les correspondería. La argumentación del diputado socialista fue que a tales suboficiales les debe corresponder el empleo obtenido por la generalidad de quienes ocupaban puestos similares en el escalafón: «Si un señor era sargento y los treinta que iban detrás se retiraron de comandantes, hay que re tirar a ese sargento de comandante, aunque en medio haya uno que se retirara de capitán por algún motivo particular o por un tribunal de honor».

El general Martínez Vara del Rey aseguró que, al margen de la casuística de las escalas en los distintos ejércitos, el espíritu es de generosidad y no de cicatería, a pesar de los posibles y subsanables errores. Sobre las demoras en conceder las pensiones, Julio Busquets destacó que los beneficiarios, de edad avanzada, pueden morirse antes de obtenerlas y pidió «energía y dureza» por parte del mando militar frente a los fallos burocráticos detectados.

Por último, el ex comandante socialista denunció «las enormes dificultades» que encuentran muchas viudas de guerra para obtener el certificado del sueldo de su marido, que les permite tener derecho a la pensión. Ante los problemas para crear nuevas unidades en la administración militar que permitan atender el volumen de trabajo producido, Francisco Ramos, en nombre de los socialistas, dijo que su grupo pediría al Gobierno que se crearan los servicios necesarios en los cuarteles generales, como ha ocurrido en el Ministerio de Hacienda.

Comisión de Medio Ambiente

La Comisión especial de Medio Ambiente del Congreso acordó ayer dividir el proyecto de ley de reclasificación de los parques nacionales del Teide (Tenerife), la Caldera de Taburiente (La Palma) y Timanfaya (Lanzarote), en tres proyectos de ley, que han quedado dictaminados para su estudio en el Pleno.