La oposición pide que se incrementen los gastos en educación e investigación

La insatisfactoria realidad actual de nuestro sistema escolar y la necesidad de acometer una política de incremento del gasto en educación y en investigación fueron algunas de las ideas más insistentemente expresadas por los grupos parlamentarios de la oposición representados en la Comisión de Educación del Congreso, ante la que ayer compareció nuevamente el ministro de Educación, Juan Antonio Ortega, para someter a debate las líneas generales de su política educativa.

Unánimes todos los grupos en el elogio a la actitud dialogante del ministro, que insistió en su oferta de propiciar entre todos un pacto escolar superador de pasadas crispaciones, los partidos de la oposición se mostraron particularmente críticos respecto de lo que pueda suponer para el futuro de nuestro sistema educativo una política basada en el criterio de considerar el gasto público en educación como «dinero inflacionario».En tal sentido se manifestó el portavoz socialista, Manuel Gracia, para quien «el sueldo de un profesor -digan los presupuestos lo que digan- no es un gasto corriente sin más; es una inversión productiva de un bien productivo a su vez de otros bienes». El diputado socialista se mostró de acuerdo con el ministro en que la futura ley de financiación de la enseñanza obligatoria debe obedecer a criterios de racionalidad y realismo, pero señaló la conveniencia de buscar fórmulas que permitan a los diferentes grupos parlamentarios precisar sus posiciones respecto a los principios constitucionales y prioridades que habrán de informar dicho proyecto de ley, cuya retirada pidió expresamente.

El ministro rechazó la propuesta socialista de retirar el proyecto de ley de finaciación, que se presenta como el gran problema de fondo subsiguiente a la aprobación del Estatuto de Centros Docentes, aunque se mostró convencido de la posibilidad de llegar a un diálogo esclarecedor sobre el tema cuando se discuta el proyecto.

Respecto al Estatuto de Centros Docentes, al cual el ministro no había aludido en su discurso del pasado día 8, Juan Antonio Ortega dijo que se trata de una ley vinculante, cuyo desarrollo reglamentario se realizará con arreglo al principio de legalidad y con el criterio ya expuesto de flexibilidad y de consideración hacia las opiniones de los afectados.

Por su parte, la diputada comunista Eulalia Vintró calificó de contradictorio con las promesas de diálogo hechas por el ministro, el hecho de que se haya decretado la supresión del Instituto Nacional de Ciencias de la Educación (Incie) y del Instituto Nacional de Enseñanzas Integradas (INEI), sin tener en cuenta para nada la opinión de los afectados, y mostró su sospecha de que otro tanto pudiera suceder con el desarrollo reglamentario del Estatuto de Centros.

Replicó el ministro que la supresión del INEI y del Incie no iban a suponer la desaparición de las funciones que ambos institutos han venido realizando, y que, por otra parte, se han establecido los plazos necesarios para que la medida produzca los menores daños y la cautela de respetar los derechos adquiridos por los funcionarios afectados. Respecto a las omisiones apuntadas por la diputada comunista, el ministro recordó que su discurso se había reducido a las líneas generales de la política del departamento.

Apoyos al Gobierno

Los portavoces del PNV y de la Minoría Catalana reflejaron en sus intervenciones la coincidencia de sus respectivos grupos con las líneas generales expuestas por el ministro, y coincidieron ambos en mostrar su preocupación respecto de la interpretación que pueda hacerse sobre la «alta inspección» que el Estado se reservará, una vez llevadas a cabo las transferencias de las competencias educativas a las comunidades autónomas.

La diputada de la Minoría Catalana, María Rubies, llamó la atención del ministro sobre la conveniencia de apresurar las medidas que resuelvan la escolarización de los adolescentes de catorce y quince años, y el ministro le respondió que se trata de un problema del que es muy consciente el Gobierno, y al que habrá que poner remedio.

El ministro pidió al PNV, en respuesta a la intervención del diputado Iñigo Aguirre; «comprensión para que el desarrollo de las competencias del Estado pueda ponerse en marcha plenamente». Esta misma idea quedó reflejada en su respuesta a la diputada comunista Eulalia Vintró, en relación con la necesaria clarificación del concepto de «poderes públicos», a la hora de construir el Estado de las autonomías. El ministro se mostró de acuerdo con la idea de que las comunidades autónomas, como los municipios, son, efectivamente, poderes públicos, pero pidió que no se olvidase que el Estado también lo es y reclamó para éste la misma comprensión que se pide para aquéllas.

Concretó el tema de las competencias educativas del Estado con una referencia expresa al señalamiento de los contenidos de la enseñanza, y dijo que la propia Unesco trabaja actualmente en el proyecto de conseguir cierta homogeneidad internacional en la interpretación de determinados hechos históricos, para evitar concepciones contradictorias de los mismos. En este contexto, el ministro señaló que parecía lógico esperar del Estado una competencia decisiva en la homogeneización de los contenidos de los planes de estudios, sin perjuicio de que cada comunidad, siempre dentro del ejemplo citado de los programas de la asignatura de historia, pueda establecer una mayor insistencia en el estudio de su propia historia.

Por último, en representación del Grupo Centrista, el diputado Manuel Díaz Pinés puso especial énfasis en resaltar la coherencia y continuidad de la línea política de UCD, en materia educativa, y pidió la urgente tramitación del proyecto de ley de financiación.