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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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El Presupuesto de 1981 y la política económica del Gobierno

Alrededor de la presentación de los Presupuestos Públicos para 1981 se han ido delimitando los contornos de la política económica del Gobierno que obtuvo el voto de confianza del Congreso. Quizá la abundancia de información sectorizada y lo abstruso en muchos casos de los conceptos técnico-presupuestarios expliquen la ausencia de juicios vertidos sobre el significado de dicha política económica en el contexto de las políticas alternativas. El propósito que anima estas líneas es, precisamente, el de llevar a cabo una valoración global en tales términos de la política económica propuesta por el Gobierno.Naturalmente toda valoración implica selección de aquellas actuaciones relevantes, en opinión de quien valora, actuaciones que pueden aparecer dispersas o colocadas al mismo nivel que las restantes, dada la estructura legal todavía predominante en nuestro presupuesto. A este respecto debemos destacar las siguientes actuaciones -incluidas en los proyectos de presupuesto o en su entorno- como principales piezas configuradoras del estilo de política económica que se propone:

- La extensión del mercado -como diría Smith- estimulando la demanda sobre determinados sectores que se entienden estratégicos. Los sectores elegidos han sido los de vivienda, energía, transportes, agricultura y servicios públicos locales.

- La potenciación de los planes de reestructuración de aquellos sectores productivos que, pese a hallarse en situación de crisis, se entienden viables, limitando, en cambio, las subvenciones directas a las cuentas de explotación.

- La alteración del patrón distributivo de las cargas públicas, especialmente mediante una inversión de la tendencia en la relación entre impuestos directos e impuestos indirectos.

Asimismo, en el entorno presupuestario, aunque no estrictamente dentro del presupuesto, existen dos temas claves sobre los que también existe convenio elaborado:

- Primero, sobre el tema de los salarios, respecto del cual el Gobierno decide los correspondientes al sector público e igualmente, con libertad para la negociación en lo que al sector privado se refiere, ofrecerá unas líneas orientadoras de la negociación que resulten coherentes con los proyectos generales de política económica.

- Segundo, la política de liberalización del sistema financiero, especialmente a través de la reducción de los coeficientes de inversión obligatoria, seguirá adelante de acuerdo con los propósitos manifestados al respecto.

La solución conservadora

El conjunto de medidas indicadas resultan, en nuestra opinión, suficientes para enmarcar la lógica y ubicación de la política económica que apareja el documento presupuestario. Su valoración, sin embargo, únicamente puede hacerse con seriedad, como antes indicábamos, sobre el trasfondo de las alternativas posibles cuya identificación puede realizarse, esencialmente, por la postura adoptada ante dos parámetros fundamentales. En primer lugar, por la postura ante el coste de los factores productivos y muy especialmente ante el coste de la mano de obra. En segundo lugar, por las decisiones que se adopten respecto de la socialización o no de determinados costes privados, entre los cuales los derivados de los precios del petróleo tienen especial significación.

La primera alternativa existente, como posibilidad lógica, es la que deriva de lo que hemos denominado en otras ocasiones la solución conservadora, cuya lógica fundamental consiste en actuar directa o indirectamente sobre los parámetros antes aludidos con objeto de trasvasar recursos en favor del aparato productivo existente, que es el que constituye, precisamente, el dato inamovible de esta política. En consecuencia, los perfiles básicos de la misma vendrían dados por los siguientes elementos:

- Reducción del coste de la mano de obra por unidad de producto, a través de cualquiera de los procedimientos disponibles que parten del dato de la organización existente y que van desde la simple congelación de salarios nominales y/o los aumentos de precios, pasando por el desempleo, la reducción de los programas de bienestar y seguridad social, etcétera.

-Reducción de los costes del capital, trasladando la carga de la misma, en primer lugar, sobre las instituciones financieras, y, en la medida de lo posible, sobre los ahorradores, mediante la utilización de canales especiales de financiación a tipos de interés bonificados.

- Socialización de costes privados, especialmente los mayores costes del petróleo a través del mantenimiento de sus precios de venta y absorbiendo el Estado las diferencias que pudieran surgir. Esencialmente este mecanismo puede extenderse a otros supuestos, por lo cual resulta fundamental a esta solución conservadora que la estructura de financiación del Estado, y muy especialmente el sistema fiscal, resulte claramente regresiva.

El modelo progresista

Frente a una orientación de la política económica con los rasgos que sucintamente se acaban de describir cabría situar un modelo progresista que, arrancando de la aceptación de los parámetros antes aludidos, propugnase los cambios necesarios para su compatibilización con el aparato productivo. Una política de este corte vendría caracterizada, en todo caso, por las siguientes notas:

- Aceptación del nivel de salarios existente en la economía española, que si bien ha evolucionado durante los últimos años a un ritmo notablemente más vivo que el registrado en los restantes países industrializados de Occidente, todavía, en niveles absolutos, se halla sensiblemente distante de aquél.

La pretensión igualmente existente en este caso de reducir el coste de la mano de obra por unidad de producto busca, en cambio, sus caminos, a diferencia de lo que sucede en la versión conservadora, mediante innovaciones en las técnicas de producción, la búsqueda de nuevos mercados, y en general en la mejora de la capacidad de gestión y operativa de las empresas.

- Propugnar la profundización no sólo en el proceso de liberalización del mercado financiero español, sino, igualmente, del aumento de la competencia abriendo la comunicación de nuestro mercado con los exteriores.

- Limitar cualquier socialización de costes privados y en particular trasladar a los precios de los productos finales el aumento de costes que se produzcan en los crudos de petróleo.

- Defender la necesidad de un ajuste fundamentalmente privado de nuestro aparato productivo, reducíendo asimismo los niveles de intervención pública innecesarios y potenciando una más eficaz utilización de los recursos en este último sector.

Desde esta perspectiva, el mecanismo fundamental de ajuste del sector privado debería hallarse en un mayor nivel de competencia en nuestra economía respecto a los mercados internacionales, tanto en lo que se refiere a las relaciones comerciales como a los mercados financieros.

Este es un factor, el de la competencia internacional, especialmente relevante en nuestro caso. Con demasiada frecuencia, la adaptación de nuestro aparato productivo a lo que inevitablemente, constituyen parámetros y no variables, va a exigir una profunda renovación de los gestores empresariales y, en consecuencia, la necesidad de factores de dinamización que sitúen dicho proceso de sustitución en un marco temporal socialmente aceptable. Y este es, precisamente, el papel clave que la competencia exterior -que no significa solamente vender en mercados extranjeros, sino igualmente admitir que los extranjeros operan en nuestros mercados- tiene como factor plausible de dinamización dentro de los plazos exigidos.

Medidas dinamizadoras del aparato productivo

Hay que reconocer que la política económica seguida por el Gobierno durante los últimos años ha tenido más ingredientes de la solución conservadora que de su contraria y, en este sentido, cabe hoy afirmar que, al menos a nivel de propósitos, los rasgos que configuran la política económica proyectada han basculado desde aquella posición para recoger diversas opciones incluidas en el modelo más progresista. Por ello, aunque la política resultante combina elementos de ambos modelos, tal como puede verse en el esquema simplificado que se incluye en el cuadro adjunto, existe un claro predominio de medidas dinamizadoras del aparato productivo.

Respecto del primero de los temas centrales, esto es, la posición de la política económica frente a los salarios, la postura del Gobierno combina, como apuntamos, elementos de ambos modelos. Aunque el principio general es el de libertad de contratación, es claro que aquellos salarios que dépenden del sector público se fijan administrativamente, al tiempo que no se renuncia, aun por vía de la orientación, al establecimiento de ciertos criterios a tener en cuenta en el proceso de negociación de los salarios del sector privado.

En cuanto al segundo tema importante, el de los costes del capital, la política propuesta por el Gobierno insiste en la profundización del proceso de liberalización, proceso que constituye, sin duda, una condición necesaria, aunque no suficiente, para el logro de mercado financieros competitivos.

Una tercera línea de avance es la referente a los mecanismos de socialización de determinados costes privados. También aquí la política inicialmente propuesta parece situarse en una línea progresiva, a pesar del aumento experimentado por las desgravaciones e incentivos fiscales a la inversión privada. Así deben interpretarse los propósitos de alterar el planteamiento de los apoyos públicos a las políticas de reestructuración sectorial, sustituyendo las acciones puntuales por planteamientos coherentes a nivel de sector y recortando a la vez las subvenciones dirigidas a las cuentas de explotación. En consecuencia cabe esperar, a este respecto, un mayor protagonismo de los propios sectores afectados, que podrán contar, no obstante, con el preciso apoyo público en aquellos casos que resulte patente su viabilidad.

En esta misma línea deben juzgarse positivamente las medidas tendentes a aproximar el precio de determinados productos petrolíferos -todavía subvencionados- a determinados costes de producción, cerrando así, paulatinamente, este importante elemento de distorsión en el proceso de ajuste.

Quizá la ausencia inicial más destacable, repasando el cuadro

José Víctor Sevilla Segura es economista y ex director general de Tributos.

El Presupuesto de 1981 y la política económica del Gobierno

que sintetiza las medidas, sea la instrumentación y el ritmo de una política de liberalización exterior, que, en nuestra opinión -como antes indicábamos-, constituye el camino más adecuado para lograr una dinamización de nuestro aparato productivo. En paralelo, aunque quizá esto se entienda incluido en los programas de reestructuración sectorial, existe igualmente la necesidad de configurar todo un marco institucional, imaginativo y ágil, que promueva el proceso de inversiones españolas en el extranjero como parte esencial igualmente del proceso de ajuste privado antes aludido.Sin perjuicio de la primacía en el proceso de ajuste de la lógica del mercado, deben valorarse, igualmente, de forma positiva las actuaciones públicas sobre la demanda de sectores productivos con elevado potencial de arrastre, puesto que a la cuestión central del ajuste de la estructura productiva -y en buena medida como consecuencia de ello- se superpone, por el lado de la demanda, una secuencia acumulativa a la baja que sí es susceptíble de tratamiento. No se trata, por supuesto, de iniciar una política indiscriminada de expansión de la demanda, pero sí de impedir que sea este factor exclusivamente el que, en muchos casos, con aparatos productivos razonablemente eficientes, esté limitando alcanzar el adecuado nivel de actividad.

Moderación de tensiones

Globalmente consideradas, pues, las líneas de política económica que se articulan alrededor del presupuesto contienen, como señalábamos anteriormente, un conjunto de acciones correspondientes a ambos modelos, con predominio de las acciones progresistas.

En términos de fuerzas sociales y precisamente por ese carácter mixto del programa, la opción escogida presentará mayor número de campos de tensiones, aunque con un nivel más moderado que si se hubiese optado por cualquiera de los modelos polares.

En efecto, una opción netamente conservadora hubiese hallado, sin duda, una importante oposición por parte de las fuerzas sindicales y diversas tensiones secundarias -dignas de especial atención-, entre una parte de los sectores industriales y los financieros, ya que la afición de los primeros por canales de financiación a bajos tipos de interés pugna cada vez más, en la actual situación del mercado financiero, con el interés de los segundos, en la mayor parte de los casos.

La segunda opción, la que hemos calificado de progresista, tiene su campo de tensión fundamental entre aquellos sectores industriales que se liallan en crisis o cuya adaptación no resulta viable a medio plazo junto a aquella parte del sistema financiero que erróneatrtente ha identificado la eliminación de coeficientes de inversión obliliatoria con la existencia de un mercado competitivo, frente a los sectores más dinámicos o emergentes de nuestro aparato productivo, entre los cuales hay que destacar la mayor parte de la inversión extranjera.

El cuadro de medidas políticas adoptadas trata de que las tensiones sean de grado inferior, aunque a cambio de ello, las multiplica forzosamente en número. Es una estrategia razonable de la que sólo queda esperar sus resultados.

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