Reforma y gasto

En anterior Consejo de Ministros se aprobó una reorganización administrativa que persigue, al parecer, un mayor grado de eficacia y coordinación en los cometidos asignados a los respectivos ámbitos funcionales. Se trata, según todos los indicios, dellevar adelante la prometida y hasta ahora inconclusa reforma de la Administración que viene apareciendo en los programas gubernamentales de todos los Gabinetes.Uno de los objetivos que se asignan a este proceso reformista es mejorar la calidad y productividad de la Administración, profesionalizar a sus servidores, agilizar los trámites y, en definitiva, ponerse a la altura de los tiempos, erradicando viejas tradiciones y hábitos difícilmente comprensibles en el último tercio del siglo XX y en una sociedad desarrollada como la española. Pero también se busca otro fin: la reducción del gasto público o la mejor asignación de sus recursos en busca de una más elevada rentabilidad sociaty económica.

En este orden de cosas se inscribe la solicitud de que se cree una secretaría de Estado para el control del sector público, con lo que se obviarían algunos de los inconvenientes administrativos con que se enfrenta actualmente la Intervención General del Estado para el desempeño de sus tareas de fiscalización de «todos los actos de la Administración pública, incluso los de la Administración militar, que motiven derechos y obligaciones de contenido económico o ingresos y pagos, intervenir la efectividad de los mismos y llevar a cabo la intervención material de las inversiones públicas». ( ... )

Y en esta línea de mejora nos preguntamos, una vez más, qué habrá sido de la comisión creada hace ya dos años para el estudio y racionalización del gasto público, porque hasta el momento nada se ha traslucido del resultado de sus trabajos e investigaciones. Porque el gran problema de nuestra Administración no es tanto la cuantía de sus gastos, sino su mejor y más correcta aplicación medida en términos de mayor bienestar colectivo.

11 de octubre