Un ministro para Euskadi

AL ACEPTAR su nombramiento como gobernador general del País Vasco con categoría de ministro, Marcelino Oreja ha dado una lección de responsabilidad y de coraje que deberían aprenderse de memoria aquellos profesionales del poder para quienes el Estado no es sino un manantial de cargos remuneradores o de mercedes gratificadoras para la vanidad. El antiguo titular de Asuntos Exteriores, en cuya designación sólo cabría criticar precisamente la anormalidad administrativa que implica mantenerle a título personal el rango de ministro, podía haber conseguido un transitorio retiro dorado en una embajada o al frente de un banco o entidad estatal. Sin embargo, Marcelino Oreja inaugura su mandato como supergo bernador de Euskadi cuando sólo el optimismo de la voluntad permitiría contemplar el futuro inmediato de aquel territorio de forma no sombría y cuando resulta fácil vaticinar sinsabores, quebraderos de cabeza y pro blemas sin cuento a quien desempeñe ese cargo. Sin contar, por supuesto, con los peligros para la seguridad personal y los riesgos de desgaste para la imagen política que la decisión comporta.El Gobierno ha mostrado una sorprendente sensibili dad al confiar a este vasco de nacimiento y diputado de UCD por Guipúzcoa, cuya experiencia anterior le ha familiarizado con la negociación y la prudencia, la peliaguda misión de representar la voz de la Administración Central en un territorio ya dotado de Gobierno y Parlamento autonómicos, azotado por la violencia y sometido a tensiones de todo orden. Oreja toma posesión de su cargo en un momento delicado, pero abierto a cierta esperanza. Aunque subsisten serios puntos de desacuerdo entre el Poder ejecutivo y el Gobierno de Vitoria, centrados sobre todo en los conciertos económicos y la policía autónoma, y aunque el futuro de Navarra puede continuar alimentando los recelos mutuos entre UCD y el PNV, últimamente se han dado importantes pasos para el establecimiento de ese clima de confianza mínimo indispensable para que las instituciones de autogobierno vascas reciban las transferencias y los apoyos del Estado que les permitan comenzar a funcionar de verdad. Es de esperar que la habilidad y buen sentido de Oreja ayuden a disipar los malentendidos sobre la Junta de Seguridad y permitan la rápida constitución de la policía autónoma vasca, para la que el consejero Retolaza ha pedido ya la provisión de las primeras quinientas plazas. Por lo que se refiere a los conciertos económicos, los dirigentes del PNV deberían ser conscientes de la suspicacia e irritación que podrían producir en el resto de la sociedad española, especialmente en los territorios sensibilizados a los agravios comparativos, las exigencias o reivindicaciones que evocaran, aunque fuera débilmente, el fantasma del paraíso fiscal y de los privilegios impositivos.

El litigio de Navarra no entra en el campo de atribuciones del nuevo supergobernador, pero puede repercutir gravemente en la situación de la comunidad autónoma de Euskadi. Los navarros subrayan, con razón, la complejidad de sus problemas. En una situación tan intrincada como la del antiguo reinojen la que cruzan líneas de enfrentamiento de muy distinta naturaleza y la polarización, entre navarristas y vasquistas ofrece perfiles ideológicos, generacionales y de clase difícilmente reductibles a esquemas étnicos o lingüísticos, de nada valen las respuestas simples. Simplismo, sin embargo, subyacente a la prohibición de que ondee la ikurriña en los ayuntamientos -¿tan pronto se ha olvidado la capacidad mortífera de, los símbolos?- o a los enfoques de unos y otros de la cuestión del referéndum.

Por lo demás, Oreja ha aceptado su designación como supergobernador de Euskadi, cuando la violencia ha incorporado a su larga lista de asesinatos a José Ignacio Ustarán, militante centrista alavés. La nueva y arreciada oleada de crímenes ha repercutido en el campo político de la izquierda abertzale de manera contradictoria. Euskadiko Ezkerra toma distancias cada vez mayores y mejor argumentadas respecto a ETApm, hasta el extremo de que su condena del asesinato de Vitoria parece marcar el punto de no retorno a la violencia. Las declaraciones de Mario Onaindía, al señalar que «los puntos de la alternativa KAS no responden a las actuales necesidades», ponen en evidencia la inviabilidad de cualquier negociación entablada sobre unos presupuestos maximalistas y retóricos. En cambio, Herri Batasuna prosigue sus habituales representaciones de teatro -dramático- del absurdo. Los dirigentes de Herri Batasuna parecen creer que sólo los militantes electores o simpatizantes de esa coalición y los terroristas de ETA pueden ser titulares de derechos humanos, Así, la libertad de expresión es, un derecho de la Prensa radical abertzale, pero no de José Javier Uranga o de los demás periodistas amenazados por ETA Militar. Así, los portavoces de Herri Batasuna denuncian las complicidades y encubrimientos del Batallón Vasco-Español en grupos y sectores que dan su apoyo político e ideológico a los terroristas de ultraderecha, pero se rasgan las vestiduras cuando la policía investiga a posibles sospechosos de complicidad y encubrimiento del terrorismo etarra que milita en grupos y sectores que dan su apoyo ideológico y político a ETA Militar. Así, la muerte de activistas etarras, aunque sea en refriegas iniciadas y provocadas por ellos, da lugar a condenas de los hombres públicos del abertzalismo radical, pero las decenas y decenas de hombres abatidos por los terroristas de ETA no les producen más sentimientos que una fanática indiferencia o una indecente alegría. Parecería como si Herri Batasuna, tras definirse en exclusiva como el pueblo vasco, aspirara a identificarse también con el género humano y con el ejercicio de los derechos correspondientes a nuestra especie.

Nada sería peor que aceptar esa lógica para invertirla y dirigirla contra sus creadores. Aunque las víctimas del teatro de la crueldad y del absurdo montado por Herri Batasuna no pueden sino rebelarse contra ese intento de limitar el disfrute de los derechos humanos a los terroristas de ETA y a sus simpatizantes, deben resistirse a competir en esa carrera de destrucción de la razón. Los etarras son asesinos, pero también lo son los componentes del Batallón Vasco-Español. Los cómplices y encubridores materiales de ETA deben ser investigados, procesados y condenados, pero también los que realizan idéntico trabajo para el terrorismo de ultraderecha. Y unos y otros pese a sus crímenes, son titulares de los derechos humanos y de las garantías procesales que nuestra Constitución reconoce. Porque, tan disparatados resultan los protectores de los terroristas cuando piden para éstos amnistía o impunidad, aunque estén probados sus crímenes, como injustificada es la pretensión de sentar en el banquillo, sin pruebas, a los dirigentes y parlamentarios de Herri Batasuna, ciudadanos sometidos, como los demás, a la legalidad vigente para bien y para mal.