Antes de un mes estará preparado el nuevo reglamento de prisiones

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, anunció ayer ante el Pleno del Senado que antes de un mes espera tener preparado el nuevo reglamento de prisiones, que desarrolla la ley Penitenciaria. El ministro anunció asimismo una serie de medidas de mejora y reforma del sistema penitenciario, al contestar a una interpelación del senador socialista Rogelio Borrás sobre la aplicación de la citada ley. El Pleno del Senado aprobó también las leyes de Montes Vecinales en Mano Común y de Enjuiciamiento Oral de Delitos Flagrantes y Menos Graves.

El senador Borrás, al exponer su interpelación, dijo que tal vez algunos de los hechos irregulares últimamente denunciados en las cárceles se han producido por falta de un reglamento que desarrollase la nueva ley Penitenciaria. Añadió que la sociedad española no está suficientemente concienciada respecto a este problema, y afirmó que si alguien comete un delito debe pagar la pena establecida legalmente, pero nada más. A este respecto comentó que muchos funcionarios de prisiones cumplen correctamente con su obligación, pero «hay que meter mano a quienes no lo hacen».Entre otros casos de irregularidades denunció que no se cumple el precepto de la ley según el cual los presos que trabajen deberán recibir un salario tendente a equipararse con el legalmente establecido. El senador socialista se quejó de que las cárceles se conviertan en banderín de enganche de la delincuencia y centro de consumo de droga, que, según dijo, se obtiene más barata dentro de las prisiones que en la calle.

Plan ministerial

El ministro de Justicia anunció que no se iba a limitar a contestar la interpelación, sino a hacer un planteamiento global de la política de su ministerio en este tema. Este planteamiento parte de cinco puntos fundamentales:

- Hacer compatibles los principios de seguridad para la sociedad y de dignidad para el recluso. Las penas privativas de libertad no deben conllevar otras: los presos no están fuera de la sociedad. A este respecto, el ministro reconoció que la situación actual no es satisfactoria, pero advirtió que no se pueden hacer generalizaciones, como supondría descalificar globalmente a los funcionarios, que están sometidos a una tremenda tensión debido a que la población penal se ha duplicado desde hace dos años. No obstante, Fernández Ordóñez quiso dejar claro que «en cualquier caso que se den malos tratos, daremos cuenta a la autoridad judicial».

- Programación de medios materiales y personales para atender a esta política. No se pueden esperar resultados espectaculares a corto plazo, pero se van a dedicar 6.300 millones de pesetas en inversión para reformar y mejorar los centros y crear otros nuevos, entre ellos varios destinados a la población reclusa menor de veintiún años, que es el 13%.

- Mantener la autoridad en las cárceles y el respeto a los funcionarios de instituciones penitenciarias, sin lo cual es imposible el funcionamiento correcto de éstas.

- Control judicial de las prisiones por aplicación del artículo 526 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y la creación de los jueces de vigilancia.

- Conclusión rápida del reglamento que desarrolla la ley General Penitenciaria. El ministro explicó que cuando accedió al departamento encontró este reglamento en fase de borrador. Después lo ha revisado y se va a estudiar nuevamente en colaboración con los funcionarios. Mientras tanto, no se aplica el reglamento antiguo en cuanto es contrario a la nueva ley. El nuevo proyecto contiene criterios renovados en cuanto al trabajo de los presos y medidas para la humanización de las prisiones de régimen especial.

El debate, que fue presenciado por varios familiares de presos de los GRAPO invitados por el senador Borrás, concluyó con el ofrecimiento al ministro del apoyo socialista si realizaba una política penitenciar adecuada. Fernández Ordóñez recibió un breve aplauso de la oposición.

A continuación se aprobó el proyecto de ley de montes vecinales en mano común, que regula el control y explotación de éstos por las comunidades vecinales, y afecta sobre todo a Galicia y zonas colindantes de El Bierzo (León) y Sanabria (Zamora). La situación de estos montes, en parte fuera del control de estas comunidades, se tiene por causa de muchos incendios forestales en Galicia. Asimismo, el socialista gallego Antonio Carro acusó al Icona de estar despojando de hecho a los vecinos de sus montes, y expresó sus dudas de que esto pueda impedirse con la nueva ley. Le replicó el ministro de Agricultura, Jaime Lamo, quien afirmó que la nueva norma permitirá que los montes vecinales en mano común no sean en el futuro una curiosidad arqueológica.

La ley de Enjuiciamiento Oral de Delitos Dolosos, Menos Graves y Flagrantes, a probada a continuación, persigue evitar que los presuntos delincuentes se vean un excesivo tiempo en libertad provisional por retraso de la vista de sus causas. Para ello prevé un enjuiciamiento oral de éstas, en el plazo máximo de quince días desde que se produce la acusación y que el juez dicte sentencia en un plazo máximo de tres días.

De nuevo el Grupo Socialista manifestó que no tienen esperanzas de que la ley sea eficaz, debido a la falta de medios de que adolece el aparato judicial. Al igual que el anterior, este proyecto fue devuelto al Congreso para que decida sobre las enmiendas propuestas por el Senado.