La industria del automóvil generalizará expedientes de regulación de empleo

Los fabricantes españoles de automóviles de turismo y de camiones tendrán que efectuar expedientes de regulación de empleo en sus respectivas plantillas durante los próximos meses, debido a la fuerte crisis por la que atraviesa el sector en este país. El descenso en las ventas, con respecto al mismo período del pasado año, y las expectativas de que, en el mejor de los casos, el mercado mantendrá la misma atonía durante el próximo año, convierte a las plantillas actuales en excesivamente numerosas para la producción que el mercado nacional y la exportación pueden absorber.

Después de los nueve primeros meses del año, el mercado general de automóviles de este país ha descendido, con respecto al mismo período del pasado año -que ya no fue bueno-, alrededor de un 20% Esto coloca en situación crítica a más de un fabricante, pues del cómputo global habría que descontar a Renault, que no sólo no ha perdido penetración, sino que ha ganado algo. De cualquier forma, Renault, actual primer fabricante de automóviles del país, se ha visto favorecido en esta comparación con el pasado ejercicio por el hecho de haber sufrido entonces una huelga que tuvo paralizada la fábrica durante algún tiempo y que trajo como consecuencia una pérdida en la producción próxima a 25.000 vehículos. Pese a todo, el ritmo de ventas de Renault tampoco es ya el de primeros meses de este año, y los plazos de demora en las entregas, característicos de la marca, prácticamente se han eliminado.Si se exceptúan a Renault y a Ford de la cifra total de vehículos de fabricación nacional matriculados en el año anterior, las pérdidas de ventas en el resto de los fabricantes del país alcanzan cotas superiores al 40%. Planificar una producción a principio de un año y que, en el transcurso del mismo, las ventas sean del orden de la mitad de lo previsto, tiene que provocar sin duda, una situación crítica para estas empresas.

Las causas de la crisis

Tanto la Administración, como los propios fabricantes, atribuyen el bajón de ventas a la crisis económica general que atraviesa este país. Los fabricantes, además, a nivel privado se atreven a confesar también que el Gobierno tiene su parte de culpa por la mala legislación general que se ha seguido con la industria del automóvil.Sin embargo, las causas no son sólo esas. Sin querer desconocer la indudable influencia negativa que produce la recesión, no sólo a nivel nacional sino en todo el mundo -aunque hay excepciones claras-, tanto la Administración como los fabricantes deben asumir su parte de responsabilidad en la caída de las ventas. Porque la crisis económica general, con ser grave -y más en este país, que no asumió la crisis de 1973 y que ahora debe sufrir las consecuencias de aquella alegría-, no lo es todo.

A esa crisis económica general habría que añadir, por parte de la Administración, la tremenda carga impositiva que pesa sobre el automóvil y sus repuestos, que puede aún incrementarse en plazo breve, según amenazó el Gobierno en la declaración de intenciones efectuada por el presidente del Gobierno con ocasión de la votación de confianza.

Al mismo tiempo, el elevado precio del litro de gasolina, también en constante crecimiento, influye de forma negativa en la decisión de un comprador potencial.

Pero las medidas de la Administración, que una y otra vez utiliza el automóvil y sus ramificaciones para ingresar importantísimas cantidades de dinero de forma fácil, están también acompañadas por la política general practicada por los fabricantes. Ni los planteamientos son -en demasiadas ocasiones- los correctos, ni el producto el que espera o necesita el mercado español, ni el precio el adecuado a las posibilidades de ese mercado. Porque, con independencia del precio específico de cada coche en concreto, el precio de los automóviles es excesivamente caro para este país.

Finalmente, los fabricantes son culpables también de una falta de imaginación para dar con el producto que necesita el mercado español y, luego, hacerlo bien. El reciente lanzamiento de un utilitario como el Seat Panda, cuya acogida ha sido sorprendente, es una prueba de ello.

Los fabricantes españoles han podido compensar parcialmente la crisis del mercado interior gracias a la exportación a los mercados de todo el mundo a través de las redes comerciales internacionales de las multinacionales instaladas en este país. Pero esta situación puede variar en sentido negativo. Porque, durante mucho tiempo, los coches fabricados en España han cubierto el exceso de demanda que las multinacionales no podían cubrir desde sus países de origen. Pero eso era antes. Ahora, cuando las fábricas matrices experimentan problemas de exceso de producción -fruto de la baja en la demanda-, el problema es inverso. Y, en esa situación, es lógico pensar que a esas multinacionales les sea más rentable cubrir la demanda con productos fabricados en sus países de origen.

Ante esta situación, las perspectivas para el próximo año son muy negativas. En el mejor de los casos, según todas las previsiones, el mercado español no podría acoger más de medio millón de vehículos -incluso puede no rebasar 480.000 unidades- y las exportaciones tampoco superarán la cifra de este año.

El defecto por parte de los implicados en el sector -y de muchos otros ajenos al mismo- es que en demasiadas ocasiones se ha asociado el tocar fondo con el salir de esa situación, y la realidad ha demostrado que eso es una gran equivocación. El tocar fondo no supone, de ninguna manera, un rebote, y el mercado del automóvil de este país puede haber llegado a esa situación; pero todo parece indicar que se va a mantener en la misma.

Próximo aumento de precios

Por otra parte, un aumento de precios generalizado puede llegar en los próximos días -Citroën ya lo hizo con fecha 1 de septiembre-. La cuantía del mismo no sería inferior al 6% global, aunque variaría según marcas y modelos. Todos los fabricantes parecen dispuestos al incremento, ya que la actual situación de precios libres les permite hacerlo.Sin embargo, no deja de ser curioso que todos ellos vayan a coincidir en fechas y cuantías y que, a pesar de ello, se haya comentado a EL PAIS que «alguien está interesado en filtrar este tipo de información con algún interés oscuro y desconocido». Pese a que los fabricantes rara vez se ponen de acuerdo para defender globalmente el sector, en contra de las medidas de la Administración, sí lo hacen a la hora de fijar los precios, aunque esta política monopolista -siempre negada- podría ir contra la legislación vigente en esa materia.