Críticas de la izquierda y silencio del Gobierno ante la pastoral del cardenal primado contra el divorcio

El Ministerio de Justicia se abstuvo ayer, «por razones obvias», según una fuente del mismo, de comentar la carta pastoral del cardenal primado de España y arzobispo de Toledo, Marcelo González, en la que, en vísperas de los trabajos parlamentarios en torno al divorcio, arremetía duramente contra la regulación del mismo y afirmaba que el Estado no está legitimado para introducir el divorcio en la legislación. Fuentes del citado departamento ministerial insistieron en que mañana se reúne la ponencia que informará el proyecto de divorcio y no interesa prejuzgar sus trabajos. Existe la creencia generalizada de que, en las primeras sesiones, la ponencia no entrará en ningún tema conflictivo, o «hablará de la mar y de los peces», por decirlo en palabras de un alto cargo del Ministerio de Justicia

Para Enrique Múgica, diputado socialista y miembro de la ponencia, la pastoral del cardenal Marcelo González «es una intromisión en la soberanía del Parlamento, que responde a criterios totalmente desfasados e improcedentes. El primado», afirma Múgica, «puede, como cualquier ciudadano, opinar en contra de la Constitución, está en su derecho; pero, como primado y arzobispo de Toledo, debe valorar las consecuencias de su postura anticonstitucional. Sería de desear que la jerarquía eclesiástica no se pronunciara contra el orden constitucional y la soberanía del Parlamento».Josep Solé Barberá, diputado comunista y miembro, asimismo, de la ponencia que informará el proyecto de divorcio, hace una valoración «negativa» de la carta del primado. «Hasta este momento», dice, «cuando discutimos los proyectos de divorcio presentados por nuestro grupo y por los socialistas no pretendíamos entrar en el terreno religioso ni tirar las primeras balas en una guerra santa. Creíamos haber conseguido nuestro interés de no violar los problemas de conciencia de nadie, pero el cardenal ha roto este ambiente. Nosotros no queremos entrar en disquisiciones de orden moral, ético o religioso, sino resolver los problemas graves de los matrimonios que, cuando entran en vías de divorcio, es que están rotos. Al plantear el problema en el Parlamento no hemos encontrado ninguna minoría que usara tales fórmulas, ni siquiera la catalana, el PNV o Coalición Democrática, que podrían moverse en la órbita de la Iglesia católica».

Jorge Verstrynge, secretario general de Alianza Popular, leyó a EL PAIS una nota de la comisión permanente del partido, que se reunió ayer, en la que mantiene sus enmiendas a la totalidad y al articulado del proyecto de divorcio y reitera que «el divorcio es un mal, y la implantación de su posibilidad sin distinciones en la legislación civil española, un grave error político, en palmaria contradicción con el bien común de la sociedad civil». Verstrytige se negó a enjuiciar los términos de la pastoral de Marcelo González, pero dijo que «el momento de hacer las declaraciones era éste; la probabilidad de que esto se produjera ahora era alta».

El proyecto Cavero

El proyecto, que comenzará a estudiarse mañana en el Congreso, fue remitido por el Gobierno a las Cortes el pasado 1 de abril y aceptado por la Comisión de Justicia, «a los solos efectos de su estudio en comisión», el 12 de junio, tras un debate en el que sólo UCD votó a favor (diecisiete votos), el diputado del Grupo Mixto Pi i Sunyer lo hizo en contra, y los demás grupos parlamentarios (también diecisiete votos) se abstuvieron. Con anterioridad se habían debatido durante más de cuatro horas cuatro enmiendas a la totalidad, que propugnaban la devolución del texto al Gobierno, presentadas por los diputados del Grupo Mixto Pi i Sunyer, Piñar y Bandrés, y por el centrista Díez Pinés.El texto de divorcio ucedista mantiene la filosofía del partido del Gobierno relativa a que el divorcio no es un derecho fundamental de la persona, aunque sí lo es contraer matrimonio, y se pronuncia por lo que el anterior ministro de Justicia, Iñigo Cavero, llamó «un divorcio de constatación de la ruptura irreparable de la comunidad conyugal». El proyecto mantiene la necesidad de la separación previa para poder acceder al divorcio, contempla unos plazos a guardar tras esta separación, pasados los cuales se iniciaría otro procedimiento para el divorcio, y recoge, aunque huyendo en ocasiones de una terminología explícita al respecto, la necesidad de culpabilidad de uno de los cónyuges. Estos extremos han sido duramente criticados por los partidos de izquierda, .grupos de mujeres y diversos sectores progresistas.

El PSOE solicitó en la Comisión de Justicia, por boca del diputado Antonio Sotillo, que el Gobierno se pronunciara sobre cuatro puntos: la reducción de los plazos previstos para la obtención del divorcio; la supresión de las causas de simulación o similares; la supresión del artículo 87 del proyecto, que da una amplia discrecionalidad al juez para conceder o denegar el divorcio, y una regulación clara que permita que la separación pueda hacerse por mutuo acuerdo y conduzca al divorcio sin un nuevo proceso.

El 19 de junio quedó designada la ponencia encargada de informar el proyecto de ley de divorcio. Sus integrantes son: Juan Carlos Aguilar (PSA); Enrique Múgica, Josep Verde i Aldea, Antonio Sotillo y Virgilio Zapatero, por los grupos socialistas; José Antonio Escartín, María Dolores Pelayo y, Antonio Jiménez Blanco, por UCD; Josep, Solé Barberá (PCE), Josep Pi i Sunyer (Grupo Mixto) y Juan Antonio de la Vallina (Coalición Democrática).