Francia ha presentado un informe catastrofista sobre la entrada de España en la CEE

La delegación francesa ante el Mercado Común ha presentado a sus ocho colegas un duro informe sobre las consecuencias de la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas, en el que se insiste en negar cualquier negociación sobre el capítulo agrícola mientras no se reformen los actuales reglamentos, y se propone que, antes de fin de año, los nueve entreguen al Gobierno español «una declaración de orden general, describiendo los problemas y dificultades previsibles en lo que concierne a la integración de la agricultura».

El documento, al que tuvo acceso ayer EL PAIS, consta de diez folios y «responde», dice textualmente, «al deseo manifestado por los delegados de los otros Estados miembros de conocer los problemas agrícolas que plantea la adhesión de España».La delegación francesa realiza un somero examen de los datos de base de la agricultura española, que permite comprender -afirma- la amplitud del problema. Sin embargo, un estudio detallado de su propio informe revela que Francia maneja cifras que no sólo no coinciden con las calculadas por España, sino que rebasan muy ampliamente las propias estimaciones de los servicios de la Comisión Europea, a la que parece difícil acusar de trato preferencial hacia nuestro país. Algo así, sin embargo, sugiere el documento francés, que arremete duramente contra los documentos de la comisión.

Según los franceses, la adhesión de España no exige sólo un reajuste de la agricultura comunitaria, sino su «mutación». Para ello se basa en los siguientes datos: la producción de tipo mediterráneo (aceite de oliva, vino, frutas y legumbres) representa más de un tercio del total de la producción agrícola española y, sobre todo, el 85%, al menos, de sus exportaciones. España posee el viñedo más grande del mundo: 1,7 millones de hectáreas, contra 1,2 millones en Francia y 1,1 en Italia. Es el segundo productor europeo de frutas y legumbres, después de Italia, y su producción de aceite de oliva es casi igual que la de la CEE en su conjunto. Todo ello -y este parece ser el punto que más irrita a nuestros vecinos- con unas reservas de productividad muy grandes.

El documento galo insiste en que las actuales posibilidades financieras de la Comunidad Económica Europea no pueden hacer frente al gasto que supondría la adhesión de España. Arremete contra los cálculos efectuados por la comisión europea -muy bajos, añade-, y afirma que sólo para el aceite de oliva serían necesarios mil millones de unidades de cuenta (la comisión calcula 625 millones). El ingreso de nuestro país en el club de los nueve se traduciría, alega París, en un gasto extra para el Feoga (Fondo de Garantía de Precios) de 350 a 400 millones de unidades de cuenta anuales (la comisión ha estimado que no superarán los 150 o 200 millones).

De acuerdo con estas cifras -la delegación francesa no explica cómo ha llegado a ellas-, el informe galo afirma tajantemente que es imprescindible modificar el «activo» comunitario antes de proceder a la ampliación. «Difícilmente se comprende cómo la comisión puede pronunciarse sobre el contenido de las medidas transitorias aplicables a España sin conocer previamente el contenido de las nuevas reglas comunitarias», señala.

Después de resaltar los riesgos de desequilibrio del mercado de frutas y legumbres, los expertos franceses afirman que existe una gran diferencia entre los costes de la producción agrícola en España y en los países comunitarios, y que, aunque los rendimientos actuales de la agricultura española son inferiores a los de los nueve, la misma adhesión puede invertir esta relación, aunque sólo fuera por el aumento de la superficie de regadío, que, explica, puede incrementarse en «un millón de hectáreas en los próximos veinte años».

Los franceses sospechan que, «sea cual sea la orientación que España dé a su política agrícola (y aquí hacen un inciso para señalar que existe una gran incertidumbre a este respecto), se puede ya afirmar que tenderá a desarrollar los productos de exportación».

El vino es el capítulo que más preocupa a París -Francia es un gran productor-, aunque reconoce que nuestros viñedos producen sólo la mitad que los de su país. «Pero eso puede cambiar», alega. El potencial medio de España puede llegar a ser de cuarenta millones de hectolitros, según sus expertos.

A este escenario tan favorable para nuestra agricultura y tan negro para la comunitaria, y sobre todo para la francesa, el Gobierno de Giscard d'Estaing añade un «riesgo» más los perjuicios que la adhesión de España causará a países terceros de la cuenca mediterránea.

Proseguir la negociación

En medios próximos a la misión española ante la CEE, el documento francés ha sido acogido «con preocupación, pero sin caer en la trampa de reacciones airadas que, al parecer, busca el Gobierno de París», según dellaró un portavoz oficioso.

Según dichas fuentes, los intereses españoles deben ser defendidos con frialdad, sin acudir «al engaño». El nuevo ministro para las Relaciones con la Comunidad Económica Europea -que se entrevistó ayer, en Luxemburgo, con el presidente de turno del Consejo de Ministros, Gaston Thorn, y con el vicepresidente de la Banca Europea de Inversiones- es un decidido partidario de proseguir las negociaciones en los campos en los que sea posible, sin «dar pretextos para que la pausa sea una realidad». La teoría del Ministerio de La Trinidad es que hay que negociar en Bruselas y en las nueve capitales europeas todo lo que se pueda ir negociando.