La Junta salvadoreña, aislada de la clase política

En junio, la Unión Demócrata Cristiana Europea declaró, en su congreso de Lisboa, «el más amplio apoyo» a Duarte y a la Junta. El COPEI venezolano -cuyo financiamiento de los grupos democristianos es un secreto a voces- multiplica sus gestos de buena voluntad y estímulo.Pero nada de eso parece impresionar a la oposición salvadoreña, que ha trazado un cordón sanitario en torno a la Junta. Los partidos que fueron aliados de Duarte en la coalición Unión Nacional Opositora, durante la pasada década (y que incluso lo llevaron como candidato presidencial en 1972), dicen que el PDC se ha convertido en un instrumento de la derecha militar. Para el MPSC, la permanencia de la democracia cristiana en la Junta es una fórmula pactada por Duarte con los norteamericanos.

Desde su independencia, en 1822, El Salvador ha tenido 52 golpes de Estado; desde 1931, todos lo presidentes (salvo uno, provisional) han sido militares. Aunque hay un partido oficialista (que funcionó como tal hasta el año pasado), el de Conciliación Nacional, las fuerzas armadas constituyen todavía el principal grupo de poder político.

La oposición civil ha sido impotente hasta ahora para corregir ese estado de cosas. Sus principales partidos -PDC, el Movimiento Nacional Revolucionario (socialdemócrata) y la Unión Democrática Nacionalista, en la que estaban los comunistas ilegalizados- se agruparon en la Unión Nacional Opositora y tuvieron mayoría en las elecciones de 1972 y 1977, pero el fraude dio la presidencia, sucesivamente, al coronel Arturo Molina y al general Carlos Humberto Romero, candidatos del partido de Conciliación Nacional. Romero, derrocado en octubre de 1979 por el golpe militar interno que instaló a la actual Junta, encarnaba ese continuismo castrense de medio siglo.

Pero la situación era insostenible en los términos de rigidez que sostenía Romero. Alguna reforma debía actuar como válvula de alivio en El Salvador de 1979, un país donde el ingreso anual por persona equivalía a 43.000 pesetas; un 58% de la población recibía incluso menos de 20.000 pesetas, y un 8% acaparaba el 50% del ingreso nacional. Y donde, pese a la fenomenal densidad demográfica (214 habitantes por kilómetro cuadrado (casi tres veces y media la de España), el crecimiento económico ha sido casi nulo (1,8% en los últimos diez años), debido a estructuras agrarias atrasadas e injustas. El 91,4% de la población rural dispone de sólo el 21,8% de las tierras cultivables, lo cual condena a un vasto sector a una mera economía de subsistencia; el 1,9% de los propietarios rurales detenta el 58,7% de las fincas superiores a cincuenta hectáreas.

El poder militar, sin embargo, constituía en El Salvador de hace un año el único marco aceptable de referencia, y el cambio sólo se concibió como otro golpe castrense (aunque esta vez abierto formalmente hacia los civiles), que tuvo, de diversas maneras, el apoyo de la Iglesia, los partidos y la Embajada norteamericana (véase EL PAÍS de 7, 9 y 10 de septiembre). Sólo los grupos guerrilleros y las organizaciones opulares de masas se mantuvieron irreductibles.

En octubre, además de los coroneles Adolfo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez, la Junta quedó integrada por Román Mayorga Quirós, que era rector de la Universidad Centroamericana (UCA, católica posconciliar, dirigida por los jesuitas); Guillermo Ungo, del MNR (designado por el Foro Popular, organismo opositor creado en agosto, donde participaban -los políticos de la ONU, los universitarios de la UCA y organizaciones de masas, aunque éstas últimas votaron contra el ingreso), y Víctor Andino por el sector empresarial privado. En la izquierda hubo matices: el Ministerio de Trabajo fue otorgado a los comunistas de la UDN, y en el de Educación estaba Salvador Zamayoa.

Un conflicto de jurisdicción entre los civiles de la Junta y el ministro de Defensa, coronel José Guillermo García, provocó la crisis. En enero dimitieron los tres civiles, diecinueve integrantes del Gabinete, diez presidentes y altos funcionarios de organismos administrativos y cuatro miembros de la Corte Suprema. La Democracia Cristiana acudió entonces, oficialmente, a respaldar la Junta, y a cambio de la promesa de una serie de reformas socio económicas, puso en el Gobierno a Morales Ehrlich y al economista Héctor Dada Irezi. En marzo, Dada Irezi dimitió de la Junta y del PDC, denunciándolas como «antipopulares». Duarte ocupó su lugar.

En abril de este año los partidos del Foro Popular y la ONU, más el MPSC, fundaron el Frente Democrático Revolucionario, la más amplia coalición opositora lograda hasta ahora en El Salvador, que adoptó el programa de la izquierda Coordinadora Revolucionaria de Masas. En sólo seis meses, pues, los sectores políticos e intelectuales de la burguesía salvadoreña han pasado de la colaboración con los militares seudorreformistas al radicalismo opositor.

"Nos ven como una esperanza"

Técnicamente, el PDC no entró en la Junta hasta enero de 1980, pero hay indicios suficientes para creer que su papel de proporcionar fachada civil a un régimen militar estaba calculado desde mucho antes. Duarte, un ingeniero de 54 años, lo confirma ahora tácitamente.

Pregunta. Se dice aquí que la Junta está auspiciada por Estados Unidos y que la participación de usted y su partido son la solución norteamericana para la estabilidad del Gobierno. ¿Qué comenta?

Respuesta. Los norteamericanos andaban buscando una fórmula de negociar una solución política con el general Romero. Creo que el golpe contra Romero los tomó de sorpresa. Yo estaba en Venezuela.

P. El golpe, o la entrada en la Junta del PDC, ¿podrían haber ocurrido sin el consentimiento de los sectores pronorteamericanos del Ejército?

R. Yo diría que los gringos se vieron obligados a aceptar lo único que había disponible en este país. Vieron en la Junta una salida. La otra salida eran el enfrentamiento, la guerra civil y otro caso Nicaragua.

P. ¿Por qué no ingresó usted en la Junta desde el inicio?

R. Entré en marzo, como la última esperanza de buscar una solución democrática. Mi partido no me lo exigió el 15 de octubre, porque pensaba que vendría una elección y podría usar en ella mi nombre.

P. ¿Sigue creyendo que habrá elecciones?

R. Creo que en un año y medio vamos a tenerlas.

P. ¿Cuál cree que podrá ser la actitud de Estados Unidos en la presente situación?

R. Los norteamericanos saben que ésta es una guerra entre la dictadura marxista y la democracia. Si el ensayo democrático fracasa, ya no se podrá detener al marxismo en parte alguna. Los gringos nos ven como una esperanza.

Lo más destacado de la crisis salvadoreña, en materia política, han sido las organizaciones populares de masa, u OP, como las llaman allí. Las OP poseen una táctica semiinsurreccional, pero la ejercen sólo en los puntos débiles del sistema.

Las tres OP más importantes, aparecidas entre 1974 y 1980, son el Frente de Acción Popular Unificada, el BPR y las LP-28, a las que se unieron la Unión Democrática Nacionalista y el Movimiento de Liberación Popular.

En mayo último, los cuatro grupos guerrilleros (Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, Fuerzas Populares de Liberación, Ejército Revolucionario del Pueblo y el sector del PC partidario de la lucha armada) adoptaron públicamente una dirección militar unificada. Las cinco OP, a su vez, disolvieron la Coordinadora Revolucionaria y se unificaron igualmente en una sola dirección política. Un mes más tarde se integraban al recién creado Frente Democrático Revolucionario. Esto ha completado un cuadro de unidad política y militar de la oposición, que deja aisladas a la Junta y, por ende, a la Democracia Cristiana.