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UCD pretende reducir la exportación del Estado al plan de urgencia para Andalucía

Mañana puede iniciarse en Andalucía una dinámica de tensión y movilizaciones si los representantes de UCD en la comisión redactora del plan de urgencia para la citada región (PUA) mantienen una actitud restrictiva sobre la aportación del Estado a la financiación e inversiones previstas en el mismo

Pese a la coincidencia de todas las fuerzas políticas en la grave situación socioeconómica andaluza, calificada por muchos de «explosiva», y pese al acuerdo de UCD, PSOE y PSA sobre el 80% del contenido de este plan 1980-1983, para hacer frente a la critica situación de la región, los presuntos propósitos centristas de rebajar sensiblemente las inversiones previstas en el mismo a cargo del Estado pueden dar al traste con este proyecto de la Junta de Andalucía y hacer del mismo -pese a la firma segura del PSOE y el PCA- papel mojado.El PUA prevé para esta región, fuertemente deprimida, un crecimiento algo superior al del resto de España, cifrado en un 3%, que supondría la creación de unos 100.000 puestos de trabajo al año y, la reducción de la diferencia existente en equipamientos colectivos por habitante entre esta y otras zonas de España. El llevar adelante este plan exige una inversión de 1,3 billones de pesetas para los próximos tres años. Los socialistas, y con ellos el PCA, sostienen que, si Andalucía soporta el 30% del paro nacional, lo lógico es que el Estado destine a esta región el 30% como mínimo de las cantidades previstas (2,5 billones de pesetas) en el plan cuatrienal de inversiones públicas 1980-1983. Es decir, que el Estado -la financiación exterior- aporte 0,6 billones de pesetas para el próximo trienio en Andalucía.

A estas inversiones habría que añadir, y el Gobierno tendría a través de UCD que dar seguridades de su cumplimiento, otros 100.000 millones como mínimo a cargo del Fondo de Compensación Interterritorial. La postura de UCD, sin embargo, a juzgar por las filtraciones que se han producido entre sus parlamentarios en días anteriores, es la de reducir la aportación del Estado a 0,4 billones de pesetas y la de presionar al resto de los partidos de la Junta de Andalucía con la imposibilidad de incluir fuertes cantidades en los Presupuestos Generales del Estado para 1981, que, según afirman, están prácticamente ultimados.

De confirmarse esta postura y de no llegarse a un acuerdo sobre el control de estos fondos y el seguimiento del plan de urgencia, se producirá una grave ruptura en el seno de la Junta de Andalucía; el plan sin la firma de UCD se convertirá en papel mojado, y la situación social en Andalucía se hará insostenible. Socialistas y comunistas, muy probablemente, se verán abocados, en consecuencia, a realizar medidas de presión si no quieren verse contestados por los movimientos de protesta que la propia situación andaluza va a engendrar de forma espontánea o instrumentalizados por fuerzas extraparlamentarias.

Tras la reunión de mañana, clave para el futuro inmediato de Andalucía, el próximo día 12 el PUA será examinado por el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, y al día siguiente se iniciarían las negociaciones con el Gobierno

Escuredo: "UCD puede no firmar el plan de urgencia para Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, dio a entender ayer, en conversación con representantes de los medios informativos, que Unión de Centro Democrático (UCD) no está dispuesta a aceptar el Plan de Urgencia para Andalucía (PUA) y, en cualquier caso, mantiene el firme propósito de rebajar sustancialmente las inversiones calculadas como necesarias para lograr el despegue económico de la región, informa José Aguilar.

Escuredo, que apareció durante la conferencia de Prensa muy nervioso e irritado por informaciones publicadas en los últimos días en la Prensa local, confesó que él conoce ya las cifras de lo que el Gobierno ofrecerá a Andalucía, aunque se negó a concretarlas antes de que se reúna el consejo permanente de la Junta. De todos modos, dijo, no es aceptable que nos quieran dar la misma inversión pública que ha recibido Andalucía en años anteriores.

Pero, aparte de las presuntas rebajas financieras al PUA, Rafael Escuredo denunció la posibilidad de que UCD llegue incluso a negarse a dar su aprobación al texto que mañana deberá concluir la comisión redactora cuatripartita. «Ahora bien, puedo asegurar que Andalucía tendrá plan de urgencia, porque, si no se aprueba por unanimidad, saldrá adelante por mayoría», advirtió Escuredo, ratificando que si el 30 de septiembre no hay soluciones satisfactorias a este tema convocará la asamblea de alcaldes andaluces para iniciar movilizaciones populares.

El presidente, que prometió abandonar de ahora en adelante su política de silencio ante los ataques y tergiversaciones de que viene siendo objeto, mantuvo una entrevista a mediodía de ayer con el secretario general del PSOE, Felipe González, a quien expuso el dramatismo de la situación andaluza («Los incidentes de Marinaleda no son nada comparados con lo que puede pasar si no se abre una puerta a la esperanza»), y del que recibió promesas rotundas de defender el plan de urgencia en el Parlamento.

El propio González confirmó este apoyo en conferencia de Prensa, afirmando que «si el Gobierno no entiende la necesidad del plan de urgencia, creo que tendrá pocos meses de existencia, no sólo en Andalucía, sino a nivel de Estado». El líder socialista estuvo toda la mañana reunido con los alcaldes y portavoces del PSOE en las capitales de provincia, presidentes de diputación y comité regional de su partido, analizando la situación y preparando la estrategia socialista en el próximo otoño. Mañana habrá otra sesión de trabajo con participación de varios miembros de la ejecutiva federal y los parlamentarios socialistas andaluces.

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