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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Despidos en el ayuntamiento

EL DESPIDO de siete funcionarios del Ayuntamiento de Madrid y las sanciones aplicadas a otros 63 merecen hoy una meditación. Hay quien afirma que han existido irregularidades en la tramitación de los expedientes y en las propias sanciones aplicadas. El recurso de reposición y la vía contencioso-administrativa garantizan que los sancionados no permanecen en la indefensión y están en condiciones de demostrar los eventuales abusos o arbitrariedades cometidos en sus expedientes.Salvado ese derecho primordial de todo ciudadano a ser escuchado ante una instancia distinta de la autoridad que le ha condenado cuando ésta se constituye en juez y parte, parece indudable que el Ayuntamiento de Madrid, de ser ciertos los hechos en que ha basado sus drásticas medidas (véase EL PAÍS de ayer), no sólo merece el elogio de todos lo.s contribuyentes cuyos dineros son administrados por las entidades públicas, sino que marca el ejemplo a seguir por los responsables de la Administración central y los organismos paraestatales de su periferia. Los ciudadanos que habitan y trabajan en la sociedad civil, sometidos a una legislación laboral mil veces más estricta que las laxas reglamentaciones disciplinarias de los funcionarios públicos, tienen considerables agravios comparativos respecto a ese idílico mundo donde los puestos en el escalafón lo son para toda la vida, las normas de rendimiento laboral no existen y las inasistencias al trabajo admiten márgenes de tolerancia simplemente inverosímiles en una empresa privada.

Es cierto que hay un considerable número de funcionarios públicos, en los despachos o en las ventanillas, que cumplen con sus obligaciones sin más vigilancia que su sentido de la responsabilidad ni más sanciones que las que les puede dictar su conciencia civil. Sin embargo, los españoles están demasiado acostumbrados a tropezar en su vida cotidiana con gestores del Estado o de los municipios inencontrables durante semanas, con funcionarios subalternos desabridos, incompetentes o simplemente corruptos, con catedráticos que no van aclase o no se preocupan de estar al día y con departamentos públicos convertidos en tertulias, salas de tricotar o hemerotecas.

Las exhortaciones a la elevación de la productividad, al trabajo redoblado, a la desestacionalización de las vacaciones y al apretamiento de los cinturones que dirige el Gobierno a los ciudadanos como salida para remontar la crisis económica sólo serán creídas por la sociedad cuando el Estado predique primero con el ejemplo. Por esa razón, la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido ahora por la izquierda, debe ser tomada por el partido en el Gobierno como un saludable estímulo para empezar a aplicar en su propio territorio esas inexcusables medidas contra el absentismo, el incumplimiento y la corrupción.

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