El pobre balance del primer año del PEG

Al cumplirse un año de la divulgación por parte del Ministerio de Economía, del «Programa a medio plazo para la economía española», el panorama que la situación actual ofrece no puede ser más pesimista. Desde la Unión General de Trabajadores nadie se hizo nunca grandes ilusiones, no sobre la bondad de dicho programa ni sobre la capacidad de cumplimiento riguroso del mismo por parte del Gobierno. Pero una cosa era esto y otra ha sido la realidad, que ha superado, en lo que a aspectos negativos se refiere, a las previsiones más pe simistas que sobre el «programa» se hicieron en su día.El documento en cuestión apareció dominado por el más puro liberalismo económico, por su intento claro de hacer entrar al sistema productivo español en los más netos principios de la economía de mercado. Todo este conservadurismo económico apareció envuelto en una prosa según la cual la reducción del papel del sector público y la vuelta de ojos al mercado aparecían como algo innovador, como algo que permitiría superar los moldes keynesianos, cuando no hay que olvidar que los economistas clásicos y neoclásicos son muy anteriores a Keynes y bien poco contribuyeron en su día a superar la crisis económica de los años treinta.

Las previsiones de crecimiento para la economía española del «programa a medio plazo» para 1979 fueron excesivamente optimistas. En agosto de 1979, fecha de aparición del mismo, el Gobierno preveía un aumento real del PIB del 2,5% para, 1979, y dicho au mento fue sólo del 0,8%. En todo el pasado año, el total de puestos de trabajo se redujo en Z71.000 y el paro creció en 251.000, disminuyendo también a lo largo del mismo la cobertura del seguro de desempleo. Esta situación ha continuado agravándose durante los seis primeros meses de 1980, como lo demuestran los resultados de la encuesta de población activa para los trimestres primero y segundo, a pesar del artificio estadístico que ha supuesto el quitar del total de parados a los jóvenes con catorce y quince años. Un aumento de 142.600 parados en seis meses y una reducción del empleo en 390.000 puestos de trabajo en el mismo período de tiempo es un resultado bastante pobre para la política económica del Gobierno, siendo de desear que este comportamiento no se prolongue en la segunda parte de 1980.

Desde el ángulo de UGT, el aspecto del «programa» relativo a política de empleo resulta el más representativo de las profundas limitaciones del mismo. EI documento citado contemplaba una serie de acciones para aumentar el empleo y un segundo apartado sobre protección a los parados. Pues bien, no se ha avanzado nada encuanto a aumento de la escolaridad hasta los dieciséis años ni en cuanto a adelanto de la jubilación obligatoria. El programa de fomento del empleo de los beneficiarios del seguro de desempleo ha perjudicado sensiblemente a los parados que han cumplido el tiempo máximo de percepción de dicho seguro, pues al no ser beneficiarios no es atractivo su empleo por parte de las empresas, con lo que resultan discriminados cuando más necesitan un empleo. Las medidas legales destinadas a favorecer el empleo por parte de los ayuntamientos a los beneficiarios del seguro de desempleo se elaboraron como si todos los parados registrados fueran beneficiarios, con lo que el «programa» citado ha sido poco aplicado, al no poder aplicar las corporaciones locales una medida que hará tabla rasa de los parados, no subsidiados. No ha mejorado tampoco el sistema de ayuda al desempleo agrícola y el empleo comunitario ha seguido adoleciendo de los problemas de discrecionalidad habituales. Por último, la ley básica de Empleo es claramente insatisfactoria para los trabajadores, pues reduce el tiempo de percepción del seguro de paro, en un momento en que las oportunidades de empleo son más bajas que nunca en España.

La inversión volvió a retroceder en 1979, en parte por culpa del descenso de la inversión pública. La compra de una vivienda ha quedado por completo lejos del alcance de los trabajadores, y no se. contempla, por parte del Gobierno, ninguna mejora en el sistema de acceso a la vivienda para las familias humildes. La «ayuda económica personal» contemplada por la actual legislación para eomplementar los préstamos a la vivienda ni se tuvo en cuenta en los presupuestos de 1980. Junto a todo lo anterior, los recientes decretos aparecidos modificando las cotizaciones de los trabajadores al seguro de desempleo y el aumento en los precios de los medicamentos van a contribuir a deteriorar aún más el clima social. No es posible que el Gobierno pida seriamente la moderación salarial para salir de la crisis y que la política económica seguida tenga tan poco de social y resulte tan escasamente favorable para los trabajadores españoles. No puede solicitarse continuamente a éstos que actúen con sensatez cuando la política seguida los tiene tan poco en cuenta.

El «programa a medio plazo para la economía española» se caracterizó por su profundo conservadurismo y por la ausencia de compensaciones que supuso para la clase trabajadora del país. En el año transcurrido desde su aparición, la firma del acuerdo-marco interconfederal ha sido el aspecto más positivo e importante de la política española, y poco ha tenido que ver con dicho acuerdo el «programa» del Gobierno. Todo hace prever y desear que para el próximo año dicho «programa» habrá entrado a formar parte de los documentos olvidados.