PEG: ni programa ni económico, ni del Gobierno

Al cumplirse un año desde la aparición del PEG no parece aventurado afirmar que existe una opinión generalizada, en cuanto- a calificar como poco brillante -por emplear un piadoso eufemismo- la gestión económica derivada de dicho documento.Para quienes criticaron el PEG desde el primer momento -la izquierda, en general, y, de manera singular, el PCE-, se trata de una confirmación de las críticas producidas en aquella ocasión. Desde los sectores conservadores la argumentacion es más complicada: el PEG era correcto, pero el Gobierno no lo ha puesto en práctica. Son ilustrativas, a este respecto, las recientes declaraciones del presidente del Consejo de Cámaras, señor Figueras: «El PEG salió, sin duda, por presión del Consejo de Cámaras... Ahora no se necesita un nuevo PEG; lo que hay que hacer es cumplir el antiguo, que se ha realizado en muy escasos ternas» (5 Días, 30-julio-1980).

Desde nuestro punto de vista, a la hora de hacer un balance del PEG, conviene comenzar por una somera caracterización de ese documento. Como hemos repetido en el Parlamento -y fuera de él-, el PEG ni es un programa, ni es económico, ni es del Gobierno.

Generalidades

En cuanto a esta última afirmación sobre la paternidad auténtica del PEG, invito a releer la anterior cita de una personalidad tan representativa del mundo empresarial, como, es el presidente del Consejo de Cámaras. El PEG no es un programa económico: no propone un conjunto articulado de medidas concretas, al servicio de unos objetivos previamente delineados, sino que se limita a definir genéricamente un marco de actuación económica en el que sobresalen dos líneas esenciales: en primer lugar, una caracterización de la crisis casi exclusivamente en términos de crisis energética, y, en segundo lugar, la consagración de la filosofia neoliberalista como norte para el proceso de ajuste de la economía española.

Las opciones implícitas en el PEG pueden sintetizarse en una doble dirección: por un lado, en cuanto al proceso de ajuste en su conjunto, se advertía una renuncia a mantener bajo control social las inevitables transformaciones que dicho proceso comporta, adoptándose una actitud fundamentalmente pasiva. Por otro lado, en cuanto a la política económica a corto plazo implícita en el PEG, según se indicó en su momento, la lucha contra la inflación ocupaba el lugar principal, en detrimento del combatecontra el aumento del paro, que desde la izquierda se identificaba como el problema número uno.

Sin reformas estructurales

La evolución de la economía durante el último año ha confirmado estas apreciaciones. Desde el punto de vista de las reformas estructurales de nuestra economía (reforma del sistema financiero, de la Administración pública, de la Seguridad Social y de su financiación, de la empresa pública, reestructuración de sectores en crisis ... ), no es aventurado afirmar que la práctica totalidad de esas reformas permanece en la nebulosa después de un año. Los únicos «logros» que el Gobierno puede apuntarse en este campo se refieren a la actuación en el mercado laboral: el Estatuto de los Trabajadores y la ley básica de Empleo. El juicio del PCE sobre estas dos leyes, sobre su carácter agresivo para los trabajadores y sobre su influencia en el desarrollo previsible de la crisis, es suficientemente conocido.

Desde el punto de vista de la política económica a corto plazo, los resultados están en la mente de todos. Entre las escasas previsiones que aventuraba el PEG estaba la siguiente: «En este momento, la economía española sólo puede aspirar a una tasa de crecimiento real del 2,5 %, a situar su tasa anual, de inflación en un 16%, y el desempleo se mantendrá en torno al nivel actual, es decir, el 8%». Es cierto que el crecimiento de los precios se ha mantenido dentro de las previsiones y que se ha reducido considerablemente el diferencial de nuestra tasa de inflación con respecto a la media de la OCDE. Pero, a pesar de ello, ha vuelto a aparecer otro de los «demonios» clásicos de nuestra economía: el desequilibrio del sector exterior. Y, sobre todo, ha continuado incrementándose la tasa de paro, hasta alcanzar la cifra de un millón y medio, lo que representa un porcentaje que dobla la media europea. Que esto era previsible ya el año pasado, teniendo en cuenta los términos en que el PEG abordaba (?) el problema del paro, ya lo anunció en el debate parlamentario Santiago Carrillo. Lo inaudito es que hoy el Gobierno mantenga la misma actitud de pasividad, preocupado sólo por ocultar la realidad de un lamentable cubileteo de cifras y en recortar los fondos para el desempleo. Igualmente inaudito es que el, Ministerio de Economía, en la misma publicación en que se anuncian las últimas cifras del paro, aún parezca dudar de que este es el problema más serio de nuestra economía.

Hay que destacar que la responsabilidad de estos resultados es imputable en considerable medida a una política económica basada casi exclusivamente en el control de la inflación mediante el manejo de las magnitudes monetarias y en una política fiscal (ingresos y gastos públicos) cuyo único norte real es contener el déficit, aunque sea a costa de un descenso de la inversión pública, que, en lugar de jugar un papel activo, de «tirar» de la inversión privada, ha reforzado la caída del conjunto de la inversión.

Falta de objetivos

En todo caso, considero que lo más preocupante de la situación ,actual radica en la perceptible ausencia de objetivos de la política económica del Gobierno, en la sensación generalizada de carencia de dirección coherente de esa política, cuyos movimientos se producen a impulsos de presiones concretas de los sectores del capitalcon capacidad para imponer sus pretensiones (basta pensar en la historia del Fondo de Garantía de Depósitos o en las medidas del MOPU sobre urbanismo y vivienda). Nos encontramos así ante una política de «trajes a medida», como en alguna ocasión la ha calificado R. Tamames, que está lejos de enmarcarse en un diseño coherente de objetivos y prioridades capaz de dar al país la sensación de que se va a alguna parte.