Madrid en el Estado

El proceso autonómico que hoy atraviesa España lleva a la reflexión sobre esa constante que parece perseguir al país en forma de cura Santa Cruz cada vez que la democracia o el simple progreso político hacen ademán de,instalarse por estos pagos. Esta vez tampoco se nos ha hecho excepción y la naciente democracia se las tiene que ver con los montaraces de siempre, esta vez con la Goma 2 en una mano y el «Astete» o El Estado y la revolución en la otra, que tanto da a estos intelectuales. A ello se ha unido un factor sustancial, vale decir: el despedazamiento ideológico de España ha gozado y goza aún de buena salud entre los bien pensantes (más o menos frustrados en sueños imposibles) sin que a ello se haya puesto coto alguno por quienes podían y debían hacerlo. Parecería como si los intelectuales, españoles (si existe tal especie) ocupados en el análisis del desencanto que tanto parece preocupar, hiciesen oídos sordos y ojos ciegos a cuantas falsificaciones descaradas se vienen haciendo de la historia política, cultural y económica de España y sus pueblos. Y así mientras las nacionalidades arrancan de los menires prehistóricos vasos, de los castros celtas o, más moderadamente, de hace mil años (Pujol dixit) resulta que España, como entidad nacional, no ha existido nunca pues se trata de un invento franquista al que de ahora en adelante habremos de denominar, para poner las cosas en su sitio: «Estado español».La razón reflexiva no serájamás compañera de «abertzalismo» alguno, pero no deja de ser chocante que las sandeces históricas que con tanta frecuencia se escriben en los últimos tiempos hayan encontrado el silencio por parte de quienes cabría esperar que algo dijeran.

La existencia de un Estado centralista, el machaqueo sistemático, en los años del túnel, de las culturas (incluida la castellana) deben encontrar solución en una España pluricultural que se dote de un Estado descentralizado en donde el modelo federal parece ser el más razonable. Ello se va a conseguir difícilmente porque, de un lado, se encuentra la cicatería más persistente empecinada más en mantener un aparato central de poder que en dotar al conjunto del Estado de una Administración eficaz y, de otro, y como reflejo distorsionado, se abren enormes vías demagógicas en donde las metralletas son cada vez más el ruido de fondo de una batalla insolidaria en donde la ley del más fuerte amenaza con imponerse en el reparto de los recursos comunes del Estado.

Ante esta situación no es de extrañar que surjan movimientos políticós de signo nacionalista aquí y acullá, quizá plagados de vieja demagogia y oportunismo de última hora, pero con un indudable arrastre.

Toda la resaca, aquí someramente expuesta, tiene un chivo expiatorio común: Madrid santo y seña del centralismo. En estas condiciones la racionalidad, que siempre es un valor a largo plazo, no lo es a corto y pasa por momentos oscuros, ello explica que los políticos de las dos Castillas, envueltos sin duda en la vorágine . mentada (por cierto, ¿es Castilla una nacionalidad?) hayan decídido,que Madrid era cosa aparte. Dada la irreversibilidad que la Constitución de 1978 consagra para ciertos actos autonómicos, los argumentos sobre la castellanidad de Madrid de poco van a servir ante el antimadrileñismo militante, disfrazado de anticentralismo, de que se viene haciendo gala en todas partes.

Conviene antes de seguir adelante, y sin tener que recordar ni el dos de mayo, ni el cuartel de San Gil, y ni siquiera el mes de noviembre de 1936, que Madrid ha soportado y soporta el peso del llamado centralismo administrativo como nadie. Un ejemplo pudiera ser definitivo: en toda España el planeamiento urbanístico lo generan los ayuntamientos, en Madrid lo genera y aprueba la Administración central.

Ante el casi aislamiento forzoso a la que se ha reducido a la provincia y dada la necesidad de un destutelaje central, lo más lógico es que Madrid intente acceder a su autogobierno por las vías que la Constitución tipifica. Ello debiera de conseguirse en un plazo corto y con una seguridad política que exigirá el acuerdo previo de los partidos con representación parlamentaria en la provincia.

Vías de acceso

Ell primer problema que habrá de resolverse es el de la vía autonómica. Dos posibilidades se abren: la del artículo 143 y la del artículo 144 de la Constitución. Si realmente Madrid tiene «entidad regional histórica», la vía lógica puede ser la del artículo 143 con iniciativa de la Diputación Provincial y redacción posterior del, estatuto. Si se optá por el artículo 144 los resultados debieran ser idénticos en cuanto a contenidos, pero conviene adelantar que cualquier intento de desmembramiento de la provincia utilizando la vía del 144 encontrará la oposición del PSOE.

Dejando a un lado el contenido de las competencias que no tienen por qué ser distintas en el autogobierno de Madrid que en cualquier otro (excepción hecha del artículo 41 del Estatuto vasco con referencia a los conciertos económicos y que para el que suscribe es una auténtica carga de profundidad contra la Irrenunciable solidaridad que el Estado debe garantizar). El problema que surgirá está ligado al sistema electoral. El principio de solidaridad exige una sola circunscripción, es decir «un hombre un voto», sin embargo, existe el temor de que aparezca de la mano de UCD la teoría del «voto de la hectárea» consistente, como es sabido, en que el votante que vive en zonas menos pobladas tenga -no se sabe por qué razón- mayor representación electoral.

No parece razonable, en fim, que tras el autogobierno siga existiendo la Diputación, ni que se vaya a un proceso electoral intercalado antes de 1983. Si los acuerdos políticos se producen, Madrid pudiera acceder a una situación de normalidad dentro de España en el plazo señalado, lo cual sería bueno para los ciudadanos que por aquí habitan y conviven.

es el secretario general de la Federación Socialista Madrileña (PSOE).