La planificación económica es una obligación constitucional / y 3

En el marco de un urbanismo tendencial en mancha de aceite, y desde la perspectiva de los objetivos que podría tener entre nosotros la planificación democrática, ahí tenemos esperando una política de nuevas ciudades corno la iniciada en Inglaterra después de la segunda guerra mundial, como experiencia que por entonces parecía poco prometedora y que, en cambio, hoy se estudia por todos como uno de los métodos para acabar con el hacinamiento de las grandes concentraciones urbanas en las que los problemas -tráfico, paro, criminalidad, drogadicción, etcétera- acaban por hacerse insolubles.Y ahí está todavía el sueño de Costa y de Macías Picavea de reconstruir y reverdecer el medio físico español. Porque el país en que vivimos está desforestado, destrozado por sus habitantes, con ecosistemas seculares amenazados de definitiva destrucción.

Podría seguir la lista de objetivos. Perfilar aún más el conjunto de problemas económicos y sociales, e incluso estéticos, que se pueden resolver, y que es necesario resolver. Porque de otro modo la sociedad y el régimen político democrático irán degradándose más y más. Como también hay que encauzar las autonomías, aprovechar mejor los recursos, evitar la decepción de las autonomías, como llegará si no hay planificación. Porque se crearán burocracias solapadas, burocracias que van a competir en ineficiencia y burocratismo -y altos sueldos- con el vituperado centralismo, en vez de establecerse una articulación racional del Fondo de Compensación Interterritorial y todo lo que éste puede conllevar.

Me parece que todos los mencionados son temas importantes, y definitivamente pueden abordarse en mejores condiciones con la planificación, que es también seguramente la forma de entrar de una vez en la democratización del sector público, de acabar con el bla, bla, bla de la selección de sectores y de inversiones, para tener proyectos concretos y estudiarlos... para hacerlos.

La planificación democrática es también una forma de pactar a través de un proceso gradual de corresponsabilidad, consiguiendo aumentos de productividad, pero no a base de decir a los obreros que allí «manda la empresa», sin derecho a saber nada, y de forma que muchas veces se enteren hoy de que mañana se cierra la fábrica porque hay un expediente de regulación de empleo; y todo ello sin haber participado en las decisiones. Todo ese autoritarismo-paternalismo puede y debe desaparecer con la planificación.

La planificación también es el sistema para hacer posible una integración en Europa con los menores costes sociales. Todavía no sabemos qué vamos a pedirle al Fondo de Desarrollo Regional y al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, ni al Banco Europeo de Inversiones. No hay proyectos, esto es un país sin proyectos, y lo es porque no se decide nada a plazo medio y largo. Estamos ante una situación de degradación persistente del Estado, con todo lo que significa de amenaza para la desorganización social, la insolidaridad y tantas otras cosas.

No olvidemos además que la desesperanza y la decepción son hoy especialmente vivas en determinados segmentos de la población. En esa línea, la planificación tiene también la misión de entusiasmar y de incorporar a quienes se inhiben: la cultura, la juventud, los ecologistas, tantos otros.

Y además -y esto es importante-, la planificación, es una obligación constitucional.

Y digo que es una obligación constitucional porque cuando se nos critica la Constitución que hicimos entre todos los diputados, hay que decir que al lado del artículo 38, sobre la economía de mercado -uno de los más célebres y tantas veces confundido-, la planificación también figura, es una parte de la envolvente del sistema económico constitucional del que son piezas básicas igualmente la distribución de la renta y del pleno empleo (artículo 40), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (artículo 128), el acceso y participación de los trabajadores en los medios de producción (artículo 129), el derecho a la vivienda digna y la utilización del s telo sin especuladores (artículo 47), el apoyo a los sectores oprimidos y a las zonas de montaña (articulo 130), o la defensa de los consumidores y usuarios (artículo 51), y el disfrute del medio ambiente (artículo 45).

Todo eso es también Constitución. No cabe citar sólo el artículo 38 como si fuera una cantilena para decir que España es una economía de mercado perdurable, civilizada y en la que todos tenemos posibilidad de realizarnos. España ha de ser algo más que una economía de mercado, porque, entre otras cosas, tiene que ser una nación global, que abarca al conjunto de comunidades autonómicas que se organizan para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y las bases de la convivencia. En esa envolvente, el articulo 131 de la Constitución establece las bases de un sistema de planificación democrática cuando dice que son las Cortes las que por ley tendrán que aprobar el plan.

Como dice también que en esas mismas Cortes habrán de discutirse los proyectos enviados por las comunidades autónomas, y que se tendrán que discutir las necesidades colectivas, el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, el estímulo del crecimiento de la renta y su mejor reparto. Y también se establece en la Constitución (en el articulo 131.2) -aunque muchas veces se olvide, y aunque el Gobierno falte a sus promesas- la posibilidad de crear un consejo (económico y social) para acabar con la elaboración en exclusiva de la política económica, para que las fuerzas sociales y las comunidades autónomas participen en la elaboración de una política económica que no debe ser por más tiempo de torre de marfil.

Creo que esta es la ocasión para levantar la bandera en favor de la planificación democrática que necesitamos si queremos una sociedad mejor. Una sociedad donde el entusiasmo sustituya a la tristeza del porvenir, y donde la alegría sustituya a la obsesiva búsqueda del placer sin alegría.